“¡Qué raro! Hace días que no viene ningún peruano”. Jabeidy conoce a cada cliente que compra en su tienda Mi Pueblo Latino, un establecimiento que vende en Toledo, en el número 12 de la calle Aragón, “productos latinos artesanos de alimentación saludable”. En noviembre, casi de un día para otro, la comunidad peruana, la segunda más importante para su negocio, dejó de comprar en su local. En aquel momento esta mujer de origen colombiano no podía imaginar que un bulo fabricado por el vecino de al lado casi arruina el emprendimiento que con gran dedicación había levantado una década atrás.
“Me di cuenta de que la clientela se había desplomado, pero en tiempos de coronavirus pensé que la culpable era la pandemia”, explica Jabeidy en conversación telefónica con EL PAÍS. Hasta que el 12 de noviembre un cliente habitual le comunicó que “corría por todos los grupos de WhatsApp de peruanos de Toledo” un mensaje en el que se afirmaba maliciosamente que su tienda era la responsable de la mitad de los casos de covid atendidos en el hospital Virgen de la Salud de la ciudad castellanomanchega.
El bulo que casi destruye la tienda Mi Pueblo Latino estaba firmado por J. Guerrero, un supuesto enfermero de Urgencias del hospital de Toledo. “De aproximadamente 240 pacientes, unos 120, ósea la mitad, haciendo investigaciones y preguntas por parte de rastreadores y Sanidad Pública, han comprado o estado en contacto con una tienda de alimentación latina que está cerca del hospital, concretamente calle Aragón 12”, afirma el mensaje, que acusaba a Jabeidy y a su empleada de haber abierto la tienda pese a haber contraído la covid. “Pediros por favor que no compréis en el establecimiento, ya que Sanidad está investigando”, añadía el mensaje.
El análisis semántico del aviso desvela el intento de no parecer, precisamente, un bulo, al incluir frases como “muchos me conocéis” o “sabéis que normalmente corto de raíz los mensajes en cadena”, para causar una mayor sensación de cercanía y veracidad. También pretende demonizar a “las personas que regentan” Mi Pueblo Latino, a las que señala como responsables de que “22 personas” estén en la UCI enfermas de covid con “complicaciones severas”.
Pero las autoridades sanitarias no habían detectado ningún tipo de brote de coronavirus en el establecimiento de Jabeidy, tal y como comprobó la policía cuando la mujer, asesorada por su abogado, denunció el caso el 17 de noviembre en una comisaría, según fuentes policiales. Y ningún enfermero del hospital Virgen de la Salud de Toledo respondía al nombre de J. Guerrero. Porque el verdadero autor del mensaje era el vecino de la casa de al lado, un conductor de ambulancia que, según el relato de Jabeidy, le profesaba una gran animadversión.
La dueña de Mi Pueblo Latino no sabe a qué obedece la inquina de su vecino, que, según dice, se burlaba de su “acento”. Sí es capaz de situar el inicio del conflicto, cuando su familia se trasladó a su actual vivienda, junto al hombre que ha intentado destruir su modo de vida, una casa unifamiliar “en una calle con mucha pendiente” en la que los residentes habían acordado “de palabra” que solo se podía aparcar delante de la casa de cada uno. Frente al inmueble de Jabeidy había un paso de cebra que le obligaba a dejar su coche “abajo”, al principio de la calle. “Si venía con compra y aparcaba junto a mi casa para descargarla, protestaba o llamaba a la policía”, recuerda la mujer. En una ocasión, estando ella embarazada y en compañía de su cuñada, también embarazada, las dos mujeres habían dejado sus respectivos vehículos frente a la vivienda y al salir encontraron que su vecino les bloqueaba a propósito la salida con una ambulancia. “Se enfrentó con nosotras de forma muy violenta”, relata la mujer, que interpuso una denuncia. El incidente se resolvió a través de un acuerdo poco antes de que se celebrara el juicio, cuenta Jabeidy.
Pero las agresiones no cesaron. “Comenzó a arrojar aceite en mi jardín, a arañarme el coche e incluso a cortarnos las plantas que sobresalían de la valla”, lamenta. Pese a ello, “cuando me informaron del mensaje de WhatsApp en el que se nos acusaba de haber contagiado la covid, no podía imaginar que el autor era mi vecino, pero la policía indagó de forma muy rápida y llegó a él”. Los agentes le detuvieron y, tras tomarle declaración, le dejaron en libertad a la espera de juicio como presunto responsable de un delito de injurias graves realizadas con publicidad por el que se enfrenta, según lo establecido en el Código Penal, a una multa de entre 6 y 14 meses.
Jabeidy se enfrenta al cierre de su negocio si no logra que regrese su clientela, porque el descubrimiento de la verdad no ha hecho que los peruanos vuelvan a comprar en Mi Pueblo Latino. “Nos hicimos la PCR y el test de serología antes de poner la denuncia, para demostrar que no teníamos la enfermedad y que no la habíamos padecido, porque muchos clientes nos manifestaban que tenían miedo a entrar en la tienda”, cuenta Jabeidy, que cree que “puede que vieran la mentira, pero no el desmentido”. O, pese a que conozcan los hechos verdaderos, opten por la desconfianza, la única ganadora en el mundo de las falacias.
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