Una jueza estadounidense consideró “inconstitucional” el transporte de inmigrantes indocumentados por parte de autoridades locales en Florida en un fallo previo al juicio que enfrenta en enero próximo el Gobierno estatal por una ley que sanciona a las llamadas ciudades santuario.
Según documentos de la corte obtenidos por Efe, la jueza Beth Bloom falló en el tema del transporte a favor de varias organizaciones migratorias y civiles que en 2019 presentaron la demanda contra la ley 168, sancionada por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.
Dicha ley de Florida, estado con más de 20% de inmigrantes, obliga a las policías locales a cooperar con las autoridades migratorias para su deportación y sanciona a las ciudades que adopten políticas santuario.
Exige que todas las agencias estatales, gobiernos municipales y departamentos de policía cumplan no solo con la ley federal de inmigración, sino que también trabajen con agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener y deportar a los inmigrantes.
“Estamos felices de ver que el sistema judicial comienza a estar de acuerdo con nosotros”, expresó Antonio Tovar, director ejecutivo saliente de Farmworker Association of Florida (FWAF).
Subrayó que se trata de una ley que afecta la economía floridana que depende del trabajo de los inmigrantes y que alienta a las autoridades a la “discriminación racial”.
“Esperamos con interés el juicio y demostrar que la SB 168 es discriminatorio e inconstitucional, y no tiene cabida en Florida”, manifestó este lunes Oscar Londoño, director ejecutivo de WeCount!, uno de los grupos demandantes sobre el proceso judicial que se llevará a cabo a partir del próximo 4 de enero.
Según la organización Southern Poverty Law Center (SPLC), que apoya legalmente la demanda, estas leyes desperdician el dinero de los contribuyentes, ponen en peligro a las comunidades, separan a las familias y exponen a las autoridades locales a costosas demandas de derechos civiles.
La jueza Bloom señala además en su fallo preliminar que los demandantes “ofrecen una amplia gama de pruebas” de grupos “controvertidos” antiinmigrantes como Floridanos para el Control de Inmigración (FLIMEN), la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR) y el Centro de Estudios de Inmigración (CIS) participaron en la redacción de la ley.
María Rodríguez, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), señaló que la SB 168 fue motivada por el “racismo” y es “dañina no solo para las familias objetivo, sino también para nuestra democracia, nuestra seguridad y nuestros presupuestos”.
Entre las organizaciones que demandaron están también Americans for Immigrant Justice, Hope Community Center y The Guatemalan-Maya Center, entre otros.
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