Si hay un sector que ha resultado especialmente dañado por las restricciones a la movilidad impuestas en todo el mundo por la propagación de la pandemia ha sido el turismo y todas las actividades adyacentes, desde la hostelería al transporte. La significación de los costes es particularmente importante para la economía española, en la que ese sector representa una proporción destacada del PIB y el empleo. La contracción ha sido generalizada, tanto del turismo extranjero como nacional. El número de turistas extranjeros cayó casi un 80%, desde los casi 84 millones de 2019. El sector, que representaba un 12% del PIB, se situó alrededor del 5% el año pasado, y una parte mayoritaria del desempleo actual está vinculada con ese desplome.
El resultado es un panorama empresarial preocupante, en especial de aquellas firmas con menor capacidad defensiva, ya sea por razón de su dimensión o de la estructura financiera dominada por el endeudamiento, o de ambas. Las perspectivas sobre la viabilidad de muchas empresas son cuando menos dudosas. Dependen estrechamente de los avances sanitarios, en particular de la extensión de las vacunas, primero en España, pero igualmente en los países de origen de los visitantes. Será también importante que la recuperación del crecimiento económico resulte suficientemente intensa y sus rentas bien distribuidas para que el gasto pueda remontar de forma significativa. En ausencia de esas condiciones las dificultades empresariales tardarán en superarse
Ante una situación tal, es razonable que las autoridades se planteen la necesidad de apoyos específicos al sector. Pero habrá que hacerlo atendiendo a dos criterios fundamentales. Por un lado, aunque sea una tarea compleja, hay que tratar de vincular las ayudas a un análisis de la solidez y capacidad de supervivencia de las empresas que aspiran a recibirlas para evitar zombificar el sector e inyectar de forma ineficaz dinero de los contribuyentes. Por el otro, hay que condicionar de forma significativa esas ayudas a mejoras de la oferta. Esto último debería hacerse siguiendo las dos líneas maestras que inspiran la distribución de los fondos europeos: sostenibilidad medioambiental y avances en la digitalización.
Lejos de regar con recursos públicos de forma indiscriminada a todo tipo de empresas, las autoridades deberían disponer de un plan de mejora de las condiciones de oferta y del funcionamiento de las empresas. Ese plan debería asentarse en la necesidad de que el binomio sol y playa, dominante en España, sea respetuoso con el medio ambiente y de fomentar la puesta en valor de otros atributos de este país que permitan diversificar la llegada de visitantes. Esto significa apostar por otros activos españoles, como los artísticos, culturales o históricos, todos ellos susceptibles de atracción para visitantes con un gasto medio superior al actual. Serían condiciones que, aun con un número inferior de visitantes, podrían lograr que la contribución económica del sector fuera mayor. Estas mejoras de la calidad de la oferta y de las empresas producirían, con toda probabilidad, una mayor estabilidad en el empleo, la mejora del capital humano y de las rentas. El sector es esencial para España y necesita ayuda. Pero este país no puede permitirse inversiones fallidas, y la tranquilidad de los contribuyentes quedaría garantizada si estas están rigurosamente ponderadas y vinculadas a una inteligente modernización del sector.
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