Juan Daniel, ingeniero de 23 años, fue asesinado el viernes 7 de febrero de 2020, aproximadamente a las 21 horas; un grupo de policías estatales dispararon.
Por Carlos Manuel Juárez
Hoy se cumplen 10 meses del asesinato del joven Juan Daniel “N”, en Río Bravo, Tamaulipas, y cinco de los ocho policías estatales presuntos responsables del homicidio continúan prófugos, entre ellos, el comandante Luis Enrique Contreras Izaguirre.
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas detuvo a los agentes Adán Wilfredo Martínez Hernández, Óscar Alberto Ocampo Olea y Luis Roberto Jaramillo Cedillo. Todos fueron vinculados a proceso. Los primeros dos se encuentran recluidos en el penal de Reynosa y el último en Victoria.
Juan Daniel, ingeniero de 23 años, fue asesinado el viernes 7 de febrero de 2020, aproximadamente a las 21 horas. Un grupo de policías estatales dispararon contra el empleado de la maquiladora EATON-Reynosa, quien se dirigía a comprar a una tienda de conveniencia en la colonia Río Bravo 2, a bordo de una camioneta blanca Ford tipo Silverado.
La muerte de Juan Daniel “N” salió a la luz pública debido a que un usuario de redes sociales difundió dos videos del asesinato. Al día siguiente, el gobierno de Tamaulipas, obligado por la difusión de los materiales, afirmó que hombres armados viajaban en la camioneta que conducía Juan Daniel, pero tras una persecución huyeron y el conductor perdió el control de la unidad. “Hubo una persona muerta que quedó a un costado de una camioneta dentro de la cual había ponchallantas y cargadores. Se aseguró un arma larga”, afirmó el gobierno.
La familia protestó por el asesinato de Juan Daniel durante el 8 y 9 de febrero. En las marchas, su madre María Guadalupe narró la noche del 7 de febrero. El joven salió a comprar cerveza, a los pocos minutos, la familia escuchó los disparos y lo llamaron para alertarlo. Lograron comunicarse y escuchar que gritaba a los agentes que no le dispararan. Su familia llegó al lugar del hecho cuando seguían las detonaciones. “Ese fue un asesinato, esos policías me arrebataron a mi hijo que porque lo confundieron”, afirmó Diego, su padre.
El 8 de febrero, fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informaron que los ocho policías implicados en el hecho había sido concentrados en las oficinas de Ciudad Victoria. Para el 12 de febrero de 2020, cuando el Juzgado de Control otorgó las órdenes de aprehensión en la carpeta procesal 139/2020, los policías escaparon de la Fiscalía General de Justicia, a cargo de Irving Barrios Mojica.
El pasado 8 de octubre, en la inauguración del Centro de Justicia Estatal, los familiares de Juan Daniel protestaron ante el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el fiscal Barrios Mojica, el titular del Poder Judicial del Estado, Horacio Ortiz Renán, y el secretario general de gobierno, César Verástegui Ostos. El mandatario tamaulipeco habló con la señora María Guadalupe y el señor Diego apenas un minuto afuera de las instalaciones judiciales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió una indagatoria por el homicidio, de la cual emitió una recomendación donde señala omisiones de dos elementos de la Fiscalía y la responsabilidad por parte de ocho policías, que estaban al mando del entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), vicealmirante Augusto Cruz Morales, quien renunció el 21 de julio, sin admitir el asesinato.
La investigación de la CNDH arrojó datos precisos del caso. El 7 de febrero, el Ministerio Público de la FGJ adscrito a Río Bravo inició la carpeta de investigación, con las primeras pruebas y testimonios de la familia. La primera decisión del Ministerio Público fue vincular solamente a elementos de dos de las cuatro patrullas que encontró al llegar a la escena del crimen. Dicha actuación impidió conocer el grado de participación y deslindar las responsabilidades penales.
Un mes después, el 16 de marzo, uno de los policías que condujo la patrulla 2 dio su testimonio de la noche del 7 de febrero a la CNDH:
“Como un minuto después posterior a que se inspeccionara el área me acerqué a la camioneta blanca, observando a un joven sin vida, tirado a un costado de la camioneta del lado del copiloto, en esos momentos ya habían arribado también unidades de la Policía Estatal de Reynosa, Tamaulipas, en ese momento, el comandante [AR2] le ordenó a [AR4] y [AR3], que bajaran un arma larga tipo cuerno de chivo que estaba en los asientos traseros de la unidad [patrulla 2] esta arma no es de la que nos proporciona la dependencia de Seguridad Pública, y desconozco de donde la obtendría el Comandante [AR2], (…), el comandante [AR2] ordenó que dicha arma se la entregaran a los compañeros de Reynosa, posteriormente llegaron de periciales y me acerqué a donde estaba la persona fallecida y observé que el arma que antes mencioné estaba en las manos del cuerpo sin vida, desconociendo quién se la haya colocado, aclarando que cuando lo vi por primera vez el cuerpo no tenía el arma en sus manos (…)”, refiere el policía testigo.
La Unidad de Servicios Periciales encontró un arma de fuego larga tipo fusil de asalto, con cargador abastecido con seis cartuchos, 1 tiro en la recámara; un cargador abastecido con 25 cartuchos hábiles; 3 cartuchos hábiles; cartucho hábil; un cargador “A” abastecido con 16 tiros hábiles; cargador “B” abastecido con 30 tiros hábiles y 3 casquillos percutidos. Los indicios recolectados al día siguiente fueron: 3 casquillo percutido calibre .223, uno casquillo percutido calibre 7.62×39 y una esquirla de proyectil de arma de fuego.
El informe de dactiloscopia y la prueba de radizonato de sodio emitido por un perito de la FGJ refutó que Juan Daniel “N” haya disparado un arma de fuego. Además, el dictamen de balística con la prueba de Griess, con fecha de 11 de febrero de 2020, rechazó que el arma encontrada dentro de la camioneta de la víctima fue disparada el 7 de febrero o en meses anteriores.
La camioneta en la que viajaba Juan Daniel “N” recibió 242 e impactos producidos por proyectiles disparados por arma
de fuego. De los cuales, 214 presentaron características de entrada y 28 de salida. Para la CNH, el uso excesivo de la fuerza “… evidenció la forma injustificada y desproporcionada en la que actuaron los elementos de la SSP-Tamaulipas en contra de la víctima, ya que dispararon en múltiples ocasiones hacia la camioneta en la que viajaba”.
Juan Daniel “N” murió por heridas por proyectil de arma de fuego penetrante en la región del cráneo, tórax y abdomen.
La CNDH sostiene que el médico forense realizó una autopsia deficiente, que impidió conocer penetración, direcciones y trayectorias de los proyectiles.
“Con su actuar, AR10 incumplió con su obligación establecida en el articulo 9, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, que establece que los servidores públicos de la Fiscalía actuaran con profesionalismo, realizando sus funciones con apego a los más altos niveles técnicos, de empatía, compromiso, diligencia y desempeño ético”, determinó la CNDH.
A 10 meses del asesinato se desconoce si el gobierno de Tamaulipas, en especial la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública, al mando de José Jorge Ontiveros Molina, atendieron la recomendación de la CNDH y sancionaron al personal judicial que con su actuar evitó el esclarecimiento del homicidio.
Detenciones
El 12 de julio, la Fiscalía informó de la aprehensión del policía Adán Wilfredo “M” en la capital del estado. Al cierre de la edición se desconoce si el Juez de Control lo vinculó a proceso por el delito de homicidio calificado.
A partir del 19 de junio, la Fiscalía ofrece 250 mil pesos a la persona que aporte información que ayude a la captura de los ochos policías presuntos responsables del asesinato de Juan Daniel “N”.
El acuerdo de recompensa FGJE/04/2020 señala a los objetivos Luis Enrique Contreras Izaguirre, Humberto Camargo Alfaro, Alejandro Zequera Meza, Francisco de Jesús Fernández y Eusebio Hernández Gerónimo.
El 30 de julio, el policía estatal de Tamaulipas, Óscar Alberto “N”, implicado en el asesinato de Juan Daniel en Río Bravo, fue detenido en Cuautla, informó la Fiscalía General de Justicia de Morelos.
Agentes de la Policía de Investigación Criminal (PIC) de la Región Oriente de Morelos realizaron la aprehensión de Óscar Alberto “N”, por el delito de violencia familiar. El agente del Ministerio Público descubrió que el hombre estaba prófugo por el delito de homicidio y lo entregó a la autoridad tamaulipeca.
El 5 de agosto, el Juez de Control vinculó a proceso al policía por el delito de homicidio calificado, con los agravantes de alevosía y ventaja.
Luis Roberto Jaramillo Cedillo, originario de Tantima, Veracruz, fue capturado el 4 de noviembre en la capital de la entidad. Ocho días después el juez de control dictó su vinculación a proceso por el delito de homicidio.