A poco más de una semana del final del período transitorio del Brexit y sin posibilidad ya de llegar a un acuerdo comercial ratificado antes del 1 de enero, la Comisión Europea ha empezado a explorar las fórmulas legales que podrían evitar o, al menos, mitigar el caos fronterizo y aduanero entre la Unión Europea y el Reino Unido. Las medidas a adoptar dependerán del desenlace de las negociaciones entre el equipo europeo de Michel Barnier y el británico de David Frost, que prosiguen sus reuniones en Bruselas. En caso de fracaso definitivo, la UE activará las medidas de contingencia para mantener durante seis meses una conectividad básica en el transporte aéreo y por carretera. Pero incluso si se logra el pacto, la Unión deberá buscar una solución para poder aplicarlo de manera temporal y suavizar el impacto del Brexit definitivo el 31 de diciembre.
“Estamos realmente en un momento crucial”, ha señalado Barnier este martes poco antes de informar sobre el estado de la negociación a los representantes de los 27 países de la UE en Bruselas. “Estamos dando el impulso final”, ha añadido el francés. A puerta cerrada, Barnier ha comunicado que ha habido progresos y que la mayoría de los puntos están acordados de manera preliminar “o a punto de estarlo”, según indicaron fuentes diplomáticas después del encuentro. Las discrepancias pendientes, según el lado europeo, solo atañen al sector pesquero.
Las dos partes siguen enzarzadas en una guerra de calendario y porcentajes de capturas para la flota pesquera en aguas británicas tras haber dado prácticamente por zanjados los temas más complejos, como las garantías de una competencia leal o los mecanismos disciplinarios del propio acuerdo comercial. Bruselas podría aceptar un recorte en el valor de las capturas de hasta el 25% a lo largo de un período transitorio de seis o siete años. Londres exige un recorte de más del doble y en solo tres años. Además, el Gobierno del ministro británico, Boris Johnson, quiere que tras el período de transición el acceso se negocie año a año, una incertidumbre añadida para el sector pesquero europeo. A cambio, Barnier exige el derecho de la UE a tomar represalias comerciales si el Reino Unido acabara vetando la pesca en sus aguas de influencia (hasta 200 millas).
La UE se muestra dispuesta a seguir negociando el tiempo que haga falta. “Hasta el 31 de diciembre o, incluso, más allá”, ha asegurado Barnier durante la reunión con los embajadores, según fuentes diplomáticas. Pero Bruselas cree que el acuerdo depende más que nada de la voluntad de Johnson, y de su cálculo sobre la rentabilidad política y electoral de un Brexit ordenado o de uno caótico.
La consecución de un acuerdo, incluso si es in extremis antes del 31 de diciembre, facilitaría soluciones transitorias a la espera de que el Parlamento Europeo lo ratificase a principios de 2021. La ruptura sin acuerdo, en cambio, obligaría a activar medidas de emergencia que paliarían el desastre, pero claramente insuficientes para mantener la intensa actividad de dos socios comerciales cuyas economías y cadenas de producción se han integrado durante los 47 años de pertenencia del Reino Unido a la UE. Las medidas de contingencia solo permiten mantener el transporte aéreo y por carretera con una conectividad básica, es decir, de ida y vuelta desde un punto del Reino Unido a otro de la UE, pero sin hacer escalas al avión ni recoger carga en puntos intermedios a los camiones.
Pero en uno y otro caso, la Unión Europea deberá buscar fórmulas legales que suavicen la transición desde un mercado abierto y sin fronteras el 31 de diciembre a un comercio sometido a controles aduaneros, fiscales y de procedencia de los productos y, si no se llega a un acuerdo, también a aranceles y cuotas de exportación.
El escenario más positivo
El Parlamento Europeo ya ha dado por descartado la ratificación de un posible acuerdo este año, incluso si Barnier y Frost lo lograran esta semana o a principios de la que viene. Ese escenario, con todo y ser el más positivo, no estaría exento de turbulencias políticas y legales.
El Consejo de la UE (donde se sientan los 27 Gobiernos) contempla la posibilidad de aplicar el acuerdo de manera provisional a partir del 1 de enero, a la espera de la ratificación del Parlamento europeo. Fuentes diplomáticas consideran que esa solución es legalmente posible y políticamente asumible.
Pero muchos europarlamentarios estiman que esa fórmula vacía de contenido su revisión del Tratado, porque el texto estaría en vigor cuando la Cámara se pronuncie y sería muy difícil oponerse a su aplicación. “Es una cuestión de respeto institucional”, ha indicado este martes la eurodiputada Iratxe García, líder del grupo Socialistas y Demócratas, el segundo más grande del Parlamento Europeo. “En este tipo de Tratados el Parlamento solo puede votar sí o no, y con la aplicación provisional nos quitarían también esa posibilidad”, se queja García.
Vía intermedia
Fuentes parlamentarias reconocen, sin embargo, que si Barnier logra un acuerdo aceptable para los 27 Gobiernos de la Unión será prácticamente imposible frenar su adopción. El Parlamento sugiere una vía intermedia, que le permitiría salvar la cara al menos desde el punto de vista formal, mediante la aplicación provisional solo de los capítulos del tratado comercial que sean esenciales para mantener la fluidez de los intercambios a partir del 1 de enero.
García señala que esa aplicación parcial no entusiasma a todos los grupos. Pero cree que habría una mayoría suficiente para aceptarla. “No vemos muchas más alternativas posibles”, reconoce. La aplicación provisional parcial o las medidas de contingencia, o ambas cosas a la vez, permitirían iniciar el nuevo año sin sobresaltos. Y el Parlamento europeo podría dar su consentimiento al tratado en el primer pleno de 2021, previsto a partir del 18 de enero.
En la Eurocámara parece haber una mayoría holgada, entre populares, socialistas, liberales y verdes, para confirmar la aplicación definitiva de un tratado que dará al Reino Unido un acceso al mercado europeo sin aranceles ni cuotas y viceversa para las empresas europeas. Pero el ambiente parlamentario podría caldearse si el Consejo ignora las peticiones de los grupos y opta por una aplicación provisional completa desde el primer día. “En ese caso es probable que la ratificación sea a cara de perro y podríamos entrar en una batalla dialéctica y eso es lo que me preocupa”, avisa la líder de los socialistas europeos.
La opción más catastrófica
El otro escenario, aún más catastrófico, sería la ausencia de acuerdo el 31 de diciembre. En ese caso, las relaciones comerciales entre la UE y el Reino Unido pasarían a regirse por las normas de la Organización Mundial de Comercio, un marco que llevaría a imposición de aranceles y a normativas muy generales poco adaptadas al volumen de comercio que circula entre las dos orillas del canal de la Mancha. El Gobierno de Johnson camufla el descalabro del no acuerdo con el eufemismo de “acuerdo a la australiana”. Pero el país de las antípodas solo es el destino del 1,7% de las exportaciones europeas mientras que el mercado europeo absorbe el 46%. A su vez, el mercado británico es el destino del 18% de las exportaciones extracomunitarias de los 27 socios de la UE. En total, más de 500.000 millones de euros en tráfico anual de mercancías que podría estar en peligro a partir del 1 de enero si se opta por un post-Brexit caótico.
Ni siquiera el Brexit ordenado permitirá mantener el status quo. Desde hace meses, las autoridades europeas y británicas advierten que, con o sin acuerdo post-Brexit, las empresas de uno y otro lado deben prepararse para una relación comercial que será mucho más compleja y estará sujeta a obligaciones (como declaraciones aduaneras o fiscales) que hasta ahora no existían.
El enorme atasco registrado esta semana en territorio británico tras el cierre de la frontera francesa (a raíz de la escalada de casos de covid-19 en el Reino Unido atribuidos a una mutación del virus) ha sido un amargo aperitivo de lo que podría convertirse en una pesadilla diaria a partir del 1 de enero.
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