El gobierno de Daniel Ortega acusa a la oposición de intentar lanzar un golpe de Estado y de presionar para que se impongan sanciones a los funcionarios después de que estallaron las protestas en su contra en abril de 2018.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este lunes una ley para evitar que se presenten a las elecciones generales de 2021 personas que, según el Gobierno, financiaron intentos de derrocar al presidente Daniel Ortega o alentaron sanciones contra sus funcionarios.
La llamada Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz fue aprobada por 70 votos del gobernante sandinismo.
Los críticos del gobierno ven la norma como un intento de amordazar a la oposición de Ortega, quien en noviembre de 2021 buscará su tercer mandato consecutivo. La ley no especifica cómo se determinará la inelegibilidad de los candidatos.
“Esos que piden sanciones internacionales contra Nicaragua o sus funcionarios que vayan a ser candidatos en el imperio”, dijo el presidente del Congreso, Gustavo Porras, en referencia a Estados Unidos durante el debate del proyecto de ley.
Porras es uno de los 27 funcionarios nicaragüenses que han sido sancionados por Estados Unidos en los últimos años.
El gobierno de Ortega acusa a la oposición de intentar lanzar un golpe de Estado y de presionar para que se impongan sanciones a los funcionarios después de que estallaron las protestas en su contra en abril de 2018.
Según organizaciones de derechos humanos, más de 320 personas murieron en los enfrentamientos subsiguientes mientras el Gobierno y los grupos armados leales a Ortega buscaban sofocar los disturbios.
Eliseo Núñez, un exlegislador de oposición, aseguró que Ortega busca anular cualquier competencia de cara a las presidenciales de 2021 y solo cedería si hubiera suficiente presión de la administración entrante de Estados Unidos.
La Organización de Estados Americanos (OEA) instó al gobierno a derogar la legislación, diciendo que le negaría al pueblo nicaragüense el derecho a elegir libremente a sus representantes y convertiría las elecciones de 2021 en “una imposición”.
Ortega enfrenta la presión de Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA) para ofrecer garantías de unos comicios transparentes en 2021.
Reuters