El chef del presidente ruso, Vladímir Putin, embiste contra sus críticos. El heterogéneo empresario Yevgeny Prigozhin, considerado el restaurador favorito en el Kremlin, propietario de varios restaurantes y de un boyante negocio de cáterin, está decidido a arruinar con demandas judiciales a destacados opositores como Alexéi Navalni, célebre por divulgar la corrupción de las élites rusas, y a los medios que les dan voz. Conocido en Occidente —y sancionado por la UE y Estados Unidos— por su vinculación con la compañía de mercenarios Wagner, detectada en Siria, Libia y Ucrania, y con las interferencias en las elecciones presidenciales de EE UU de 2016, el magnate culinario ha logrado así atenazar a sus enemigos.
Navalni, víctima de un envenenamiento en Siberia este verano del que responsabiliza directamente a Vladímir Putin, y su aliada Liubov Sobol creen que las demandas de Prigozhin y otros oligarcas de la órbita del Kremlin forman parte de una campaña sin tregua para silenciarles y apartarles de la carrera política; también para atemorizar a la prensa independiente que publica sus escándalos.
En el enésimo capítulo, el empresario ha demandado a Navalni por vulneración de su dignidad y daños al honor a causa de un tuit en el que el prominente opositor le llamó “ladrón” y aseguró que había aumentado su fortuna “suministrando carne podrida a guarderías y escuelas” del país. Prigozhin le exige cinco millones de rublos (unos 55.000 euros) por daños emocionales. Y la misma cantidad a Liubov Sobol, abogada y una de las opositoras con más empuje de Moscú, que llamó “imbécil de los [años] noventa borracho de poder” al oligarca en una entrevista, en la que también le acusó de “envenenar” a niños con los servicios de cáterin de su empresa de restauración.
Este nuevo proceso judicial, reconoce Sobol, es otro golpe y un intento de “complicar” su trabajo. “Buscan obstruir mis actividades y las de las personas que no tienen miedo a decir la verdad”, dice rotunda la opositora, que enumera una retahíla de detenciones y registros a su casa y sus oficinas en estos últimos años por “acusaciones fabricadas” de Prigozhin y otros. Sobol ha enfrentado demandas también de otras organizaciones que la acusaron de alentar las protestas del verano pasado —multitudinarias en la capital, Moscú, para exigir elecciones limpias— y de hacerles perder ingresos.
De orígenes humildes y con algún escarceo con delitos de poca monta, Prigozhin, de 59 años, empezó su negocio vendiendo perritos calientes en San Petersburgo a principios de la década de 1990, y aprovechó la turbulenta desintegración de la Unión Soviética para pasarse a la gastronomía de alto nivel para la nueva élite rusa; entre ellos Vladímir Putin, que empezaba a escalar en la Administración de la ciudad del Nevá. El político y antiguo agente del KGB se convirtió en uno de sus principales valedores. Ya en el cargo de presidente, Putin llevó a cenar a su lujoso restaurante flotante en el río al entonces primer ministro de Japón, Yoshiro Mori, o al presidente de Estados Unidos, George W. Bush.
En 2003, proporcionó el cáterin para el cumpleaños del líder ruso; de ahí brotó el apodo (irónico) de chef de Putin. Desde entonces, el magnate no ha estado muy lejos del Kremlin. Y, como marca el patrón habitual, le ha ido bien. Se ha convertido en uno de los hombres más ricos del país. Concord Catering y sus otras empresas lograron jugosos contratos estatales para proporcionar servicios a bases militares y alimentar a soldados rusos; también a instituciones, hospitales y colegios. De uno de esos concursos públicos nace su principal escándalo en suelo ruso —y nutriente de sus innumerables demandas—, cuando después de que 130 escolares enfermasen de disentería, un grupo de padres demandó a la Administración de Moscú y a empresas de restauración que vincularon con Prigozhin.
También Navalni, Sobol y su organización contra la corrupción FBK alegaron en una de sus investigaciones publicadas en Internet que el chef de Putin estaba detrás del nefasto suceso. Prigozhin, que niega cualquier nexo con la historia, demandó personalmente al prominente opositor. La compañía de cáterin también les denunció por daño a su reputación empresarial y ganó el caso. Los dos opositores y el FBK fueron condenados a pagar el equivalente a un millón de euros en daños y perjuicios.
El pasado agosto, cuando Navalni estaba en coma en un hospital de Berlín al que fue trasladado tras ser atacado con una neurotoxina, las autoridades rusas le congelaron las cuentas bancarias y prohibieron vender o hipotecar su apartamento, ante las reclamaciones del magnate. También las de Sobol han sido congeladas. “Tengo la intención de despojar a este grupo de personas sin escrúpulos hasta de su ropa y sus zapatos”, dijo en ese momento el oligarca, que se comprometió a perseguir al opositor si sobrevivía al envenenamiento.
Navalni estuvo hospitalizado 32 días y aún se recupera en Alemania del ataque con Novichok, un agente tóxico que solo pudo producirse en un laboratorio gubernamental ruso, que al menos tuvo que controlarla o destruirla. Un ataque que no pudo realizarse sin conocimiento del Kremlin, sostiene la UE.
Prigozhin ha rehusado una entrevista con este diario. Sin embargo, a través de su servicio de prensa, el empresario niega que sus denuncias se deban a una “orden o presión de las autoridades”. “La defensa de mi honor y dignidad no debe considerarse un orden político”, dice en un comentario por correo electrónico, según su opaco canal de comunicación, que también publica sus declaraciones a los medios y las demandas judiciales que presenta en su página de la red social rusa Vkontakte. Una plataforma en la que también asegura no tener los nexos que varios informes de servicios de inteligencia occidentales le atribuyen con la oscura compañía de mercenarios Wagner y la conocida como fábrica de trolls rusa, últimamente detectada en varios países de África.
El chef de Putin acumula un amplio catálogo de demandas. A las que ha presentado contra Navalni, Sobol y varios de sus colaboradores se suman otras contra Znak, un medio independiente que difundió una entrevista con la opositora. “Prigozhin no es un fenómeno aislado. Es parte del Estado mafioso corporativo dirigido por Vladímir Putin. Y para un periodista independiente es la principal amenaza”, dice Iliá Kosygin, director de Dovod, un diario digital de la región de Vladímir, que también ha recibido una demanda personal del magnate. La interpreta como otro intento de “presión” para cerrar su medio, al que también le han congelado las cuentas y confiscado sus equipos informáticos. Kosygin se enfrenta además a otros procesos, entre ellos una demanda relacionada con el caso Yukos y otro prominente opositor, Mijaíl Jodorkovski, exiliado en Londres.
Liubov Sobol, como Navalni, tampoco duda. Tras las maniobras legales de Prigozhin y otros ve la mano del Kremlin para “frenar sus investigaciones” e impedirles participar en procesos electorales, con especial atención en los últimos meses a los comicios a la Duma estatal en septiembre de 2021. “El Kremlin entiende que representamos a una verdadera fuerza política y tiene miedo de la competencia justa; Pero incluso con esta Navalni y yo, junto con nuestro equipo tenemos mucho apoyo en la sociedad rusa. Creo que tenemos otra ronda de presión y represión del Gobierno por delante, pero no voy a rendirme”, advierte la opositora.
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