Unas inusuales maniobras militares israelíes en el valle del Jordán han reavivado la amenaza del desplazamiento forzoso de población palestina en el territorio ocupado de Cisjordania. Las viviendas y corrales de varias familias de pastores beduinos –que suman 61 personas, entre ellas 33 menores– han sido desmantelados por el Ejército entre el lunes y el miércoles en la aldea de Humsa al Baqaia, 40 kilómetros al norte de Jericó. Estas demoliciones de hogares palestinos –las primeras de entidad desde la llegada a la Casa Blanca del demócrata Joe Biden– arrasan una población que ya fue desalojada en masa por las tropas hace tres meses.
Israel controla la denominada Área C de Cisjordania, un 60% del territorio sobre el que tiene jurisdicción exclusiva, según los Acuerdos de Oslo de 1993 que dieron nacimiento a la Autoridad Palestina, y que incluye el valle del Jordán. Las autoridades militares de enlace que gestionan la ocupación aseguran que las viviendas y estructuras derribadas no contaban con licencia de edificación, y responsabilizan a los beduinos de “ignorar el peligro de permanecer en una zona de maniobras” y “rechazar una oferta para realojarse en otro lugar”.
Las Fuerzas Armadas han emprendido esta semana ejercicios de amplio alcance en áreas de Cisjordania –como en las colinas del sur de Hebrón–, que habían sido declaradas por Israel como campos de tiro, a pesar de estar habitadas por beduinos asentados desde hace décadas en poblados de jaimas. Construcciones de servicios y equipamientos donados por la cooperación internacional han contribuido en los últimos tiempos a la permanencia de los civiles.
La ONG pacifista israelí B’Tselem considera que la “inusualmente amplia” demolición de Humsa al Baqaia “persigue un desplazamiento forzoso de las comunidades palestinas a fin de apropiarse de sus tierras”. El Cuarto Convenio de Ginebra, base del derecho humanitario de guerra, tipifica como crimen de guerra la expulsión de la población de territorios ocupados.
En una visita a la aldea beduina, el primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohamed Shtayeh, ha reclamado este jueves a la comunidad internacional que imponga sanciones a Israel por estas acciones de “limpieza étnica”, según informó la agencia palestina Wafa. Además de las jaimas y los cobertizos para el ganado, contenedores de agua potable, letrinas y paneles solares donados por la Unión Europea han sido desmantelados. Shtayeh, que coincidió en su visita a la aldea con el representante de la UE para Palestina, Sven Kühn von Burgsdorff, y otros diplomáticos europeos, expresó su confianza en que con la actual Administración en Washington “las cosas sean diferentes”.
En respuesta a la cadena de radio estadounidense NPR, el Departamento de Estado ha reconocido “estar al tanto de la cuestión” del desmantelamiento en el valle del Jordán y, sin adoptar una posición, se ha limitado a reiterar la doctrina presentada en enero ante el Consejo de Seguridad de la ONU por el nuevo embajador de EE UU. La Administración de Biden ha anticipado que se opondrá a la expansión de los asentamientos, las demoliciones, la anexión de territorios y otras “acciones unilaterales que exacerben la tensión”.
Durante el mandato del presidente Donald Trump, estrechamente alineado con los intereses de Israel, Estados Unidos dejó de considerar ilegales los asentamientos de colonos y de condenar la destrucción de propiedades palestinas. El plan que el mandatario republicano presentó hace un año para un “acuerdo de paz” entre israelíes y palestinos preveía la anexión de una tercera parte de Cisjordania (incluido el valle del Jordán) bajo la soberanía del Estado judío.
847 edificaciones derribadas en 2020
El recién nombrado enviado de la ONU para Oriente Próximo, Tor Wennesland, ha pedido expresamente a Israel que ponga fin a las “demoliciones y confiscaciones de bienes palestinos”. La OCHA, las sigas en inglés de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas ha contabilizado en 2020 la destrucción de 847 edificaciones e instalaciones, de las que 273 eran utilizadas como viviendas por un millar de palestinos.
Entre 2019 y 2020, las autoridades militares israelíes concedieron 32 permisos de construcción para palestinos en el Área C de Cisjordania frente a los 18.000 aprobados en los asentamientos de colonos judíos, de acuerdo con datos recopilados por la ONG israelí Paz Ahora. En el valle del Jordán viven unos 60.000 palestinos, sobre un total de 2,5 millones en Cisjordania, junto a unos 12.000 colonos de entre los 450.000 asentados en el territorio ocupado.
Las maniobras militares a gran escala en las colinas del sur de Hebrón, las primeras que se llevan a cabo desde hace siete años, también parecen tener como objetivo apartar a los palestinos de sus hogares. El Consejo Regional del Monte de Hebrón, ente local que agrupa a los asentamientos de colonos de la zona, ha celebrado el despliegue militar en el campo de tiro (declarado en 1980) “tras años en desuso”, como “una forma de incrementar el control de Israel sobre este espacio abierto”.
Según la información del diario Haaretz, centenares de soldados apoyados por blindados, artillería y todo tipo de vehículos han tomado parte en el ejercicio castrense, en el que han resultado dañados campos cultivados y algunos equipamientos de las aldeas. En el distrito de Masafer Yata viven un millar de palestinos diseminados por una docena de aldeas. El Tribunal Supremo de Israel suspendió su desahucio colectivo, ordenando por el Ejército hace dos décadas, y permitió que regresaran a sus tierras a la espera de una sentencia firme sobre su destino final. Los jueces tienen previsto dictarla en las próximas semanas.