Un juez federal ha rechazado este martes el intento de la Casa Blanca de que los abogados del Departamento de Justicia se pusieran al servicio del presidente de Estados Unidos en un caso de difamación contra él presentado por la columnista Elizabeth Jean Carroll, quien alega que Trump abusó sexualmente de ella en la década de los noventa. La decisión allana el camino para que el caso prosiga con Donald Trump como acusado, y no el Gobierno de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia, en una maniobra vista por los críticos como otro ejemplo más de la Administración forzando el brazo del Fiscal general, William Barr, había buscado el pasado septiembre intervenir en el caso y sustituirse como demandado en la denuncia presentada por Carroll, lo que habría frenado el proceso, ya que el gobierno federal no puede ser acusado por difamación.
En su cuenta de Twitter, la periodista se ha definido “encantada” con la decisión del juez federal y ha escrito: “¡Ni el Departamento de Justicia ni @realDonaldTrump [el presidente] pueden parar a una mujer que quiere dar a conocer al mundo la verdad!”. Carroll reconoce el trabajo hecho por sus abogados y asegura que es “una victoria para todas las mujeres del país”.
En su veredicto de 61 páginas, el juez de distrito de Estados Unidos Lewis Kaplan dictaminó que Trump “no es un ‘empleado del gobierno’, según define el Congreso ese término” y, por lo tanto, la demanda no es, como argumentó el Departamento de Justicia, contra Estados Unidos. Esa conclusión permite que Trump sea demandado personalmente por difamación en el asunto. El Departamento de Justicia aún no ha indicado si apelará el fallo. El juez Kaplan escribe que “incluso si se pudiera considerar a Trump como ‘un empleado’, los comentarios supuestamente difamatorios respecto a la señora Carroll no entrarían dentro del ámbito de su trabajo”. El caso ahora está listo para proceder en un tribunal federal con Trump como acusado.
La demanda se basaba en que el presidente, según Carroll, mintió al decir que no la conocía y aseguró que la violación nunca se produjo y que no se podría haber producido porque Carroll no era su “tipo”. El Departamento de Justicia argumentaba que los comentarios de Trump fueron realizados mientras estaba en el ejercicio de sus deberes en la Casa Blanca como presidente, por lo que los abogados de la Administración deberían de asumir su defensa en lugar de sus letrados privados. Eso tenía dos consecuencias inmediatas, ninguna de las cuales se ha producido: que el contribuyente norteamericano pagaría las costas de ese proceso y, la más importante, que al Departamento de Justicia no se le podía demandar por difamación, por lo que el caso moriría inmediatamente.
Uno de los dos abogados de Carroll, la letrada Roberta Kaplan, ha declarado que “la única verdad es que el presidente Trump difamó a nuestra clienta porque fue lo suficientemente valiente para revelar que la había agredido sexualmente, y ese brutal ataque personal no se puede atribuir a la Oficina del Presidente”.
En la publicación de un libro el año pasado, la famosa articulista de 76 años relataba seis agresiones sexuales de las que supuestamente fue víctima por parte de diferentes hombres, entre ellos el magnate inmobiliario que luego se convertiría en el 45º presidente de Estados Unidos. Según Carroll, el presidente la violó en unos conocidos grandes almacenes de Nueva York en los años noventa. Trump negó las acusaciones diciendo que lo que buscaba la escritora era vender libros e hizo unas declaraciones despectivas que motivaron la denuncia por difamación de Carroll, quien no podía llevar a un tribunal al presidente por violación porque ese presunto delito ya habría prescrito.
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