CIUDAD DE GUATEMALA — Cientos de manifestantes irrumpieron en el Congreso de Guatemala y quemaron parte del edificio en medio de las crecientes manifestaciones contra el presidente Alejandro Giammattei y el Poder Legislativo por la aprobación de un presupuesto general para el año próximo que recortó el gasto en educación, salud y lucha por los derechos humanos.
Los hechos violentos tuvieron lugar el sábado, en momentos en que alrededor de 10,000 personas se manifestaban frente al Palacio Nacional en Ciudad de Guatemala como parte de una protesta convocada anticipadamente y en la que los guatemaltecos también repudiaban la corrupción.
Según los manifestantes, el presupuesto fue negociado y aprobado por los legisladores en secreto, mientras el país centroamericano estaba distraído por las consecuencias de huracanes consecutivos y la pandemia de COVID-19.
Este domingo, el presidente Giammattei, se reunió en privado con sus funcionarios y miembros de la sociedad civil en medio de la crisis política que agobia al país.
Los detalles específicos sobre los encuentros del mandatario no fueron divulgados pese a la insistencia de periodistas a la oficina de comunicación de la presidencia de Giammattei, cuyo Gobierno se encuentra en vilo desde el viernes cuando su vicepresidente, Guillermo Castillo, le instó a que renunciaran en conjunto para “oxigenar” al país.
“En los últimos días, el mandatario ha sostenido reuniones de esa naturaleza”, indicó en un breve mensaje a periodistas la portavoz de la presidencia, Francis Masek.
Se cree que unas 150 casas quedaron sepultadas debido a deslizamientos causados por las lluvias provocadas por el paso de Eta en Guatemala.
Giammattei compareció públicamente por última vez el viernes por la tarde y desde entonces solo se ha referido a los incidentes del sábado en un mensaje en redes sociales en el que indicó que “se tiene el derecho de manifestar conforme la ley” pero “tampoco podremos permitir que se vandalice con la propiedad pública o privada”.
Cientos de manifestantes irrumpieron en los alrededores del Congreso de Guatemala, se enfrentaron con la policía y prendieron fuego en parte de las instalaciones legislativas. Fotografías difundidas en las redes sociales mostraban que personal del Congreso había colocado extinguidores y toneles azules justo donde se quemó el recinto, el cual no tenía resguardo policial antes del incendio.
“Nos indigna la pobreza, la injusticia, cómo se han robado el dinero del pueblo”, señaló Rosa de Chavarría, profesora de psicología de la universidad pública de San Marcos de Guatemala.
La turística playa de Omoa, en el norte de Honduras, quedó el 19 de septiembre del 2020 cubierta de basura. Las autoridades locales dijeron que la basura proviene de la salida al océano del Río Motagua, en Guatemala.
Los bomberos informaron que un área importante de la sede del Congreso fue consumida por el fuego, específicamente la sección adonde ingresan las propuestas de ley.
En su cuenta de Twitter, Giammattei condenó el sábado los incendios. “Reitero que se tiene el derecho de manifestar conforme la ley. Pero tampoco podemos permitir que se vandalice con la propiedad pública o privada. Al que se le compruebe su participación en estos hechos delictivos les caerá todo el peso de la ley”, tuiteó.
La noche del sábado, la policía guatemalteca usó gases lacrimógenos para disolver las protestas. La policía seguía deteniendo en las calles del centro histórico de la capital guatemalteca a manifestantes y transeúntes, en algunas ocasiones con violencia.
La tierna escena se vivió en un pueblo del interior; lo hizo para ayudar con los afectados por la pandemia.
Varios heridos e intoxicados por los gases lacrimógenos lanzados por la policía y el humo de las llamas dentro del edificio legislativo fueron atendidos por los bomberos. En la Plaza de la Constitución, a dos cuadras del hemiciclo, la policía también disolvió con gas lacrimógeno una protesta pacífica en la que participaban niños, adultos mayores y personas con mascotas. Varios manifestantes quemaron por lo menos una estación de autobuses.
La represión policial alcanzó también protestas en varios departamentos, como Huehuetenango y Quetzaltenango, en el occidente del país, donde la policía lanzó gas lacrimógeno a los manifestantes.
La Procuraduría de Derechos Humanos informó que 12 civiles fueron atendidos en el Hospital San Juan de Dios por lesiones leves e intoxicación. Videos publicados en redes sociales mostraron cómo la policía arrastraba y golpeaba a dos mujeres manifestantes.
El ministro de Gobernación, Gendri Reyes, culpó a manifestantes de agredir a policías y dijo que 12 habrían resultado heridos. “Un grupo de personas atentaba a través de actos terroristas, lanzando bombas incendiarias para destruir los edificios del Congreso. Lanzaban piedras y utilizaban armas contra las fuerzas de seguridad civil”, dijo Reyes en un mensaje televisivo escueto, sin presentar evidencia.
El descontento también está dirigido a la Corte Suprema de Justicia por tramitar el retiro de inmunidad a magistrados constitucionales, que con sus fallos han frenado varios intentos de políticos por detener la lucha contra la corrupción e impunidad. Asimismo, protestan contra la fiscal general Consuelo Porras por haber solicitado el retiro de inmunidad de los magistrados constitucionales y su falta de acción en persecución penal en algunos temas de corrupción, según los críticos.
Lo que colmó la paciencia de la ciudadanía guatemalteca fue el manejo que se le dio a la discusión del presupuesto en el Congreso, que terminó aprobando unos $12,700 millones la madrugada del miércoles mientras la población dormía.
El presupuesto aprobado por 116 de 160 diputados en el Congreso, entre diputados oficialistas y aliados, redujo dinero en temas para la atención primaria a pacientes de COVID-19, educación, lucha por los derechos humanos, la atención a nutrición, entre otros. En contraste, fortaleció ministerios como Infraestructura y Vivienda que en gobiernos anteriores han sido botín de corrupción.
En 2015 diversos sectores de la sociedad guatemalteca salieron a las calles de forma pacífica en rechazo a las denuncias de corrupción en el gobierno del general Otto Pérez Molina. Las protestas llevaron a la renuncia de Pérez Molina, de su vicepresidenta Roxana Baldetti y de los miembros de su gabinete. Tanto el exmandatario como Baldetti están presos a la espera de juicios por varios casos de corrupción.