Los datos son objetivos. En 2020 llegaron a Canarias 23.000 migrantes; muchos, demandando asilo. En enero de 2021 rebasan ya los 2.000. Han llegado a la UE. Son los supervivientes, rescatados por Salvamento Marítimo de las aguas del Atlántico: otros miles perecieron en su mortífera ruta. La respuesta es subjetiva, y por lo tanto política. Frente al esfuerzo desplegado por las instituciones, ONG, voluntariado, contrasta un virulento brote de xenofobia y de racismo rampante. Algo inédito en Canarias, por oposición a su historia de hospitalidad y apertura al exterior. Recubiertos en lenguaje de denuncia biempensante, algunos mensajes políticos practican una deplorable demagogia que justifica, ergo banaliza, el mal sin condenarlo. Patrullas de “vigilantes” se convocan en las redes para acosar a extranjeros, incluso menores vulnerables, a los que se estigmatiza como una amenaza en bulos viralizados. Por descontado, todo delito debe ser investigado, y sus responsables penados. En igualdad ante la ley, extranjeros o españoles. La Ley de Extranjería prevé el mecanismo de expulsión para quienes delinquen; pero en absoluto autoriza a ningún batallón vecinal a tomarse la justicia por su mano.
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