El periodista Carlos Fernando Chamorro llegó la mañana de este lunes 14 de diciembre a la redacción de Confidencial, en Managua, a reclamar por la ocupación policial del edificio ordenada hace dos años por el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Lo acompañaban su esposa, Desireé Elizondo, la veterana defensora de derechos humanos Vilma Núñez, y un grupo de reporteros que llegaron a solidarizarse y dar cobertura. El acto de protesta duró menos de 15 minutos: casi de inmediato, fue reventado por un despliegue de policías antimotines que empujaron y expulsaron a Chamorro de la fachada del pequeño edificio, en el que se han escrito muchos de los mejores capítulos de periodismo de investigación en Nicaragua. El sitio está hoy deteriorado por la confiscación.
No es la primera vez que la policía arremete contra Chamorro y su equipo. Todo inició en diciembre de 2018, año de protestas masivas y las consiguientes violaciones a los derechos humanos cometidas en Nicaragua por policías y paramilitares. Luego del asesinato de más de 325 personas, según organismos de derechos humanos, y la instalación de un estado policial de facto, el menú represivo del régimen sandinista incluyó ataques directos al periodismo independiente.
Confidencial, el medio dirigido por Chamorro, estuvo en la primera línea de la agenda represiva del Gobierno. Fue la primera redacción confiscada debido a su labor periodística. Durante 2018, la voz de Chamorro en su programa de televisión Esta Semana (también censurado) era la más vista y escuchada en la televisión abierta en Nicaragua. Mientras que la redacción de Confidencial logró probar por primera vez las ejecuciones extrajudiciales cometidas por policías y paramilitares durante la revuelta social. El medio de comunicación también documentó la responsabilidad del Ejecutivo sandinista en la masacre denunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través de de entrevistas y reportajes, entre ellos la publicación de una serie de correos electrónicos de la vicepresidenta Rosario Murillo con la orden “vamos con todo”.
La medianoche del 13 de diciembre de 2018, un contingente de tropas especiales de la policía ingresó por la fuerza a la redacción de Confidencial. Saquearon y destruyeron todo lo que encontraron por delante. 24 horas después, volvieron para confiscar el edificio de forma indefinida. Chamorro acudió a la sede policial a reclamar con su equipo periodístico, pero la respuesta que encontró fueron golpes y empujones.
“No van a confiscar al periodismo”
Chamorro, junto a buena parte de su equipo, tuvo que exiliarse por casi un año en Costa Rica, donde logró sobrellevar su trabajo sin callar, pese las dificultades. El periodista tomó la decisión de retornar del exilio en noviembre de 2019, asumiendo el riesgo de que en Nicaragua no hay garantías para la libertad de prensa. Los antimotines estuvieron prestos para demostrarlo cada vez que este periodista demandó la devolución de su redacción.
“No importa que el Estado policial se exhiba por la fuerza bruta, porque no van a confiscar las ideas, no van a confiscar al periodismo nunca”, le gritó Chamorro a los antimotines que este 14 de diciembre lo empujaban. “No van a impedir que la prensa libre siga informando y los siga retratando a ustedes ante los nicaragüenses y el mundo, porque ustedes son los ejecutores de órdenes ilegales”, agregó el periodista, hijo del exdirector de La Prensa Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por la dictadura somocista en 1978.
El director de Confidencial siempre ha insistido que la confiscación de su redacción carece de asidero legal. “En estos dos años de persecución, hemos agotado todos los recursos legales ante el Ministerio Público para que investigue el robo perpetrado por la Policía, y ante la Corte Suprema de Justicia para que ordene la suspensión de esta ocupación, sin obtener ninguna respuesta”, asegura Chamorro. “La Corte Suprema de Justicia admitió tres Recursos de Amparo, en nombre de las empresas Invermedia-Confidencial, Promedia-Esta Semana, y Cabal, pero desde inicios de 2019 están a la espera de un fallo en la Sala Constitucional, habiendo ya la Corte violado sus propios plazos de ley para impartir justicia”.
Persecución policial y política
El caso de Carlos Fernando Chamorro y sus medios de comunicación (que ante la censura televisiva se transmiten en redes sociales) ilustra el hostigamiento y los ataques que vive el periodismo independiente en Nicaragua. No solo se trata de confiscación de redacciones como la de Confidencial y el canal 100% Noticias, sino también de una oleada de juicios por injurias y calumnias contra reporteros y 344 ataques contra periodistas -casi uno por día- en lo que va de 2020, especialmente perpetrados por policías, según el observatorio de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
El clímax de esta persecución a la prensa independiente es la reciente aprobación de la ley de Ciberdelitos. La Ley Mordaza, como es conocida, impone multas o penas de cárcel de hasta ocho años contra los periodistas que el régimen considere que publiquen “noticias falsas”. Quien determinará que un reportaje es “noticia falsa” es el mismo gobierno sandinista.
“A pesar de la ocupación física de nuestra redacción, nunca nos callaron, ni podrán impedir con la nueva Ley Mordaza que sigamos fiscalizando el poder, investigando y denunciando la corrupción”, escribió Chamorro en un editorial este 13 de diciembre. “Hace más de un año regresamos del exilio para seguir contando la historia que empezó a escribirse en abril 2018: la salida del poder de una dictadura sangrienta por medios políticos pacíficos. Una historia de dolor y esperanza, cuyo principal protagonista son los ciudadanos autoconvocados, la nueva mayoría política Azul y Blanco, que hoy siguen resistiendo bajo asedio, en la cárcel, o en el exilio. Y aquí estamos, haciendo periodismo para recuperar la libertad paso a paso, en esta cruzada nacional por la verdad, la democracia y la justicia social, para que ‘Nicaragua vuelva a ser República”, escribió el periodista, aupando el lema acuñado por su padre.
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