Emilio Zebadúa explica ante la FGR la dinámica orquestada por Rosario Robles para desviar recursos públicos para fines político-electorales.
De acuerdo con un documento en poder de Aristegui Noticias, Emilio Zebadúa González, en su carácter de oficial mayor de dos secretaría, tuvo conocimiento directo de que la Auditoría Superior de la Federación hizo del conocimiento a la entonces titular de la Sedesol y Sedatu, María del Rosario Robles Berlanga de los pliegos de observaciones, dictámenes técnicos y demás análisis sobre las secretarías a su cargo.
“En particular, destaco que me consta que María del Rosario Robles Berlanga, recibió y conoció las observaciones de irregularidades que realizó la Auditoría Superior de la Federación, con respecto a la modalidad de contratación denominada “Convenios de Colaboración con entidades públicas”, señala el documento.
Zebadúa afirma que estas observaciones “versaron sistemáticamente sobre el señalamiento por parte de la Auditoría Superior de la Federación de la falta de verificación de las unidades contratantes de la Sedesol y Sedatu”. Las observaciones fueron hechas por la ASF en el período de Juan Manuel Portal como presidente y posteriormente, en un segundo período, cuando la encabezó David Colmenares.
“A pesar de lo reiterado y sistemático de las observaciones por parte de la ASF, la titular de las secretarías, Maria del Rosario Robles Berlanga, mantuvo e impulsó la política de seguir contratando por esta vía a Universidades Públicas estatales, así como a Organismos Públicos Descentralizados”.
Instancias y funcionarios involucrados
De acuerdo con la comparecencia de Zebadúa, las contrataciones fueron autorizadas y realizadas a través de diversas unidades administrativas.
En Sedesol, se llevaron a cabo a través de la Dirección General de Comunicación Social, a cargo, en distintos periodos, de Rocio Bolaños Gómez, Ramón Sosamontes Herreramoro y Gustavo Rodríguez González.
También se efectuaron a través de la Dirección General de Geo Estadística y Padrones de Beneficiarios, a cargo de José Antolino Orozco Martinez. Así como también por conducto del subsecretario de Desarrollo Comunitario y Participación Social, Javier Guerrero Garcia y María de la Luz Vargas, quien también fuera Directora de Comunicación Social en Sedatu.
“Tengo conocimiento, por dicho de la Secretaria Robles, que ella misma se reunía constantemente con todas estas personas en el domicilio de la Secretaría de Desarrollo Social, ubicado en Reforma número 116, entonces delegación Cuauhtémoc, colonia Juárez, concretamente en la Oficina de la secretaria Robles, en el PH (es decir el último piso del citado edificio) y que en dichas reuniones, establecieron mecanismos, se diseñaban estrategias jurídicas y determinaban las empresas que se utilizarían en los esquemas de contratación previamente narrados. Estas reuniones eran periódicas y se desarrollaban semanalmente”, manifestó Zebadúa.
Modus Operandi de la ‘Estafa Maestra’
De acuerdo con la información vertida durante la comparecencia, fue necesario desarrollar todo un mecanismo operativo para desviar recursos públicos por medio de las universidades y organismos públicos descentralizados.
De inicio, el jefe de la Oficina de la Secretaria, Ramón Sosamontes, tenía el encargo de buscar el acercamiento con rectores y directivos de las señaladas universidades y organismos descentralizados, para plantear las empresas y montos de contratación, así como las participaciones que ellos se quedarían.
“Se tiene conocimiento que en dichas reuniones, y dependiendo de las necesidades de la secretaria, se establecían los conceptos y montos que podía soportar el convenio, de esta forma Ramón Sosamontes exigía y les establecía, una vez pagados los recursos, a qué empresas tenían que subcontratar para simular la prestación de los servicios descritos en dichos convenios”.
Zebadúa explicó que dichas negociaciones “marcaban la ruta del dinero que se iba a seguir, así como los tiempos de entrega. Generalmente se definían los tiempos, de acuerdo a las necesidades de la agenda de la secretaria Robles, para poder cumplir con las necesidades de las actividades político-electorales y proselitistas”.
Posteriormente se realizaban reuniones privadas con operadores fiscales de empresas fachadas, las cuales prestaban el servicio de ser subcontratadas por parte de las universidades y, “a través de estrategias fiscales, sacaban el dinero en efectivo y entregaban dichos recursos en puntos clave”.
Las entregas de efectivo se llevaron a cabo en la oficina particular de Sedesol de Rosario Robles, o en la de su jefe de oficina, Ramón Sosamontes, así como en el penthouse del edificio de Sedatu.
“Una vez que se habían establecido todos los procedimientos, porcentajes y ruta de dinero, es que se le avisaba a la secretaria los resultados de las reuniones, si se aprobaba era cuando se citaban a las partes, se elaboraban todos los convenios/contratos y se procedía a la firma de estos”, revela el documento.
Zebadúa explicó que el porcentaje aproximado que se regresaba por las empresas subcontratadas era aproximadamente del 40 por ciento del total del monto contratado por parte de la Secretaría con universidades y organismos públicos descentralizados.
El uso político-electoral de los recursos
En algunos casos, estos convenios fueron utilizados para llevar a cabo actividades de carácter extrainstitucional como “brigadas de propaganda política, campañas de comunicación social extraordinarias, apoyo a sectores sociales. También pago de compromisos de campaña del presidente Enrique Peña Nieto y otras actividades irregulares, relacionadas con la política del Gobierno Federal y de las metas electorales”.
La mayoría de los convenios fueron utilizados por las áreas de Comunicación Social y la Oficina de la Secretaria para dos fines políticos particulares:
1) Campañas de promoción de la figura del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de la figura de la Secretaria Maria del Rosario Robles Berlanga y del Secretario de Gobernación Miguel Angel Osorio Chong, en búsqueda de posicionarse para la Candidatura Presidencial 2018; y,
2) Para contar con recursos para la propaganda y movilización en elecciones estatales, significativamente la del Estado de México en el 2017.
Zebadúa explicó que los convenios que se utilizaron para promover la imagen de los funcionarios federales fueron, en específico, los celebrados con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, firmada por Luz Maria Orozco Quiroz, directora general de Comunicación Social en cuatro momentos y por un monto total acumulado aproximado de los cuatro contratos, de 702 millones de pesos, así como el convenio celebrado con Televisora de Hermosillo, suscrito por el entonces director general de Comunicación Social de Sedatu, Gustavo Rodriguez González, por 320 millones de pesos.
“El común denominador de estos convenios fue el conjunto de empresas subcontratadas del publicista Juan Carlos Limón, director de la empresa Consulta y Estrategia Política DS.V (By Power). La secretaria Robles utilizó estos mecanismos para dichas campañas electorales y de publicidad”, denunció Zebadúa.
Para lograr el segundo objetivo, compra de votos y operación electoral en el Estado de México, se celebró una serie de convenios que permitieron obtener materiales y recursos para la movilización en la totalidad de los municipios de la entidad:
- El suscrito por Armando Saldaña Flores, director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgos de Sedatu, con la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero en el estado de Hidalgo, por 185 millones de pesos;
- Un segundo convenio suscrito por Saldaña Flores con el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco por 40 millones de pesos;
- El suscrito por José Antolino Orozco Martinez, jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional, con la Universidad Politécnica de Quintana Roo, por más de 20 millones de pesos.
También fue posible disponer de la operación de un equipo político integrado por funcionarios de alto nivel de la Sedatu:
- El subsecretario de Ordenamiento Territorial: Enrique González Tiburcio;
- El subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda: Juan Carlos Lastiri Quiroz;
- El director general del Registro Agrario Nacional: Froylán Hernández Lara;
- El jefe de la Oficina de la secretaria: Ramón Sosamontes; y
- El jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional: José Antolino Orozco Martinez.
El exoficial mayor afirmó haber visto, al menos en seis ocasiones, cómo se recibía y resguardaba dinero en efectivo en la oficina de Rosario Robles y en una oficina alterna, entre finales de 2016 y hasta mediados del 2017. Este dinero era enviado por personal adscrito a la oficina de la secretaria a distintos puntos del Estado de México, durante el periodo electoral de campaña para gobernador en esa Entidad.
“En conclusión puedo aseverar que, si bien la Auditoría Superior de la Federación fue sistemática e insistente en llamar la atención de la titular de la Sedesol y Sedatu, Rosario Robles Berlanga, durante los plazos de 2012 a 2018, sobre las inconveniencias y posibles irregularidades jurídicas que representaba el uso reiterado de los convenios de colaboración que se derivan del artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la secretaria Robles, a través de unidades técnicas jerárquicamente subordinadas a su oficina, conoció y utilizó dichos mecanismos de contratación para desviar recursos hacia la agenda extra Institucional de la secretaria así como a una agenda político-electoral específica”, expuso Zebadúa.
Según sus estimaciones, se desviaron para estos fines, tanto de Sedesol como de Sedatu, la cantidad aproximada de mil 267 millones de pesos, y citó algunos ejemplos de convenios con montos aproximados:
- SEDATU/COMSOC -SOCS/ 3390105/2015, por un monto de $205,000,000.00.
- SEDATU/COMSOC-SOCS/ 3390107/2015, por un monto de $44,000,000.00.
- SEDATU/COMSOC-SOCS/ 33901.02/2016, por un monto de $178,000,000.00.
- SEDATU/COMSOC-SOCS/ 33901.04/2016, por un monto de $275,000,000.00.
- SEDATU/COMSOC-TELEMAX /33901.05/2016, por un $320,000,000.00.
- SEDATU-UOCG/UPPEI/33901-07/2015, por un monto de $25,182,081.48.
- SEDATU-UCCG/UPPEI/33901-08/2015, por un monto de $38,577,940.00.
- SEDATU-VOCG/UPPEI/33901-09/2015, por un monto de $54,490,287.00. SEDATU-VOCG/UPPEI/33901-10/2015, por un monto de $66,803,084.00.
- SEDATU-UOCG/UPPET/33901-07/2018, por un monto de $18,859,999.00.
- SEDATU-ITSC /SOT/33901-12/2016, por un monto de $100,925,740.09.
- SEDATU/DGAEG-UAIM/ 33901.06/2016, por un monto de $110,000,000.00.
- SEDATU/ DGAPADN-UPFIM/3390103/2016, por un monto de $185,839,180.00.
- SEDATU/UPQROO -UPPEI/2015, por un monto de $20,010,000.00.
- SEDATU-ITSC/SOT/33901-02/2016, por un monto de $41,942,700.00.
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