El estado de alarma, a efectos prácticos, puede cambiar mucho o no cambiar prácticamente nada. Todo dependerá de las medidas que adopten las comunidades autónomas, cuyos presidentes serán las autoridades delegadas. En su mano estará, por ejemplo, que el toque de queda nocturno empiece a las diez de la noche o a las doce, lo que las sitúa en un panorama completamente diferente, según los expertos consultados, que advierten que tampoco es la panacea contra el virus teniendo en cuenta que ya existen en todo el territorio muchas restricciones al ocio nocturno.
El decreto que aprobó este domingo el Consejo de Ministros da una herramienta legal a las comunidades autónomas para tomar medidas sin pasar por los tribunales, pero las obliga a poco. Da la posibilidad de limitar reuniones sociales y hacer confinamientos perimetrales pero solo establece en todo el territorio (excepto Canarias) el toque de queda, que dura por defecto de 23.00 a 6.00, pero que las comunidades pueden mover una hora arriba o abajo.
Los expertos consultados ven con buenos ojos que las medidas ya no estén al albur de los tribunales de justicia —que en alguna ocasión las han tumbado— y que se puedan tomar de manera ágil, pero también apuntan que puede haber escenarios muy distintos. “Si impones el toque de queda a partir de medianoche estás limitando una actividad muy concreta en un grupo de población muy concreto, como son los botellones entre gente joven y fiestas en casas”, reflexiona el epidemiólogo Javier del Águila, que no ve una gran diferencia entre esta medida y la que ya rige en muchas comunidades, que obligan al cierre de los bares y restaurantes a las 23.00. “Una limitación de movimientos a las 22.00, sin embargo, tendría mucho más efecto en capas más amplias. Cada comunidad tendrá que decidirlo en función de sus estudios epidemiológicos, de dónde tengan localizados los contagios”, señala.
“Sabemos que hay muchos brotes en el ámbito social, pero tengo mis dudas de que la mayoría sean por la noche, especialmente a partir de las doce”, señala Pedro Gullón, de la Sociedad Española de Epidemiología, quien piensa que con una transmisión comunitaria como la que ya hay en buena parte del territorio sería más útil hacer obligatorio el teletrabajo siempre que fuera necesario: “Ahí estás evitando mucha movilidad, que la gente tenga que coger el transporte público…”.
Daniel López Acuña, experto en salud pública y exdirector de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, cree que el estado de alarma era “extraordinariamente necesario”, pero le preocupa que no haya ninguna obligación de que las comunidades cumplan con los criterios que estableció el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del pasado jueves. “En caso de no cumplir con ellas, el Gobierno debería imponerlas”, señala.
El consejo aprobó con los votos a favor de todas las comunidades —excepto Madrid y País Vasco, que se abstuvieron— un plan de respuesta que sirve de guía para ir tomando medidas en función del aumento de incidencia de la epidemia y la capacidad de respuesta de cada territorio. Se basa en ocho indicadores principales y 20 secundarios, con los que las comunidades tienen que establecer el riesgo de cada municipio de más de 10.000 habitantes. Establece cuatro niveles (extremo, alto, medio y bajo). Todavía no hay una evaluación oficial de qué localidades están en riesgo extremo. Pero si se aplica el baremo aprobado en el interterritorial a los datos promedios de las comunidades autónomas, siete habrían superado ya este umbral: Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Navarra, Madrid, Cataluña y La Rioja, además de Ceuta y Melilla.
Ya en el nivel tres proponía la limitación a un máximo de seis personas en reuniones sociales que ahora se puede imponer con el toque de queda, además de restricciones de aforos, tanto hostelería, como velatorios o instalaciones deportivas. El nivel 4 (extremo) no establecía restricciones concretas, sino que sugería tomar medidas extraordinarias para las que, señala el documento, podría ser necesaria la solicitud del estado de alarma.
Ahora que está vigente no hay realmente una guía que les diga a los territorios con riesgo extremo qué medidas tomar, más allá del toque de queda y la limitación de las reuniones. “Quizás deberían marcarse algunas medidas dentro de este riesgo extremo”, señala Gullón, quien cree que en caso de no surtir efecto las primeras medidas que ahora se toman, se podría avanzar —más allá del teletrabajo, que se recomienda, pero no se establece en ningún caso como obligatorio—, cerrando hostelería, como ha hecho Cataluña. El siguiente paso podrían ser comercios no esenciales para terminar, si la situación fuera muy grave, con los colegios. “Aunque creo que esto no va a suceder y va a tratar de evitarse a toda costa”.
Este epidemiólogo no descarta que en algunas zonas de riesgo extremo haya que recurrir a confinamientos domiciliarios que, “en ningún caso”, serían como los de marzo, cuando aquel primer estado de alarma contra la pandemia obligó a quedarse en sus domicilios de la noche a la mañana a toda la población. “Entonces se prohibió incluso salir a pasear, algo que hizo mucho daño psicológico a la gente y que la evidencia ha demostrado totalmente innecesario”, zanja.
Una norma a medida de las comunidades
Un ejemplo de que las cosas pueden cambiar muy poco para algunos lugares con el estado de alarma es Madrid. El plan que aprobó la comunidad autónoma el sábado para hacer frente al coronavirus puede mantenerse casi intacto con el decreto publicado por el BOE en la mano. Las reuniones sociales ya estaban limitadas a seis personas y, aunque no había un toque de queda, sí había un cierre de toda la actividad económica a medianoche, además de la prohibición de reuniones entre no convivientes a partir de esa hora. Era un toque de queda de facto que ahora se refuerza con el estado de alarma, y que la Comunidad de Madrid puede ajustar para que se mantengan los mismos horarios que estableció.
Sucede lo mismo con los confinamientos perimetrales de zonas básicas de salud, que la nueva norma permite. El Gobierno madrileño siempre ha sido reacio a un cierre de las ‘fronteras’ de la comunidad, por lo que es previsible que no lo haga. Otra cosa es que ahora las demás sí pueden impedir la entrada y salida de ciudadanos, lo que repercutirá indirectamente en aquellas autonomías que no adopten esta restricción.
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