La destitución por el Congreso de Perú del presidente, Martín Vizcarra, investigado por recibir supuestos pagos irregulares, representa otra grave sacudida en el panorama político del país andino, en el que todos los jefes de Estado desde 1985 —con la excepción de Valentín Paniagua, presidente constitucional transitorio durante ocho meses entre 2000 y 2001— han terminado siendo investigados o procesados por delitos de corrupción. Vizcarra, quien llevaba dos años y ocho meses en el cargo y tuvo que superar una importante crisis institucional en septiembre de 2019, fue censurado por la Cámara por amplia mayoría el lunes. Ha sido acusado de “incapacidad moral permanente” tras hacerse oficial la apertura de una investigación de la Fiscalía sobre unos 540.000 euros en sobornos presuntamente recibidos en 2013 y 2014 cuando era gobernador del departamento de Moquegua, al sur del país. El ya expresidente ha negado los cargos. No era esta la primera vez que el jefe de Estado se enfrentaba a una acusación similar en el Congreso. En septiembre ya se votó (y fue rechazada) su destitución por presunto trato de favor en la concesión de obras públicas a un amigo, acusación que Vizcarra también rechazó tajantemente.
Ahora, la investigación de la Fiscalía tiene un carácter muy diferente, no solo por la gravedad de los hechos, sino por su trasfondo. Vuelve a poner sobre la mesa la asignatura pendiente de la democracia peruana, que es la lucha contra la corrupción de amplios sectores de la clase política. Sin ir más lejos, varios de los impulsores de la destitución están encausados, detenidos o bajo arresto domiciliario por delitos como lavado de dinero, financiación ilegal o sobornos a jueces. Todo esto provoca un clima de desconcierto entre la ciudadanía. De hecho, en octubre, el 78% de los peruanos estaba a favor de que Vizcarra siguiera en el cargo mientras continuaran las investigaciones. Y llueve sobre mojado. El que todos los presidentes desde 1985, menos uno provisional, hayan terminado ante los tribunales daña a las instituciones y puede provocar que la desconfianza de los votantes hacia sus políticos —justificada por hechos que se repiten una y otra vez— se traslade al mismo sistema. Ese es el escenario en el que pueden disputarse las elecciones presidenciales de abril de 2021.
Pero no es menos importante que la destitución de Vizcarra apunte nuevamente a la que es probablemente la mayor trama de corrupción internacional en Sudamérica —con ramificaciones en otros continentes— como es el caso Odebrecht, que ha provocado, por ejemplo, un terremoto institucional en Brasil y destapado algunas cloacas de México. Es la demostración de que, como los virus, la corrupción tampoco conoce fronteras y que si una democracia no la combate constantemente, termina causando un profundo daño.
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