Tras el aplastante triunfo de la opción para cambiar la Constitución de 1980 (un 78,27%) en el referéndum celebrado el domingo, arranca desde este lunes en Chile una nueva etapa: la elección en abril de los 155 ciudadanos que deberán redactar una nueva ley fundamental que sustituirá a la vigente desde hace 40 años, desde la dictadura de Augusto Pinochet. La convención tendrá entre nueve meses y un año para trabajar en un texto que delineará un nuevo modelo de país y que deberá estar listo en junio de 2022 para ser sometido a referéndum y, si se cumplen los plazos, entrar en vigor ese otoño. Todo apunta a que uno de los nudos de mayor tensión girará en torno a los derechos sociales.
Existen temas importantes, como el propio sistema de Gobierno, con partidarios del presidencialismo, el semipresidencialismo y el parlamentarismo, tanto en el oficialismo de derechas como en la oposición. “Pero en los derechos sociales probablemente se trasladará la discusión en el eje derecha-izquierda, porque la derecha está muy asustada con este asunto. Ha expresado el temor de que si garantizan derechos sociales exigibles en la Constitución, se llevará al país a la quiebra y que será una política pública establecida en la carta gundamental, lo que es absurdo”, opina Claudia Heiss, politóloga de la Universidad de Chile, que fue integrante de la comisión técnica para el proceso constituyente en 2019 por el Frente Amplio, un conglomerado de izquierdas.
“En la derecha existe temor a la judicialización, es decir, que en nombre de los derechos sociales sea la justicia la que obligue al Estado a asignar recursos. Pero es un miedo infundado”, según Heiss. “Hoy en día, en Chile hay una agenda robusta en demanda de derechos sociales como parte del mandato que ha dado el plebiscito y el estallido social de octubre de 2019”, agrega. “No se trata de enumerar derechos, pero debieran estar, como mínimo, el derecho a la educación, la salud, las pensiones, la vivienda, el trabajo y el medioambiente”, concluye.
La constitucionalista Constanza Hube, académica de Derecho de la Universidad Católica, explica que “sin duda, un punto central de la discusión será qué derechos sociales se van a incorporar en la nueva Constitución, de qué manera se pretenden garantizar estos derechos sociales y si se va a permitir que la sociedad civil pueda participar de la solución de los problemas públicos”. “Este último punto me parece prioritario y, lamentablemente, desde el punto de vista ideológico no hay consenso para evitar que solo sea un monopolio del Estado”, señala Hube, que en el plebiscito del domingo votó no y probablemente será candidata a integrar la convención constitucional por el oficialismo.
Javier Couso, constitucionalista chileno y catedrático de la Universidad de Utrecht, ha explicado que aunque la actual carta fundamental ha sufrido 53 reformas, “jamás se pudieron tocar los aspectos neoliberales y más ideológicos de la Constitución, donde se garantizan las soluciones privadas para problemas públicos en la educación, salud o la misma seguridad social”.
Hube discrepa: “No es cierto el debate que se ha instalado de que la Constitución actual sea neoliberal, porque una Constitución no establece modelos de sociedad ni modelos económicos”. Lo que es efectivo, dice, “es que la Constitución vigente es incompatible con determinados sistemas económicos, como la economía centralmente planificada. Pero este texto ha permitido transitar a Chile de un modelo de mercado a otro social de mercado y el Estado en 30 años no se ha encogido, sino todo lo contrario”.
La académica de la Universidad Católica añade: “Es interesante mantener los derechos sociales que tenemos hoy día, porque reflejan el avance gradual y no el retroceso: el derecho a recibir una justa retribución por el trabajo, derecho a la protección de la salud, el derecho a la educación, a la seguridad social”. Pero se reconoce “cauta” con respecto a nuevos derechos que se podrían agregar al nuevo texto. “Hay que ser responsables y evitar las grandes ofertas de derechos sociales para no seguir generando expectativas. No pueden ser garantizados por medio de recursos de protección, porque se corre el riesgo de judicializar la política”.
Para Tomás Jordán, abogado y coordinador del proceso constituyente del segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), en la actual Constitución “existe un desequilibrio con los derechos sociales”. “En 1980 se hizo una opción ideológica en favor de los derechos económicos, dejando de lado la mirada social, de tradición europea, donde la Constitución es un marco para habilitar el juego democrático, por un lado, y para adoptar medidas que permitan corregir las desigualdades sociales, por otro”, señala el jurista. “Este último punto no tiene cabida en nuestra Constitución”.
Una convención paritaria
La convención que zanje este debate será paritaria entre hombres y mujeres. La elección de sus integrantes el 11 de abril se hará bajo las mismas reglas de la Cámara de Diputados. El tan rotundo apoyo a una convención constitucional compuesta por 155 personas especialmente elegida para redactar la Carta Fundamental (78,99% contra un 21,01% que prefirió un órgano compuesto en partes iguales por parlamentarios), “muestra un rechazo a la clase política en su conjunto”, según Sylvia Eyzaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP). “Algunos dirigentes y partidos han querido arrogarse el triunfo, como si fuera de la oposición y el fracaso del Gobierno. Pero es el fracaso de los partidos políticos”, agrega la doctora en Filosofía.
Eyzaguirre señala que se trata de un “enorme desafío” lo que Chile tiene por delante: “Se debe lograr que las personas sientan que el órgano que escribirá la Constitución será legítimo”. Cuando los diferentes sectores políticos y técnicos acordaron las reglas del plebiscito que finalmente se celebró ayer, se optó por proponer a la ciudadanía “una figura compleja”, según la investigadora del CEP. “Vamos a elegir a los convencionales con el mismo sistema que escogemos a los diputados”, explica, por lo que se corre el riesgo de que sea un espejo de las fuerzas de la Cámara. Eyzaguirre era partidaria de un órgano por sorteo, como fue en Islandia, o de una la lista única nacional, que es proporcional y da muchas oportunidades a los distintos movimientos de salir electos. “En Chile, además, hay dificultades para formar partidos políticos y muchas trabas para los independientes”.
El oficialismo de derecha del Gobierno de Sebastián Piñera como los partidos de oposición comienzan una carrera contra reloj para llegar respectivamente unidos a la elección de convencionales el 11 de abril. Tiene una importancia fundamental: afrontar divididos esa fecha tiene un gran costo con miras a conseguir los dos tercios necesarios en la convención para aprobar los contenidos de la nueva Constitución.
Para Alfredo Joignant, académico de la Universidad Diego Portales, “mientras más desunida va la oposición, mejor le va a la derecha”. “Y, objetivamente, está mejor parado el oficialismo, porque son menos partidos. Son tres o cuatro, mientras que en la oposición existen al menos 15”, agrega Joignant. “En cualquier caso –concluye–, “no vislumbro que nadie aplaste a nadie, por las reglas electorales que regulan la forma en que se elegirá la convención”, señala el investigador principal del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), que considera un error pensar que en Chile la derecha solo representa el 21,73% que obtuvo ayer la opción de quienes rechazaban una nueva Constitución.
El debate sobre la participación
En el histórico plebiscito que se celebró el domingo en Chile hubo un 50,9% de participación. “Subimos un punto y tanto en comparación con la segunda vuelta presidencial de 2017, pero Chile sigue pegado en un 50% de abstención”, opina Alfredo Joignant, académico de la Universidad Diego Portales. “Era un referéndum donde estaban en juego asuntos cruciales, el proceso electoral más importante desde 1988 [del referéndum a favor y en contra de Augusto Pinochet]. Y, a pesar de esto, apenas votó el 50% y algo más de los chilenos. Hay países que con pandemia han tenido tasas de participación muy importantes, y Chile, no”, agrega Joignant.
Enumera algunas hipótesis, además del efecto de la pandemia: que el grupo de 60 años o más no haya acudido a las urnas por temor a los contagios y que los hayan reemplazado los jóvenes masivamente, un abstencionismo importante de las personas que se dicen de derecha –porque bajó la participación en las zonas acomodadas de Santiago– y que se trataba de un plebiscito de resultados ultraconocidos, sin sorpresas. “De todo, lo que más me alegra es que haya aumentado la participación en zonas populares de Santiago, como La Pintana, donde pasó del 36% al 50%. Se reducen las brechas de desigualdad política de voz, aunque no se anulan”.
Pero hay quienes opinan que el 50,9% de participación es un buen porcentaje, porque se da en un contexto de pandemia, estado de excepción constitucional –con toque de queda– y con el país sufriendo un “abstencionismo estructural”, como lo llama Marcela Ríos, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En Chile, la baja participación fue un fenómeno que se acrecentó desde que se implementó el voto voluntario en 2012 (la participación cayó desde el 87% en 1989 hasta el 49% en la segunda vuelta presidencial de 2017, con un mínimo histórico del 36% en las municipales de 2016).
El del domingo, además, congregó al mayor número de votantes en la historia de Chile: 7.562.173 personas participaron en el plebiscito. Según Joignant, sin embargo, “en estas cosas hay que comparar peras con peras”. “Los electorados se expanden y el padrón está en 14,8 millones de personas. Lo que se puede comparar, por lo tanto, son los porcentajes”.
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