La Estrategia de Acción Exterior 2021-2024 recientemente enviada al Parlamento por la ministra de Asuntos Exteriores del Gobierno español, Arancha González Laya, propicia una bienvenida oportunidad de reflexión sobre esta importante rama de la acción gubernamental, tanto sobre el documento en sí mismo —sus valores y objetivos— como acerca del desempeño en esta materia del Ejecutivo de coalición durante su primer año de mandato.
La estrategia esboza un diagnóstico por lo general certero del escenario internacional y del papel que puede jugar España como miembro destacado del club europeo. La hoja de ruta recoge valores y objetivos claros y sensatos, reafirmando la vocación europeísta y multilateral. Se esbozan ejes de actuación concretos adaptados al nuevo escenario global fruto de la pandemia, pero manteniendo las líneas principales de la tradicional acción exterior. La promoción de los derechos humanos, con especial énfasis en un enfoque feminista en las relaciones internacionales, es un axioma correcto a partir del cual se pretende estructurar la diplomacia, definida en cuatro variables fundamentales: económica, tecnológica, climática y multilateral. Lógica también parece la disposición a buscar con inteligencia geometrías variables para abordar una realidad geopolítica especialmente compleja y fluctuante. Ojalá el documento sirva de base para tejer consensos internos sobre lo que este país es y puede representar a escala global, más aún en un momento en el que parece casi imposible el diálogo entre Gobierno y oposición.
La publicación de la estrategia invita también a un balance de los resultados del primer año de Gobierno, que compone un escenario claroscuro. Entre los aspectos positivos, cabe empezar por la misma composición del Ejecutivo, con varias figuras con considerable proyección internacional, entre las que destacan Nadia Calviño, Teresa Ribera o la propia González Laya. La posición de Josep Borrell como Alto Representante de la UE es otro gran activo. Tras el bajo perfil de la época Rajoy, este Ejecutivo puede sin duda considerarse como más proactivo en la UE. Los resultados logrados en Europa son mayoritariamente favorables —fondos europeos y cuestión Gibraltar—, aunque en buena medida el mérito de ellos corresponda a dinámicas generales y no solo a la acción española. Debe juzgarse positivamente en este ámbito la mejorada cooperación con Italia, un actor con el que se pueden desarrollar provechosas sinergias en asuntos económicos o migratorios. Para el futuro, habrá que tener en cuenta que la posición de receptor de ingentes ayudas a fondo perdido dificultará la posición de España.
Menos satisfactorio es el balance en el eje de acción norteafricano. La gestión de los flujos migratorios no ha sido adecuada, como evidencia la crisis en Canarias. Esta situación tiene un componente de gestión interior, pero también exterior. En todas ellas es necesario mejorar. Hay que lograr mayor compromiso de solidaridad desde la UE y mejor interacción con los socios africanos, especialmente Marruecos. Muy significativa en ese sentido es la cancelación de una cumbre bilateral que estaba prevista en diciembre. Hay que avanzar en ese terreno. Otro aspecto cuestionable es la voz propia —y discrepante— que ha buscado el socio júnior de la coalición en esta materia. Ha ocurrido tanto en cuestiones latinoamericanas como en el asunto saharaui. Esto es un error que causa cierto desgaste a la acción exterior del Gobierno.
En cuanto a Latinoamérica, España debe impulsar la construcción de una agenda compartida con esa región. La posición de Borrell es un buen instrumento para que España influya a fondo en la política latinoamericana de la UE, algo que convendría reforzar en el plan de acción presentado por el Ministerio. El tiempo dirá si el giro promovido en Venezuela dará algún fruto.
En todo este marco, lo esencial es la cohesión dentro de la coalición y el máximo nivel de entendimiento con la oposición para que esta sea una política de Estado.
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