El escándalo desatado en Perú después de confirmarse este fin de semana que el expresidente Martín Vizcarra recibió a escondidas una vacuna contra la covid-19 el pasado octubre, cuando todavía estaba en el poder, no para de crecer. La admisión del exmandatario disparó la indignación en uno de los países más golpeados por la pandemia, con más de 43.000 muertes, que se encuentra además a las puertas de elecciones presidenciales, convocadas para abril. Las autoridades sanitarias investigan la administración de las denominadas “vacunas de cortesía” de la compañía estatal china Sinopharm mientras ministros y altos funcionarios han reconocido que se inmunizaron sin hacerlo público. Una de las últimas figuras políticas de primera línea afectada por el escándalo ha sido la canciller, Elizabeth Astete, quien la noche del domingo dimitió tras admitir que se vacunó con la primera dosis el pasado 22 de enero sin avisar al actual presidente, Francisco Sagasti.
Astete se vacunó con una dosis que llegó en septiembre junto al cargamento destinado a un ensayo clínico de esa farmacéutica. Fue “una decisión equivocada que no medí en su momento”, mantiene la ahora exministra en un comunicado que compartió en Twitter. Astete integró el equipo negociador encargado de las compras de la vacuna que la primera semana de enero culminaron con la firma de un contrato con Sinopharm. Esta dimisión se produjo dos días después de la renuncia de la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, ante la tormenta generada por la vacunación de Vizcarra y su esposa. El sábado la sustituyó Óscar Ugarte, quien en una entrevista retransmitida por televisión informó de que varios funcionarios —entre ellos dos viceministros de la cartera de Salud— se inmunizaron en septiembre. Su departamento ha encargado una investigación para determinar el número de personas que aceptaron las dosis “de cortesía”.
Luis Suárez, uno de los exviceministros afectados, también dimitió el sábado. En una declaración que difundió la noche del domingo, explicó que los investigadores de Sinopharm comunicaron que “al igual que en otros países donde se realizan las investigaciones en fase III, ponían a disposición la vacuna candidata [que aún se encuentra en experimentación] con la posibilidad de proteger al equipo responsable de conducir la respuesta frente a la pandemia y a su entorno directo”. Según el programa de televisión Cuarto Poder, el investigador jefe de ese ensayo clínico en Lima, Germán Málaga, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia —un centro privado— decidía a quiénes administrar las dosis extra, además de las que fueron utilizadas por los integrantes del equipo que estaba en contacto con los voluntarios del estudio. Esas dosis ascendían a 400.
El sábado por la noche, un comunicado de esa universidad precisó que Vizcarra no era parte de los 12.000 voluntarios que participaron del ensayo y el exmandatario y actual candidato al Congreso, respondió en Twitter que le causaba “gran extrañeza” no figurar en el registro de voluntarios. El político manifestó además que no hizo pública la inoculación de la vacuna porque “hubiese puesto en riesgo el normal desarrollo del ensayo experimental”. Sin embargo, las críticas que ha recibido, de parte del presidente Sagasti, el nuevo ministro de Salud, y la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, apuntan a la falta de transparencia del exjefe de Estado por haberse beneficiado de un producto de una empresa con la que la Administración iba a tener negociaciones de compras millonarias.
”Siento, por decir lo menos, incomodidad. Se está haciendo uso de recursos de forma ajena a las normas. Es algo que no debiera repetirse nunca. Todo aquel que se ha vacunado queda fuera”, afirmó el ministro Ugarte, citando la orden del presidente Sagasti. El mandatario cuestionó a su predecesor. “Es grave que el expresidente haya tratado de justificar algo inaceptable. Me siento indignado y furioso, porque pone en peligro el esfuerzo de muchos peruanos en la primera línea contra el covid-19. Todavía no alcanzo a entender que algunos funcionarios no hayan tenido en cuenta esta situación”, afirmó en una entrevista televisada. De acuerdo con el diario La República, el número de altos funcionarios que se beneficiaron de la vacuna es al menos 50 y pertenecen a los Ministerios de Salud y de Relaciones Exteriores.
La Fiscalía de la Nación ha informado que abrirá una investigación contra Vizcarra y quienes resulten responsables de la gestión de las llamadas “dosis de cortesía” de Sinopharm. La Universidad Cayetano Heredia, en otro comunicado difundido la noche del domingo, aseguró que en septiembre recibió dos lotes de vacunas experimentales: uno destinado al ensayo clínico y otro “de 3.200 dosis para ser administrado voluntariamente al personal del equipo de investigación y personal relacionado al estudio”. Sobre estas últimas, anota el centro, no iban a llevar registro.