Cuando ya parecía que el Brexit era una realidad incómoda, pero finalmente acordada, el principal escollo durante los años de negociación ha vuelto a salir a flote. El Gobierno de Johnson se ha escudado en la tensión social y política surgida en Irlanda del Norte durante las últimas semanas, provocada por los nuevos controles fronterizos y aduaneros, para reclamar a Bruselas una revisión del protocolo dedicado expresamente a ese territorio en el Acuerdo de Retirada que se firmó en enero de 2020. El ministro de Gabinete del Gobierno británico, Michael Gove, y el vicepresidente de la Comisión Europea Maros Sefcovic se han reunido este jueves en Londres para intentar desencallar una situación que ha vuelto a calentar los ánimos de ambas partes. La reunión, según el comunicado conjunto hecho público a su término, ha servido para rebajar la tensión entre las partes, “reiterar su compromiso con los Acuerdos de Viernes Santo [el acuerdo de paz en Irlanda del Norte de 1998] y con el pleno cumplimiento del Protocolo de Irlanda [anexo al Acuerdo de Retirada de la UE]” e intensificar los esfuerzos para aplicar las soluciones temporales a los problemas detectados.
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22 millones de euros para ayudar a los exportadores
El Gobierno de Boris Johnson ha prometido ayudas de hasta 2.270 euros para cada empresa exportadora que se enfrenta a los nuevos trámites burocráticos derivados del Brexit. La Cámara de Comercio Británica publicó la semana pasada un informe demoledor en el que aseguraba que la mitad de las compañías que comercian con la UE se enfrentaba a serias dificultades y costes más elevados en sus actividades de importación y exportación. No solo por todo el papeleo derivado de la nueva situación, sino por los bloqueos e interrupciones en la frontera que experimentaban desde principios de año.
Downing Street ya reconoció, poco antes de firmar el nuevo tratado comercial con Bruselas, que habría “baches en la carretera” durante los primeros meses, pero se resiste a admitir que, en algunos casos, han sido auténticos socavones. “El Gobierno ha escuchado con atención los problemas planteados por la comunidad empresarial, a través de su equipo de supervisión del Brexit, y está dispuesto a sacar adelante este nuevo paquete de ayuda financiera para que los pequeños negocios se adapten a los cambios que implica nuestra nueva relación comercial con la UE”, dijo Michael Gove, el jefe de Gabinete de Johnson (con rango ministerial), encargado de controlar y ajustar las consecuencias derivadas de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La cifra total destinada a las ayudas será de unos 22 millones de euros, y las asociaciones empresariales la han acogido con agrado, pero han reclamado un mayor esfuerzo. “Hay muchos problemas de adaptación que, si no se corrigen pronto, derivarán en barreras estructurales”, advirtió Stephen Phipson, el director ejecutivo de Make UK, la principal organización de fabricantes británicos. Entre sus principales exigencias, quieren que el Gobierno acelere la formación de las decenas de miles de nuevos agentes de aduanas que van a necesitarse.
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