Una protesta de trabajadores agrarios que empezó en la costa sur de Perú de forma pacífica terminó con uno de los manifestantes muerto por un disparo de la policía. Jorge Muñoz Jiménez, de 20 años de edad, estaba entre el grupo de empleados del sector de la agroexportación que este jueves en la mañana salió a la carretera Panamericana a protestar por sus derechos laborales y, que en su intento por avanzar hacia la vía norte de esa misma carretera, se encontró con la policía que respondía a la marcha con gases lacrimógenos y disparos. Según el padre de la víctima, José Antonio Muñoz, el impacto fue de perdigón. “Tenemos el casquillo”, dijo a SolTV, un medio local de la región de La Libertad.
El jefe policial del lugar, Ángel Toledo, negó a la emisora Radioprogramas que los agentes hubieran usado perdigones o armas de fuego, pero las imágenes que ha difundido la prensa local contradicen su versión. En estas se ven los cartuchos que quedaron en el pavimento en la zona de las protestas. ”Ha sido una marcha pacífica del pueblo en Valle de Dios, y la policía ha metido bombas lacrimógenas. [A mi hijo] le ha caído un perdigón en la cabeza y le ha quitado la vida. Se había comprometido hace poco, tuvo un hijito, y ahora lo que viene a pasar”, lamentó el papá del joven en el centro de salud de Puente Chao, provincia de Virú.
Minutos después de que circularan los vídeos de la muerte del joven tras la represión policial, el presidente Francisco Sagasti confirmó a EL PAÍS en una rueda de prensa lo ocurrido en la protesta. “Sí, me acaba de llegar la información. Fue en Virú”, dijo. “No está dentro de los esquemas de política del Gobierno, investigaremos exactamente qué fue lo que sucedió, cuáles han sido las circunstancias. Realmente es una tragedia, no queremos que nadie muera en protestas por defender sus derechos laborales”, agregó.
Según el general Toledo, unas 8.000 personas participaron en las manifestaciones del jueves a lo largo de 16 kilómetros de la carretera Panamericana Norte y cuando hubo “agresiones más allá de lo tolerable” las autoridades usaron gases lacrimógenos. Señaló además que no podía saber si el impacto que recibió el trabajador que falleció era de bala o perdigón. “Dejemos que el Ministerio Público investigue las causas del deceso”, anotó.
Otra ola de violencia policial puede generar inestabilidad al Gobierno de Sagasti, como ocurrió con el breve mandato interino de Manuel Merino. Entre el 9 y el 14 de noviembre la Policía peruana atacó a manifestantes pacíficos en Lima y causó la muerte de dos jóvenes y más de 60 lesionados requirieron hospitalización. Las investigaciones contra los responsables políticos y operativos de ese baño de sangre siguen en curso.
El paro agrario de esta semana empezó en Ica, una región famosa por los fundos de espárragos, arándanos, y uva, pero también por el estrés hídrico que ha generado la agroexportación en la última década. Los trabajadores de Ica, que no están organizados en gremios, piden la derogatoria de una ley aprobada en el año 2000 por Alberto Fujimori, que permite a las compañías agroindustriales pagar menos beneficios laborales que el régimen general.
Cuando la norma fue promulgada se anunció como provisional, solo por cinco años, pero los Gobiernos de Alejandro Toledo y de Martín Vizcarra, respectivamente, la prorrogaron para que siga vigente hasta el año 2031.
La antropóloga Ana Lucía Araujo destaca que la Ley 27360 permite a las agroindustrias aportar al seguro social de salud un porcentaje menor que el resto de empresas del régimen general, y condiciona la afiliación del asegurado al tiempo de servicio. En Virú, la región de las protestas de este jueves, hay -según Araujo- 36.000 trabajadores de la agroexportación y solo dos centros de salud de la seguridad social. De acuerdo con la investigadora, este sector ha incrementado significativamente sus exportaciones y la rentabilidad. “Entre 2000 y 2018 el valor exportado creció en más de 1000% hasta alcanzar 6.000 millones de dólares, y al 2020 es uno de los únicos que siguió creciendo en pandemia”, dice. Sin embargo, los salarios de los trabajadores de los fundos agroexportadores se han reajustado por debajo del porcentaje promedio de inflación anual en el país sudamericano, menos de 2% por año (salvo en 2017 que fue mayor).
Los trabajadores de Ica, como Geraldine Martínez, explican que algunos de los beneficios de ley -como las horas extras, los feriados trabajados, las vacaciones o el pago de compensación por tiempo de servicios y el seguro social de salud- no se concretan porque la mayoría de las empresas agroexportadoras prefiere que no haya ningún vínculo laboral, por ello, otras compañías tercerizan la contratación. El miércoles, en una asamblea en Ica, una delegación de los ministerios de Trabajo y de Agricultura ofrecieron a los trabajadores terminar con los services -los que tercerizan el reclutamiento-, e incrementar el número de fiscalizadores laborales en la región. Además, planteó derogar el capítulo del régimen laboral de la ley de promoción agraria, también conocida como la Ley Chlimper, por José Chlimper, un exministro de Agricultura del Gobierno de Fujimori, cuyas empresas familiares estuvieron entre las más beneficiadas por este régimen excepcional.
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