Junts per Catalunya, partido nacido de la matriz pujolista de CDC, se ha pasado buena parte de su corta existencia borrando las huellas que puedan identificar a la formación de Carles Puigdemont con la corrupción convergente. Un reciente gag del programa de humor de TV3 Polònia sintetizaba perfectamente la situación: en una ficticia comparecencia de Artur Mas, Carles Puigdemont y sus colaboradores se acercaban y se alejaban del atril que ocupaba el que fuera sucesor de Pujol según hablara de la independencia o tratara de zafarse de los casos de corrupción que están salpicando a los herederos de la vieja Convergència Democràtica de Catalunya.
La decisión de Daniel Osàcar –ex administrador de CDC que cumple condena de tres años y medio de cárcel por blanqueo en el caso Palau – de colaborar con la Fiscalía en el llamado caso del 3% de comisiones ilegales por obra pública ha tensado el independentismo hegemónico catalán. Y lo ha hecho hasta tal punto que ha alejado la posibilidad de que JuntsxCat concurra a las elecciones autonómicas de febrero próximo con el Partit Demòcrata de Catalunya (PDECAT), heredero directo de CDC, aunque se rinda sin condiciones, como es habitual.
Los esfuerzos por presentar a Junts per Catalunya como un partido nuevo, sin pasado turbio, alejado de las irregularidades y que ha roto todos los vínculos con la corrupción pujolista y pospujolista llega a extremos grotescos. Albert Batet, alcalde de CDC de la localidad tarraconsese de Valls entre 2008 y 2015 y ahora uno de los más estrechos colaboradores de Puigdemont en Junts per Catalunya, rehusó opinar sobre las declaraciones del pasado martes del tesorero Osàcar involucrando a Mas en el blanqueo de capitales derivado del caso 3% . Batet afirmó contundente que él no se inmiscuía en “asuntos internos de otros partidos”. Lo curioso del caso es que el ex alcalde de Valls aparece en la investigación del caso pues él mismo fue invitado por un grupo empresarial a asistir a la final de la Copa del Rey de 2012 disputada en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Barcelona.
El pasado persigue al nuevo partido de Puigdemont entre otras cosas porque algunos de sus integrantes formaron parte de los cortejos de honor que acompañaron a Daniel Osàcar ante el juez. Jordi Turull –líder independentista preso, ex convergente y ex PDeCAT pasado a las filas de Puigdemont– era habitual escolta del ex tesorero de CDC en sus comparecencias ante la justicia por el caso Palau . También le acompañaba Oriol Pujol, luego condenado por el caso de corrupción ITV. En aquellos tiempos el calificativo habitual a Osàcar era el de “patriota” y “hombre honrado”. Ahora nadie en el viejo o en el nuevo partido quiere saber nada de él. La corrupción es una cuestión personal.
A pesar de las diferencias y rupturas con el pasado que ahora muchos se esfuerzan en representar, el viejo árbol del nacionalismo catalán tiene un tronco común. Hace unos meses se hizo público que JuntsxCat transfirió a Convergència 2,3 millones de euros de la subvención de 4,5 millones que en 2018 recibió del Parlament. Al PDeCAT le ingresó menos de un millón . Y es que JuntsxCat nació como una coalición con CDC y el PDeCAT en 2017. En julio de 2016 CDC, acosada por los casos de corrupción, dio a luz al nuevo PDeCAT que pasó a conformar la coalición Junts per Catalunya en 2017.
El objetivo era ganar las elecciones a Esquerra, el gran rival. Y los posconvergentes lo lograron por el carisma de Puigdemont entre los independentistas. Hace unas semanas –con tribunales de por medio, pues el PDeCAT asegura ser el propietario de las siglas– Junts per Catalunya cobró vida como partido de la mano de Puigdemont, excluyendo al partido heredero directo de CDC. Hay que pasar página del pasado al precio que sea, pues resulta difícil prometer que la independencia traerá un mundo con más fraternidad que la Revolución francesa mientras se arrastran acusaciones de corrupción a través de comisiones ilegales y blanqueo de capitales.
Y ahora Daniel Osàcar se ha convertido en un nuevo dedo acusador. Si en julio del año pasado el veterano convergente se negaba a declarar sobre el caso 3%, ahora a los 85 años y después de haber ingresado en prisión por el caso Palau el pasado 25 de junio, ha cambiado de opinión. Osàcar lo ha hecho al constatar su soledad: nadie iba a hacerse cargo de sus multas–3,7 millones de euros– y corría el riesgo de ser nuevamente corneado por el caso 3%, pues forma parte del grupo de 32 procesados por organización criminal, blanqueo, tráfico de influencias o cohecho.
Tras 75 días entre rejas, la Generalitat le concedió el tercer grado. La Fiscalía, por su parte, no ha recurrido la decisión, en un gesto de atención hacia el preso, que, dispuesto a colaborar con la justicia, ha explicado cómo se blanqueaba dinero procedente de presuntas comisiones disfrazándolo de donaciones en cheque que luego se les retornaba en efectivo. De esta manera, el ex tesorero, antes paradigma del “patriota honesto” por el que Artur Mas puso varias veces la mano en el fuego, ha pasado a ser “una persona mayor vulnerable”.
El mismo día en que las balas acusatorias de Osàcar volaban sobre la cabeza de Mas, éste compareció ante los medios de comunicación para negar haber dado órdenes para el supuesto blanqueo. Y es que el ex tesorero era uno de los últimos fusibles que le quedan a CDC antes de que las llamas se propaguen a partidos vecinos.
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