El juicio del caso máster ―que sienta en el banquillo a Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, acusada de inducir a la falsificación del acta del trabajo final de máster (TFM) que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC)― ha entrado en su recta final con la celebración de la cuarta y penúltima sesión. Una jornada, la de este viernes, que ha deparado varias novedades: la defensa de la exdirigente del PP ha aprovechado para retirar la prueba que presentó por sorpresa antes de comenzar la vista oral y, paralelamente, varios alumnos han puesto sobre la mesa más irregularidades en la expedición de este título, dirigido por el catedrático Enrique Álvarez Conde, fallecido en 2019 y calificado como “cerebro” de la trama por la juez que llevó la investigación.
La sesión de este viernes ha arrancado con el movimiento del abogado de la exjefa del Gobierno regional. Antes de que comenzaran a desfilar los últimos testigos, la defensa de Cifuentes ha decidido retirar la prueba que presentó justo antes de empezar el juicio: un pendrive que contenía una supuesta copia de seguridad de la agenda de la exdirigente del PP cuando ostentaba los cargos de delegada del Gobierno en la Comunidad y de presidenta. En dicho calendario, que no se ha aportado hasta dos años después de comenzar la instrucción, aparece que la política había apuntado el 2 de julio de 2012 como la fecha para defender su trabajo fin de máster. Sin embargo, nadie de la universidad tiene constancia de ello. El letrado de Cifuentes ha renunciado a este documento después de que el tribunal pusiese como condición para aceptarlo que todas las partes pudieran examinarla en su integridad.
Este movimiento ha ejercido de prólogo. A continuación, varios profesores de la URJC y varios alumnos han declarado como testigos. De sus interrogatorios han brotado más anomalías que sobrevuelan este curso. Una docente, Laura Nuño, no ha reconocido su firma en varias actas que presuntamente aparecen rubricadas por ella. Tres estudiantes han asegurado que tampoco defendieron el TFM ante un tribunal. En este sentido, Roberto Enrique Medina, un profesor de la Universidad Rey Juan Carlos que se apuntó al máster, ha dicho que dejó de ir a clase muy pronto y que ni siquiera presentó un trabajo final. Pese a ello, ha remachado, recogió el título tras pagar una tasa por ello. “Eso me permitió cursar después una tesis doctoral”, ha admitido.
—¿La URJC le ha exigido la devolución del título?—, le ha preguntado entonces uno de los abogados de la defensa.
—No—, ha contestado Medina.
Otro testimonio ha infligido, por su parte, un golpe a la versión de Cifuentes. Esther González, profesora de la URJC y del máster, ha detallado que ella se relacionaba perfectamente con Álvarez Conde por correo electrónico: “Yo le he mandado trabajos por email”. Este extremo adquiere importancia después de que la expresidenta asegurase que el catedrático odiaba ese medio de comunicación. Fue la excusa que puso ante la pregunta de por qué no guardaba ningún trabajo del máster o ningún correo que intercambiase con él.
La petición de la Fiscalía
Además de Cifuentes, para quien la Fiscalía ha mantenido este viernes la petición de tres años y tres meses de cárcel, se sientan en el banquillo María Teresa Feito ―exasesora de la Consejería de Educación madrileña y funcionaria de la Universidad Rey Juan Carlos―, que se enfrenta a la misma pena; y Cecilia Rosado, profesora del máster e integrante del tribunal que supuestamente examinó a Cifuentes. La Fiscalía, que prevé la posibilidad de que se le aplique a esta última el atenuante de confesión, solicitaba para ella 21 meses porque reconoció que falsificó el acta y colaboró con la justicia.
Ambas han adquirido un gran protagonismo. Feito, profesora de inglés de la URJC que ejercía como asesora de la Comunidad cuando estalló el escándalo, se encontraba físicamente en el epicentro de la crisis el 21 de marzo de 2018, cuando se publicó la primera noticia que salpicaba a Cifuentes. Ella misma reconoció que ese día acudió a la universidad y contactó con los implicados, pero alega que fue simple casualidad. Pese a ello, durante la vista oral, varios testigos la han situado al frente de las labores para solucionar el problema.
Según mantienen la Fiscalía y la juez instructora, la expresidenta autonómica envió a Feito a la URJC para “evitar las nefastas consecuencias políticas” que se avecinaban. Había que evitar que la noticia le perjudicara más y, para ello, se instó supuestamente a fabricar el acta del TFM. Además, Rosado ha confesado en el juicio que la falsificó porque Feito la presionó y se lo exigió expresamente.
Aunque estaba previsto que el juicio acabara este viernes, se ha habilitado finalmente el próximo viernes como jornada final. Será entonces cuando todas las partes expongan su visión de los hechos. Por último, las tres acusadas tendrán derecho a la última palabra.
Source link