Si durante los primeros compases de la primera ola provocada por la covid-19 la Administración atravesó por momentos de colapso que dejaron al descubierto sus limitaciones ―y con ellas un reguero de reclamaciones y protestas―, la situación en medio del segundo capítulo pandémico no ha cambiado demasiado ocho meses después. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sigue estando al límite de sus capacidades, entre otras cosas, por la gigantesca tarea que supone la tramitación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que se siguen amontonando un día tras otro. Es por ello que los sindicatos continúan reclamando una ampliación de la plantilla de trabajadores públicos de estos departamentos que puedan acelerar el pago de unas prestaciones que siguen resultando imprescindibles para el mantenimiento del empleo de muchas de las empresas que se han visto más afectadas por la llegada del coronavirus.
Comisiones Obreras (CC OO) ha vuelto a reclamar “refuerzos inmediatos” para solucionar un “cuello de botella” en el que siguen atascadas las tramitaciones de prestaciones que suman ya, según sus datos, cuatro meses de retrasos. Apunta CC OO que las prestaciones que se están pagando en estos momentos no incluyen a la mayor parte de las personas desocupadas que se registraron en el paro después del 12 de agosto, lo que comporta un retraso en la gestión que puede llegar a los cuatro meses, ya que el servicio estatal paga el día 10 de cada mes. Una circunstancia que califican de “inadmisible”.
A pesar del refuerzo de las plantillas que se ha llevado a cabo en muchas oficinas de empleo, como es el caso de Barcelona ―donde se pasó de 460 a 700 trabajadores―, el sindicato sigue considerando insuficiente el volumen de empleados, ya que la lentitud en el reconocimiento y pago de las prestaciones deriva en un incremento de la “pobreza y la desigualdad”.
UGT, por su parte, ha denunciado que la carga de trabajo que está soportando el SEPE como consecuencia de los recortes de personal que se han llevado a cabo en los últimos diez años ―que cuantifican en un tercio―, ha subido ahora hasta el 600% por la pandemia. También hablan de un plazo de retraso en la tramitación de las prestaciones en Cataluña, por ejemplo, de tres meses. Sin embargo, estas dificultades por las que están atravesando las oficinas de empleo, son también las que sufren en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Según el sindicato, el INSS ha perdido un 20% del personal desde 2010 y “acusa ahora el incremento de carga de las tramitaciones del ingreso mínimo vital”.
Emergencia social
Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también reclaman una dotación suficiente de “recursos humanos, estructurales y profesionalizados” ante la situación de “emergencia social” en la que se encuentra el país. Para ello solicitan la implementación de la jornada de tarde de manera voluntaria en el SEPE, “como sucede en el conjunto de entidades gestoras de la Seguridad Social”. “Las horas extras autorizadas para el SEPE no son suficientes para afrontar la actual carga de trabajo, circunstancia que se podría paliar habilitando una jornada de tarde”, inciden.
Según los datos recabados por CSIF, la plantilla del SEPE ha tenido que asumir la tramitación de cerca de 150.000 nuevos ERTE que afectan a más de 720.000 trabajadores, “junto al resto de prestaciones extraordinarias y las prestaciones ordinarias”. Explican, además, que “el nuevo subsidio para los parados que se quedaron sin ingresos durante el primer estado de alarma está agravando la situación de sobresaturación de la plantilla e incide en el retraso del abono de las prestaciones”. También aseguran que “el personal del SEPE nos muestra su máxima preocupación por la falta de medios en estas circunstancias y están al límite ante el volumen actual de trabajo y la previsión para el 2021”.
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