Margarita Cabello Blanco (Barranquilla, 63 años), hasta hace menos de dos semanas la ministra de Justicia de Iván Duque, fue escogida este jueves por el Senado de Colombia como la nueva procuradora general de la nación. En un proceso exprés que despertó suspicacias y resistencias, su nombre recibió el respaldo de 83 de los 100 senadores en la primera sesión presencial del Congreso, que sesionaba virtualmente por la pandemia del coronavirus. Cabello será la primera mujer al frente de la entidad encargada de investigar las faltas disciplinarias de los servidores públicos y combatir la corrupción.
“La actual crisis nos debe unir en medio de las diferencias. Quiero un ministerio público que concilie, ayude a la cohesión social y evite la polarización”, declaró Cabello en su primer discurso tras ser elegida. La recién renunciada ministra partía como clara favorita en un Senado presidido por Arturo Char, miembro de la familia que domina la política de su ciudad natal, Barranquilla, la mayor urbe del Caribe colombiano. Fue postulada por el presidente Duque en una terna que compartió con el exmagistrado Wilson Ruiz, el candidato de la Corte Suprema, y el exviceprocurador Juan Carlos Cortés, postulado por el Consejo de Estado.
Cabello relevará a partir del próximo año a Fernando Carrillo, quien ha levantado la imagen de una entidad que se mantuvo rodeada por la controversia durante los dos periodos en que Alejandro Ordóñez impuso una línea conservadora y radical. Su elección, sin embargo, ha provocado una intensa discusión acerca del equilibrio de poderes, el sistema de pesos y contrapesos y la independencia de los órganos de control. “Vemos con enorme preocupación de que se elija en este cargo a una persona que no esté en condiciones de garantizar efectivamente la imparcialidad y autonomía frente al Gobierno, que no se encuentre libre de conflictos de interés en los principales escándalos de corrupción que hoy afectan al país”, advertía momentos antes de la votación una carta pública de 12 organizaciones sociales, entre ellas la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Comisión Colombiana de Juristas.
Abogada de la Corporación Universitaria de la Costa, la recién escogida procuradora también fue jueza y magistrada de la Corte Suprema de Justicia, un cargo al que renunció para ingresar al Gabinete de Duque. Durante su carrera ha sido cercana tanto a los sectores afines al expresidente Álvaro Uribe, el mentor político del mandatario que hoy se encuentra en detención domiciliaria, como a las élites políticas de la costa norte y al exprocurador Ordóñez –actual embajador de Colombia ante la OEA–.
En mayo del 2019, tras la renuncia de Gloria María Borrero en medio de la crisis institucional desatada por la decisión de liberar a Jesús Santrich –un excomandante de las FARC que terminó como prófugo de las autoridades–, Duque anunció de inmediato como nueva ministra de Justicia a Margarita Cabello. “Tendrá la inmensa responsabilidad de avanzar en todas las reformas que se requieran para la modernización del aparato judicial”, la presentó.
Sin embargo, su gestión ha estado marcada en los últimos meses por dos controversias. Un mes después de un sangriento motín con al menos una veintena de muertos que dejó en evidencia el dramático hacinamiento en las cárceles de Colombia, diseñó un decreto para enviar a prisión domiciliaria a miles de presos durante la pandemia. Los expertos coinciden en que la medida resultó tardía e insuficiente.
Más recientemente, su cartera quedó involucrada en el enredo jurídico por el cual Salvatore Mancuso, un antiguo comandante paramilitar encarcelado en Estados Unidos por narcotráfico, probablemente será deportado a Italia en septiembre, en lugar de regresar a Colombia, debido a que las fallidas solicitudes de extradición de Bogotá han estado plagadas de errores. “Por el honor de Colombia y antes de que se enrede más el escándalo de Mancuso, retire la candidatura de Margarita Cabello”, había pedido a Duque en sus redes sociales el expresidente conservador Andrés Pastrana (1998-2002), parte de la coalición que lo llevó al poder.
Diversos columnistas y líderes de opinión han criticado que Duque ha instalado este año a funcionarios muy cercanos al Gobierno en distintos organismos de control. En enero, el Congreso eligió como fiscal general a un íntimo amigo del mandatario desde las épocas en que fueron compañeros en la Universidad Sergio Arboleda, el abogado Francisco Barbosa, que venía de desempeñarse como consejero presidencial para los derechos humanos y las relaciones internacionales y carecía de credenciales como penalista. Y este mes, el político conservador Carlos Camargo, otro abogado de su alma mater, fue escogido como defensor del pueblo en medio de reclamos de la oposición por su falta de experiencia en derechos humanos, el campo de acción de la Defensoría.
“Es claro que el presidente Iván Duque no se inventó el desequilibrio de poderes (…) Pero ya hemos podido ver, por ejemplo, los problemas que la Fiscalía ha tenido para generar confianza dada la amistad personal que hay entre el fiscal y el presidente”, advertía en su editorial el periódico El Espectador. “Si bien es cierto que nadie nomina o nombra a sus enemigos, también lo es que la endogamia no es una buena manera de gobernar en democracia. Esto no deja de ser un mal mensaje para el país cuando lo que se requiere es recuperar la confianza”, valoró Elisabeth Ungar, exdirectora de Transparencia por Colombia, el capítulo local de Transparencia Internacional.