Santiago García, un juez veterano que dejó su plaza en la Audiencia de Huelva para pasar a la trinchera de los juzgados de instrucción de Barcelona hace tres años, sabe que llegan días complicados, inciertos, tensos. Es el presidente de la Junta Electoral de Zona de Barcelona —que incluye la capital, pero también Badalona, Santa Coloma y Sant Adrià— y su tarea es garantizar que las elecciones del 14 de febrero se celebren con garantías. La pandemia no lo pone fácil. García confía en que se pueda votar, pero admite que habrá que contener el aliento hasta el final: “A las 9.00 sabremos si las elecciones son viables”.
“El gran riesgo es que no se constituyan algunas mesas electorales”, admite. Teme que los ciudadanos designados por sorteo para ejercer de presidentes y vocales —tres por mesa, más seis sustitutos— no se presenten a la cita. El momento crítico es de 8.00 a 9.00. García y los otros cuatro miembros de la junta estarán a esa hora en la Ciudad de la Justicia, esperando llamadas ante posibles incidentes en la apertura de colegios. “Hay un porcentaje alto de viabilidad. Todo el mundo está haciendo un esfuerzo para que se haga la votación”.
Aunque la participación en una mesa electoral es obligatoria y ausentarse se castiga con penas de multa y hasta de prisión (de tres meses a un año), el miedo al coronavirus tiene su peso. “Ir a votar es una acción puntual. Pero estar muchas horas en la mesa, recibiendo a gente, puede ser un riesgo”, admite García. El juez recuerda que, en unas elecciones, el ciudadano que está en la mesa se transforma en una suerte de “servidor público”. De modo que si se contagia, o sufre otro percance, puede exigir responsabilidades a la administración y que esta le compense.
La insumisión que han planteado abiertamente colectivos de ciudadanos es otro factor de riesgo. Dice García que están recibiendo cientos de correos con “peticiones falsas” para ausentarse de las mesas, que pretenden “colapsar el buzón”. “No me extrañaría que el día 14”, vaticina con cierto temor, “puedan sabotearnos la línea telefónica”.
El alud de peticiones para ser eximido de participar le preocupa: 3.500, la inmensa mayoría (unas 3.000) por razones médicas. “La gente alega que padece patologías previas o cargas familiares, como el cuidado de hijos o personas vulnerables”, explica. En la decisión pesa que exista un certificado médico y, sobre todo, que el riesgo para el ciudadano “sea grave o asumible”. Apenas han resuelto 100 y de estas la mitad las han admitido. García confía en dar un acelerón este jueves, en una nueva reunión de la junta en la que contarán ya con la ayuda (al principio negada por la administración) de dos médicos forenses para las valoraciones.
¿Y qué pasa si no hay titulares ni reservas suficientes? La ley electoral prevé que la junta local pueda designar a los ciudadanos más madrugadores: los que estén en el colegio electoral. Mala idea, opina García. “La solución de que el primero a votar se queda es muy brutal. Además, el 14-F la primera franja horaria está reservada para las personas vulnerables…” Antes que dar ese paso, el presidente cree que habrá que buscar “bolsas de voluntarios” para que formen parte de las mesas. No es algo que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) —una ley “anacrónica”, que no permite “individualizar” las excusas para saltarse la mesa, según García— prevea y, además, los voluntarios deben ser facilitados por los ayuntamientos. El Ayuntamiento de Barcelona no ha previsto por ahora ningún contingente de voluntarios porque “nadie lo ha pedido”, informa Clara Blanchar. En una de las reuniones ha llegado a discutir con sus compañeros la posibilidad de incorporar, llegado el caso, a interventores y apoderados. “Yo no lo veo, porque son partidistas… Pero no sé, ante circunstancias excepcionales, soluciones excepcionales”.
Con la intención de “agilizar” el recuento de votos y de minimizar riesgos sanitarios, la junta de Barcelona ha acordado que los presidentes de las mesas no tengan que desplazarse a la Ciudad de la Justicia para entregar los sobres con las papeletas. Diez magistrados se desplazarán a los colegios para recoger los votos. Una ronda larga: 342 colegios electorales de Barcelona, más los de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Adrià del Besòs.
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