La Junta Electoral Central ha instado a la Consejería de Interior de la Generalitat de Cataluña a que “adopte todas las medidas necesarias que permitan la celebración de los actos públicos de campaña electoral de Vox y de cualquier otra formación política, evitando que se produzcan actuaciones violentas o intimidatorias”. Además, ha pedido que por parte de los Mossos d’Esquadra “se proceda a identificar y, en su caso, detener y poner a disposición judicial a quienes empleen el uso de la violencia para impedir dichos actos”.
Numerosos actos electorales de Vox por toda Cataluña se han visto hostigados por grupos independentistas que han tratado de boicotearlos. Los incidentes más graves se produjeron el pasado sábado en Vic (Barcelona), donde cientos de manifestantes arrinconaron y lanzaron objetos contra los seguidores del partido ultra, persiguiendo más tarde a la caravana de dicho partido cuando abandonaba la localidad.
La Junta reconoce que la policía autonómica, en coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía, “ha adoptado importantes dispositivos de seguridad que han evitado o reducido los daños que esas actuaciones violentas podían haber causado a los candidatos de Vox y a los asistentes a los actos convocados, lo cual no ha impedido que estos actos electorales se hayan celebrado en un ambiente de coerción contrario a lo que debe ser el ejercicio de este derecho fundamental”.
Tras recordar que el derecho de reunión está garantizado por la Constitución y que el Código Penal castiga a quienes impidieran ejercerlo mediante el uso de la violencia con penas de hasta tres años de prisión, subraya que su vulneración tiene aún mayor trascendencia en las campañas electorales, pues sirve de vehículo para que los candidatos puedan exponer sus programas. Las imágenes facilitadas por Vox junto a su denuncia evidencian, según la junta, que “en diferentes actos de campaña realizados por sus candidatos se han producido actos de intimidación y violencia” que vulneran derechos constitucionales y también el derecho de todos los partidos a concurrir a las elecciones en condiciones de igualdad.
Además de requerir a la Consejería de Interior que garantice la seguridad de los actos de Vox, el acuerdo subraya que las juntas electorales provinciales “deberán adoptar las medidas complementarias que estimen necesarias para facilitar el ejercicio del derecho de reunión por cualquiera de las candidaturas concurrentes al proceso electoral”.
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