El Gobierno prepara una batería de medidas para mitigar la oleada de insolvencias empresariales que puede llegar a partir de primavera, según alertan el Banco de España, las instituciones europeas y hasta Mario Draghi, exjefe del Banco Central Europeo y una de las figuras de la última crisis. Parte del Ejecutivo reclama más ambición: Podemos presiona a Economía para que active un plan de ayudas directas a las empresas, en especial a los sectores más castigados, y varios ministros socialistas admiten que España tiene recorrido por ese flanco. El Tesoro acaba de reducir en 10.000 millones las emisiones de deuda en 2021. “La economía necesita un plus porque el próximo semestre va a ser malo; lo ideal sería usar esos 10.000 millones”, señala el responsable de Economía de Podemos, Nacho Álvarez. Fuentes de Economía sostienen que esa cifra en concreto nunca se le ha trasladado a la vicepresidenta. Pero el debate está ahí.
El socio minoritario de la coalición de Gobierno es partidario de reforzar “desde ya” las ayudas directas, en particular para el sector de la hostelería. Y ese debate lleva un tiempo sobre la mesa del Consejo de Ministros, con dos bandos diferenciados: quienes creen que 2021 va a ser un año de recuperación fuerte y apuntan que España ya ha hecho lo suficiente por el lado fiscal, y los ministros que atisban la recuperación aún lejos y, por tanto, aspiran a reforzar los estímulos previstos en el Presupuesto ante un semestre más difícil de lo esperado, en el que ni las vacunas ni los fondos europeos —los dos grandes motores de la reactivación— van a surtir efecto todavía. Economía tiene sobre la mesa varias fórmulas para abordar reestructuraciones de deuda o figuras como los préstanos participativos, como adelantó ayer EL PAÍS. Pero al menos una parte del Consejo de Ministros es partidaria de subir un grado la ambición de ese paquete, con ayudas directas a las empresas, como han hecho otros socios europeos, como piden también las patronales y el PP y como han solicitado tanto el Banco de España como el FMI.
Este debate se ha reproducido en varias ocasiones en el seno del Gobierno, en especial en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Y fue muy intenso durante la discusión del plan de la hostelería, que se retrasó varias veces entre otras cosas por esta disputa. La ministra de Industria, Reyes Maroto, era una de las que más insistía en la necesidad de aprobar ayudas directas, como han hecho otros países, en especial Alemania. Finalmente se apostó por una fórmula intermedia que la semana pasada logró un amplio apoyo en el Congreso.
Las reticencias más fuertes llegan de la vicepresidencia económica y el Ministerio de Hacienda, que insisten en que la ayuda más potente para las empresas son los ERTE, que implican que el Estado asume los salarios, o la reducción de cotizaciones. El Ejecutivo activó también hace meses un paquete de 10.000 millones para entrar en el capital de empresas estratégicas. Pero una parte del Gobierno insiste en que hay que hacer más, y apuntan a los 10.000 millones adicionales procedentes de la reducción de las emisiones de deuda pública previstas por el Tesoro para este año.
No hay comidas gratis, dice un viejo adagio en economía. Y esta tampoco lo es: se trata de salvar los próximos seis meses, hasta que los datos de contagios mejoren y los fondos europeos empiecen a llegar, pero a costa de más déficit. Podemos apunta, en línea con organismos como el FMI, que no es el momento de preocuparse por la situación fiscal, pero el partido que lidera Pablo Iglesias no está solo en esa reivindicación. Tanto los sindicatos como la patronal han lanzado reiterados mensajes en ese sentido. E incluso en el flanco socialista del Consejo de Ministros ha cuajado la idea de que España ha hecho relativamente poco.
La Moncloa apoya a la vicepresidenta Nadia Calviño: “El paquete fiscal ha sido potente, ha sostenido a empresas y trabajadores a través de los ERTE y el ICO, y es Economía quien se ha encargado de acompasar las medidas a la situación económica”, según las fuentes consultadas. Sin embargo, ese debate se abre paso en el Consejo de Ministros y en el PSOE a medida que se va comprobando que la leve recuperación del cuarto trimestre puede dejar paso a unos meses complicados. Economía sostiene también que el paquete de ayudas directas, además de los 10.000 millones de la SEPI para empresas estratégicas, incluye los ERTE, así como las medidas para los autónomos y las incluidas en el plan de la hostelería. Junto con las moratorias fiscales, las medidas relativas a las cotizaciones a la Seguridad Social y las líneas de crédito y los avales del ICO, el Ministerio sostiene que las ayudas del Gobierno español están en la banda alta de lo que de veras se ha otorgado en Europa. Pero las cifras de la Comisión Europea sitúan a España en el furgón de cola en las medidas de gasto discrecionales.
Desde el sector del Ejecutivo que más rechaza la idea de las ayudas directas aclaran, en cualquier caso, que se está analizando en todo momento la evolución de la economía y sobre todo la capacidad de supervivencia del tejido empresarial. Las mismas fuentes apuntan que esos 10.000 millones están ahí por si hicieran falta, porque España de momento no está teniendo problemas en sus emisiones de deuda. También insisten en que los ERTE suponen un gasto enorme para el Ejecutivo, mayor incluso de lo que podría implicar algún tipo de ayuda directa, y además argumentan la complejidad del Estado autonómico para justificar su rechazo. Son las autonomías las que tienen las competencias para esas ayudas directas, y algunas las están inyectando ya.
En cualquier caso el debate no está cerrado. La dureza de la tercera ola ha hecho saltar las previsiones por los aires. Y hasta los más resistentes admiten que es posible que esas ayudas sean la única opción en pocas semanas.
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