“Los valores de la UE no están en venta”, sentenció en septiembre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Y Chipre se ha dado por aludido. Este martes, y después de ocho años en vigor, Nicosia anunció la retirada a partir del 1 de noviembre del programa Ciudadanía por Inversión, una de las medidas estrella que puso en marcha el país durante la Gran Recesión para obtener liquidez, según confirmó el portavoz del Gobierno, Kyriakos Koushos. El anuncio llega poco después de un escándalo revelado por la cadena Al Jazeera por el que algunos políticos chipriotas otorgaron la nacionalidad a extranjeros extracomunitarios con antecedentes penales en sus países de origen, en su mayoría rusos y chinos. “Se veía venir. Había una falta de control en este esquema”, resume al teléfono la diputada chipriota Eleni Mavrou, del Partido Progresista del Pueblo Obrero (AKEL).
Con una inversión en la isla mediterránea de 2,5 millones de dólares (2,1 millones de euros) por petición, al menos 2.500 personas y sus familiares de 70 países diferentes, decenas de ellas con antecedentes penales y muchos de ellos bajo el yugo de las sanciones de Bruselas, obtuvieron el pasaporte chipriota -por tanto, europeo-, entre 2017 y 2019, según reveló en agosto Al Jazeera en base a una enorme filtración de hasta 1.400 documentos. Pese a que en los últimos dos o tres años “solo se hablaba de esto” en la política interna de la isla (poco más de un millón de habitantes), según cuenta Mavrou, la traca final ha retumbado esta semana en el resto de Europa, cuando el escándalo salpicó a políticos de primera fila.
La cadena catarí reveló el lunes la supuesta implicación del presidente del Parlamento chipriota, Dimitris Siluris, y otros diputados nacionales en la venta de pasaportes a inversores con antecedentes penales que no cumplirían los criterios necesarios para poder moverse y trabajar libremente por la UE por estar bajo investigación criminal o, incluso, condenados por algún delito.
Sven Giegold, europarlamentario alemán y portavoz de política económica y financiera del grupo de los Verdes, añade en esa misma línea que ha habido un “mal uso” de los derechos de la UE y una “violación” en el principio de cooperación que rige en los Estados miembros. “Perderemos el proyecto europeo si la ciudadanía se convierte en una mercancía. La Comisión [Europea] debe abrir ya un procedimiento de infracción contra Chipre y otros países que utilizan no solo los visados dorados, sino también la venta de ciudadanía [que se hace] indirectamente a través de pasaportes”, explica al teléfono. Es el caso de Chipre, pero también de Malta y de Bulgaria (entre otros), países que llevan años bajo la lupa de Bruselas y de organizaciones anticorrupción como Transparencia Internacional.
Bajo la presión de varias investigaciones, Nicosia endureció en julio la ley de adquisición de ciudadanía (por la que ni siquiera se exigía un examen lingüístico o residir en el país), pero resultó “demasiado tarde”, se lamenta Mavrou. Ahora Giegold cree satisfecho que la Comisión abrirá “pronto” ese procedimiento de infracción, que se iniciará con una carta de aviso a Nicosia, seguirá con una denuncia en el Tribunal de Justicia de la UE y terminará, ansía este europarlamentario alemán, con una sanción financiera para el país mediterráneo. “Comprar una identidad es inadmisible”, exclama. De hecho, Christian Wigand, portavoz de Justicia de la Comisión, confirmó el martes en una rueda de prensa en Bruselas que están “estudiando de cerca” abrir ese procedimiento contra Chipre, aunque, de momento, Wigand se limita a pedir a las autoridades nacionales que hagan su trabajo en las pesquisas.
El último episodio que ha hecho a Nicosia mover ficha y suspender definitivamente este programa, por el que el país ha recaudado unos 7.000 millones de euros desde su puesta en marcha en 2013, es un vídeo en el que el propio presidente del Parlamento, Dimitris Siluri, se ve implicado de lleno en la trama de compraventa de pasaportes. En las imágenes, grabadas con cámaras ocultas, se ve a Siluris reunido con periodistas que se hacen pasar por representantes de un ficticio empresario de éxito chino que habría escapado del país y habría sido condenado en ausencia a siete años de prisión por cohecho y lavado de dinero. Los reporteros se reunieron con Siluris y el parlamentario de AKEL Christakis Giovanis, así como con abogados y agentes inmobiliarios, para negociar un pasaporte chipriota para él dentro del esquema Ciudadanía por Inversión, informa Efe. “Le podéis decir, sin mencionar mi nombre ni el de ningún otro, que tendrá el apoyo total de Chipre. A cualquier nivel. Político, económico, social, todo ¿vale?”, asegura Siluris en el vídeo.
La misma cadena había puesto en verano bajo la lupa este programa en su investigación The Cyprus Papers (Los Papeles de Chipre), un trabajo en el que se revelaron las identidades de aquellos inversores que se estaban presuntamente comprando pasaportes comunitarios: oligarcas rusos, ricos empresarios chinos, vietnamitas, estadounidenses, británicos, israelíes, palestinos, saudíes, camboyanos, afganos y hasta el hermano del ex primer ministro libanés Najib Mikati, uno de los hombres más ricos de Líbano. Muchos de ellos, bajo la calificación de Personas Expuestas Políticamente (PEP, en sus siglas en inglés), estaban acusados de lavado de dinero, corrupción y malversación de fondos en sus países y encontraron en esta isla una suerte de escondite. “Chipre ha sido la puerta trasera hacia la UE para criminales y gente con antecedentes penales”, dice convencida Mavrou, que además, citando un informe del Ministerio de Finanzas chipriota de 2019, revela que esos 7.000 millones de euros no han repercutido en la economía del conjunto del país, sino que buena parte de lo recaudado ha ido a parar a manos de unos pocos. “En la costa de Limasol [en el sur de la isla], por ejemplo, se ven rascacielos que son parte de las inversiones inmobiliarias que un extranjero podía hacer para obtener la ciudadanía (…) Ahí suele haber más rusos”, ilustra.
Ava Lee, jefa de campañas anticorrupción en Global Witness, una de las organizaciones que, como Transparencia Internacional, llevan años denunciando estas prácticas, ve con buenos ojos la frenada de Nicosia al esquema de Ciudadanía por Inversión, pero opina que “mientras otros Estados miembros de la UE continúen ofreciendo visas, pasaportes y ciudadanía a cualquiera que tenga dinero de sobra, toda la UE seguirá en riesgo”, escribe en un correo electrónico. “Es hora, de una vez por todas, de que toda Europa se una para acordar que la ciudadanía es más que, a menudo, dinero sucio”.
Modelo de negocio
Muchos países golpeados por la Gran Recesión vieron en los programas de concesión de ciudadanía una oportunidad legal para mejorar su economía. Fue el caso de Malta, que junto a Bulgaria y Portugal, continúa bajo la lupa de Bruselas y de ONG anticorrupción. En España, sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2013 una ley por la que los extranjeros podían conseguir visado y residencia a cambio de la compra de viviendas de más de 500.000 euros. Es la llamada golden visa que, a diferencia del caso chipriota, no hace saltar las alarmas en Bruselas ya que la nacionalidad no se utiliza como un activo de compraventa.
“Al final son modelos de negocio para obtener dinero, pero eso no es una excusa para aceptar esto y convertirse en un criminal”, dice el eurodiputado alemán. En un reciente informe, Giegold también añade a países del norte como Letonia como lugares habituales donde ciudadanos extracomunitarios se dedican al lavado de dinero. “Durante demasiado tiempo, el dinero negro ha estado fluyendo hacia Europa a través de los programas de residencia y ciudadanía de algunos Estados de la UE que no han sido cuidadosos y ponen en peligro la seguridad interna [de la UE]”, ha lanzado este miércoles este europarlamentario en un comunicado en el que urge al Consejo Europeo y al Gobierno alemán, que ostenta la presidencia de turno de la UE hasta 2021, a tomar medidas más severas.
Por el momento nadie ha sido imputado oficialmente en Chipre, aunque el diputado Giovanis dimitió el mismo martes por la noche, convirtiéndose en el primer y, por el momento, único que ha asumido su responsabilidad política en la trama. “Estamos pidiendo la imputación de todos aquellos que hayan tenido algo que ver en este esquema”, insiste Mavrou. “Esto va más allá de la reputación [del país]. Se trata de que nos tomen en serio. De que nos respeten como Estado”, concluye.
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