Dustin John Higgs, un hombre negro de 48 años, ha sido ejecutado en las primeras horas de este sábado y se ha convertido en el último preso federal en morir bajo el mandato de Donald Trump y en el decimotercero desde que el Departamento de Justicia reinició las ejecuciones a nivel federal, incluida la primera mujer en siete décadas.
Higgs había sido condenado por el secuestro y ordenar el asesinato de tres mujeres en 1996, aunque defendió su inocencia hasta el final. “Me gustaría decir que soy un hombre inocente. Yo no ordené los asesinatos”, según sus últimas palabras recogidas por la cadena CNN. El autor material de las muertes fue Willis Haynes, condenado a cadena perpetua. Higgs ha recibido una inyección letal en la penitenciaría federal Terre-Haute de Indiana.
Los hechos se remontan a 1996, cuando una noche de enero Higgs invitó a tres mujeres jóvenes a su apartamento cerca de Washington con dos amigos. Una de las chicas rechazó sus avances y él se ofreció a llevarlas a casa, pero en lugar de eso se detuvo en un descampado donde, según el Departamento de Justicia, ordenó a uno de sus amigos a disparar a las tres mujeres, de entre 19 y 23 años. “Es arbitrario e injusto castigar al señor Higgs más que al asesino”, dijo su abogado Shawn Nola en la solicitud de clemencia dirigida al presidente Donald Trump a finales de diciembre. El abogado apeló recientemente la ejecución de la condena porque su defendido padecía coronavirus y era probable que sus pulmones afectados por la enfermedad sufrieran mucho en el momento de la inyección de pentobarbital.
El Tribunal Supremo de EE UU se ha negado a detener la ejecución, aunque algunos de los jueces discreparon, como la progresista Sonia Sotomayor, quien lamentó la “urgencia sin precedentes” que ha rodeado el caso. “Después de haber esperado casi dos décadas para reanudar las ejecuciones federales, el Gobierno debería haber procedido con cierta moderación para asegurarse que lo hizo de manera legal”.
Estados Unidos reanudó las ejecuciones a nivel federal en julio de 2019 por orden del fiscal general, William Barr, tras una moratoria de 16 años. Desde entonces, solo se habían llevado a cabo tres ejecuciones federales, aunque han seguido produciéndose en los 29 Estados en los que está en vigor. Barr defendió la decisión al argumentar que las ejecuciones federales están contempladas por el Congreso y las últimas van dirigidas contra “los responsables del asesinato, y en ocasiones, la tortura y violación, de los más vulnerables de la sociedad, niños y ancianos”.
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