El asesinato de Regina Martínez permitió visibilizar el ambiente hostil contra la prensa en Veracruz, que incluso alcanzó a periodistas que daban seguimiento al caso.
En abril de 2013, a un año del asesinato de la periodista veracruzana Regina Martínez, el semanario Proceso dio a conocer que a raíz de la cobertura periodística y la coadyuvancia en las investigaciones ministeriales llevadas a cabo por su entonces reportero y ahora director, Jorge Carrasco Araizaga, en el caso del crimen cometido contra su corresponsal, recibió información sobre la presunta intención de funcionarios y exfuncionarios del estado de Veracruz de atentar contra la integridad personal de este último.
“Proceso empezó a recibir informes acerca de una reunión entre exfuncionarios y funcionarios de gobierno, de seguridad pública y de la Procuraduría veracruzana cuyo propósito era acordar acciones hostiles en contra del reportero en respuesta a su publicación más reciente en torno el caso de Regina Martínez”, reportó el medio en aquel entonces.
“La cita habría tenido lugar en el fraccionamiento Las Ánimas, en Xalapa, con la pretensión de ordenar la búsqueda de información personal del periodista en todas las bases de datos nacionales, además de dar con su paradero. Este semanario pudo averiguar que en esa reunión se acordó el traslado de agentes del gobierno veracruzano al Distrito Federal, así como a los estados de México, Morelos y Querétaro, para recabar datos relativos al periodista”, indicó.
“La información más reciente obtenida por Proceso indicó que ayer lunes se realizó una nueva junta, en la cual se decidió la captura del reportero y la decisión de hacerle daño en caso de que se resista”, señaló.
“Los asistentes a dicha reunión, según este informe, fueron enfáticos en ‘tener cuidado con las cámaras’ de seguridad pública instaladas en el Distrito Federal, donde ya se encuentra ‘gente’ del estado de Veracruz”, se alertó.
De esta información fueron puestas al tanto en su momento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación; estas autoridades activaron el mecanismo de protección a periodistas en favor del reportero.
Proceso responsabilizó al entonces gobierno del estado de Veracruz de cualquier agresión que pudieran sufrir a partir de estos hechos Jorge Carrasco Araizaga y su familia. En ese momento el gobierno veracruzano era encabezado por Javier Duarte, quien terminaría renunciando al mismo en en octubre de 2016, por denuncias de corrupción que lo mantienen en la cárcel hasta el día de hoy.
Pero sobre Javier Duarte también pesaban acusaciones de haber ordenado el asesinato del fotógrafo Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera, ocurrido en junio de 2015 en la Ciudad de México; esta última lo señaló directamente a él en caso de que atentaran contra su vida.
Duarte fue conocido por sus llamados a la prensa a “portarse bien“.
Este 7 de diciembre, un reportaje de Lilia Saúl (OCCRP), Verónica Espinosa (Proceso) y Nathan Jaccard (OCCRP) expone el ambiente hostil contra los periodistas en Veracruz y cómo, en el caso de Martínez, los fiscales locales concluyeron que fue asesinada por un prostituto adicto a las drogas que afirmaron que era su amante.
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El mes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a trabajar en el mecanismo legal para reabrir la investigación por el homicidio de la periodista Regina Martínez, a quien conoció por la cobertura que realizó a sus giras por municipios del país y quien dijo que era incorruptible: