¿Acoso y derribo injustificado o hundimiento bajo el peso de los propios errores? El director ejecutivo de la Agencia europea de fronteras (Frontex), Fabrice Leggeri, se encuentra en medio de una campaña de investigaciones y acusaciones sin precedentes en Bruselas, donde los ceses y dimisiones son siempre excepcionales. Sobre el directivo francés pesan duras críticas por una pésima gestión, degradación de las relaciones en el seno de la agencia y, sobre todo, por supuesta connivencia con la devolución en caliente de emigrantes en la frontera entre Grecia y Turquía. La cúpula de Frontex se tambalea en el momento más importante de su historia, cuando está a punto de dejar de ser una mera agencia de coordinación para estrenar su propia guardia de fronteras compuesta por miles de agentes, el primer cuerpo uniformado y armado en la historia de la UE.
“La agencia mejor financiada no está cumpliendo las expectativas ni los objetivos marcados por el Reglamento”, asegura el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, presidente de la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo, la encargada de supervisar Frontex y al resto de agencias relacionadas con la política migratoria o con la protección de los valores fundamentales.
López Aguilar ha seguido la evolución de Frontex desde sus inicios, porque la agencia se creó en 2004, cuando el eurodiputado ocupaba la cartera de Justicia en el Gobierno español. A partir de esa experiencia, López Aguilar cree que Frontex está sufriendo “una crisis de crecimiento” que a su vez ha desatado “una contienda política” por su control.
La agencia arrancó como un órgano de coordinación, con escasas atribuciones. Pero tras las reformas de 2016 y, sobre todo, la de 2019, ha emergido como un poderoso organismo y desde este año empezará a dotarse de una fuerza de 10.000 agentes que formarán del primer cuerpo armado comunitario en la historia de la UE.
El presupuesto de la agencia también se ha disparado, desde los seis millones de euros en su primer ejercicio a 93 millones de euros en 2014, un año antes de la gran crisis de refugiados y 460 millones en 2020. El nuevo marco presupuestario (2021-2027) asigna a la agencia una partida de 800 millones de euros anuales.
La ampliación de poderes y recursos ha elevado el nivel de exigencia por parte de la Comisión Europea, en particular, por la comisaria de Interior, la socialdemócrata Ylva Johansson. Otros organismos comunitarios también han puesto la lupa sobre Leggeri. La Oficina de lucha contra el fraude (OLAF) irrumpió la semana pasada en los despachos de Leggeri y su jefe de Gabinete en la sede central de Frontex, en Varsovia, a la búsqueda de pruebas sobre presuntas irregularidades. La Defensora del pueblo europeo también abrió una investigación en octubre del año pasado. Y el Tribunal de Cuentas europeo ultima un informe con tono muy crítico sobre la gestión de Frontex.
Al choque de Leggeri con la comisaria Johansson se unen los continuos roces del francés con el Parlamento Europeo. “Siempre ha sido reacio a comparecer ante la Comisión de Libertades y ya antes de la pandemia ponía excusas para no venir y acababa interviniendo por videoconferencia”, lamenta López Aguilar.
El grupo socialista ya ha pedido su dimisión. Y fuentes comunitarias aseguran que el caso está “en punto de ebullición y la cúpula de Frontex podría saltar por los aires en cuestión de semanas”. Pero Leggeri, de momento, ha plantado cara y juega sus cartas para mantenerse en el cargo. En el consejo de administración de Frontex cuenta con el apoyo de todos los países partidarios de blindar las fronteras y frenar de manera tajante las llegadas irregulares. Ese grupo ha esgrimido la sentencia del Tribunal europeo de Derechos Humanos que avaló la decisión de España de devolver a Marruecos unos migrantes que habían irrumpido por la fuerza en Melilla. Ese precedente podría eximir a Leggeri de la responsabilidad en la devolución a Turquía de embarcaciones que se encontraban ya en aguas griegas, un hecho reconocido por la propia Agencia en un informe al que tuvo acceso EL PAÍS.
A favor de Leggeri también pesa su pasaporte. Francia podría resistirse a que uno de sus altos cargos en el organigrama comunitario sea defenestrado de tan mala manera. Fuentes comunitarias señalan que el francés está explotando sus numerosos contactos en París para defender su posición. Leggeri estudió en la ENA, auténtico vivero de la clase dirigente francesa, y antes de llegar Frontex en 2015 ocupó puestos de responsabilidad en los ministerios franceses de Interior y de Defensa y de Asuntos Exteriores (número dos y embajador en funciones en Corea del Sur).
Fuentes comunitarias dudan, sin embargo, que Leggeri pueda sobrevivir políticamente a los numerosos frentes que se le han abierto en cascada en los últimos meses.
Devoluciones en caliente
Leggeri se ha enfrentado esta semana al enésimo escrutinio sobre su gestión durante una reunión extraordinaria del consejo de administración del organismo. La reunión se saldó con un choque frontal entre los miembros del consejo que, encabezados por la Comisión Europea, acusan al dirigente de Frontex de no despejar las sospechas sobre la implicación de la agencia en las devoluciones en caliente en el mar Egeo. El francés se mostró en la cita “cabizbajo” y “asustado”, según una fuente próxima a la reunión.
El consejo debatió en la reunión del jueves el informe preliminar de una investigación interna en el que se exculpa a Frontex en ocho de los 13 incidentes analizados. Pero persiste el interrogante sobre los cinco restantes así como el “malestar” por la falta de colaboración de la Agencia en aclarar lo sucedido. Aun así, Leggeri sobrevivió a la reunión. Y partidarios y detractores del director preparan el próximo asalto, tal vez el definitivo, para otra reunión del consejo el próximo 26 de febrero, cuando se presentará el informe final sobre la investigación interna.
El informe preliminar, al que ha tenido acceso EL PAÍS, es claramente exculpatorio. Y enumera una larga lista de supuestos atenuantes que justificarían en parte las posibles irregularidades de la Agencia. “El grupo de trabajo reconoce plenamente las circunstancias especiales que influyen en las acciones de los agentes responsables en cada caso”. Y señala todos los factores ligados a una actuación en el mar, como “corrientes, oleaje, clima amenazas de tipo híbrido”. El informe pide también que se tome en cuenta “la actitud de los pasadores y de los migrantes en las lanchas” así como la “conducta volátil de las autoridades fronterizas turcas”, en alusión a su fluctuante colaboración con los agentes griegos y europeos.
La Comisión Europea y varios Estados miembros tampoco están satisfechos con la gestión de Leggeri en cuanto al despliegue del nuevo cuerpo de guardias europeos. Frontex debía contar desde el pasado 1 de enero con 700 agentes operativos, según lo pactado por los Estados miembros. La Agencia, de momento, solo ha conseguido reclutar a 419 y únicamente ha completado la formación de 255 de ellos. Frontex calcula que a finales de este año contará con 650, es decir, 12 meses después de lo previsto y todavía por debajo del objetivo marcado. El retraso, según Bruselas, solo puede atribuirse en parte al impacto de la pandemia.
Para la Comisión Europea es mucho más grave aún que Frontex no cuente todavía con ninguno de los 40 oficiales encargados de velar por el respeto a los valores fundamentales de la UE y que debían estar en sus puestos el pasado mes de diciembre como muy tarde. Bruselas acusa a Leggeri de retrasar la contratación de un personal que sería imprescindible para verificar las denuncias sobre vulneración de derechos de los emigrantes y sobre devoluciones en calientes.
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