Bajo su programa Reforma Correccional, EU busca un supervisor para revisar, corregir, sugerir, administrar y orientar el aparato carcelario mexicano
Luis Guillermo Hernández / Sexta W / @luisghernan
El Gobierno de Donald Trump prepara una intervención profunda en el sistema penitenciario mexicano.
A través de su programa denominado Reforma Correccional, cuya coordinación y financiamiento corren por cuenta del Departamento de Estado de Estados Unidos, autoridades de esa nación se aprestan a enviar a México a un supervisor de las transformaciones que se llevan a cabo en el aparato carcelario de nuestro país, a niveles federal y estatal.
Su tarea será integral: revisar, supervisar, corregir, sugerir, administrar, orientar. Observación total y plena en el aparato carcelario mexicano y sus entrañas.
El Programa de Reforma Correccional ha sido impulsado desde 2013, cuando regía el gobierno de Barak Obama, como parte de la controvertida Iniciativa Mérida, ese plan binacional de lucha contra el narcotráfico.
Hasta finales de 2018, el programa estadounidense había certificado el funcionamiento de casi un centenar de penales mexicanos federales y estatales, con resultados controversiales.
Sin embargo, durante los primeros días de este sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador había afirmado, de forma tajante, que su administración rechazaría la continuidad de ese plan binacional de cooperación.
“No aceptamos la estrategia que significó la Iniciativa Mérida, que en lugar de cooperación para el desarrollo era cooperación militar”, dijo el presidente el 19 de diciembre pasado, en Palacio Nacional.
Lo cierto es que el Departamento de Estado trabaja en sentido inverso.
De acuerdo con una convocatoria pública, el Buró de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, es su denominación en inglés), prepara la continuidad del Programa de Reforma Correccional, para contribuir, según expone, a la corrección de deficiencias del sistema penitenciario “plagado de hacinamiento, violencia, falta de fondos y corrupción”.
A través del concurso público número PSC-19-017-INL, identificable en el portal gubernamental Federal Business Opportunities (www.fbo.gov por su denominación en inglés), el Departamento de Estado anuncia que su embajada en México está en la búsqueda del hombre, o la mujer, que se encargue de coordinar el trabajo en materia de reformas penitenciarias con los funcionarios mexicanos.
El enviado del gobierno de Donald Trump planificará, diseñará, desarrollará, implementará, evaluará y hará monitoreo de las transformaciones del sistema penitenciario mexicano, al gusto de Estados Unidos.
Siempre de acuerdo con la convocatoria pública, se sabe que la nueva persona responsable será encargada de “administrar los proyectos de la Reforma Correccional en México, lo que incluye promover los intereses de los Estados Unidos con funcionarios mexicanos e internacionales”.
Uno de sus principales objetivos es concluir el proceso pendiente para que la totalidad de las cárceles mexicanas sean “acreditables” ante la Asociación Correccional de América (su denominación en inglés es American Correctional Association – ACA ) un gabinete estratégico privado que abrió su Capítulo México.
Involucramiento y control
En el pasado, la Iniciativa Mérida ha derivado en el involucramiento y control casi totales de las agencias estadounidenses en los trabajos de inteligencia, investigación, persecución y sanción de delitos contra la salud en México.
Además, ha permitido el acceso casi ilimitado de las autoridades de Estados Unidos a bases de datos con miles de registros personales, penales y de seguridad mexicanos, que incluyen fichas penales de personas presas en el sistema penitenciario intervenido.
A través de la Iniciativa Mérida, el gobierno de Estados Unidos también ha intervenido las telecomunicaciones en México, ha rastreado cuentas de correo, adiestrado a policías y funcionarios de las fiscalías de delitos contra la salud y de combate a la delincuencia organizada; también ha tenido injerencia en la transformación de los juzgados hacia la modalidad de juicios orales, entre muchas otras actividades.
Firmado en 2008 por los presidentes Felipe Calderón y George W. Bush, y posteriormente ratificado por Obama y Enrique Peña Nieto, el también conocido como Plan Mérida coincide, en temporalidad, con la época más sangrienta del México postrevolucionario. Esa violencia arroja oficialmente cifras de miles de muertes y desapariciones en todo el territorio nacional.
Cuando el pasado 19 de diciembre López Obrador expresó que su gobierno no aceptaría las aportaciones millonarias de Estados Unidos en materia de seguridad y acción contra el narcotráfico, los medios señalaron con especial énfasis los más de dos mil millones de dólares que había recibido México en equipo, capacitaciones y asistencia técnica durante la vigencia del convenio binacional.
“Nosotros no aceptamos cooperación para funciones de seguridad que sólo competen al gobierno de México…”, dijo el Presidente, en el momento en que fue preguntado sobre ese acuerdo, el pasado diciembre.
Hasta el momento de cerrar el artículo, el gobierno de Trump tenía otra idea: mantenía vigente la convocatoria para reclutar al próximo supervisor estadounidense de las cárceles mexicanas, según la convocatoria lanzada el 15 de noviembre pasado.
Silencio de la Secretaría de Seguridad
Dos fuentes distintas, en el gobierno de López Obrador, comentaron que los acuerdos para dar continuidad a la Iniciativa Mérida, “por lo menos durante los próximos dos años”, se discutieron en la oficina del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.
Comentaron que las conversaciones comenzaron tras la primera reunión de Durazo con el secretario de Estado, Mike Pompeo; la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y el encargado de negocios de la embajada estadounidense, John Creammer, en julio de 2018.
Las mismas fuentes dijeron también que la decisión de desincorporar las estratégicas Islas Marías del sistema penitenciario nacional, para convertirlas en centro de conservación histórica y natural, era una consecuencia directa de esta extensión de la Iniciativa Mérida.
Desde el pasado 13 de febrero, la oficina del secretario Durazo recibió una petición formal de información y entrevista, para conocer los alcances de la intervención estadounidense en el sistema penitenciario, sin que hubiera respuesta positiva.
“Tenemos más de 20 peticiones y están fluyendo muy lentamente”, fue la explicación de su equipo, al que fue turnado un cuestionario sobre la materia de este artículo.
Del mismo modo, el titular de los centros penitenciarios federales, Francisco Garduño, tampoco había respondido afirmativamente a la petición de entrevista, solicitada expresamente para confirmar las versiones extraoficiales que se exponen en este texto.
En tanto, el Programa de Reforma Correccional de Estados Unidos en México, sigue.
El 1 de diciembre mismo, día de la toma de posesión de López Obrador, el Departamento de Estado amplió el plazo para la presentación de candidaturas dirigidas a coordinar el proyecto.
En la adenda pública, la oficina estadounidense establece que “el sistema penitenciario mexicano ha dado grandes pasos para mejorar sus operaciones, en términos de seguridad, condiciones de reclusión, tratamiento de reclusos, profesionalización del personal correccional y supervisión de delincuentes”.
La expectativa, según el documento, radica en lograr mejoras de seguridad y mantenimiento, pero sobre todo alcanzar la acreditación internacional: “a pesar de las mejoras, el sistema penitenciario del Estado mexicano sigue siendo uno de los componentes más descuidados de la seguridad pública”.
Esto también contradice lo expresado por el Presidente López Obrador y por su encargado del sistema penitenciario federal, Garduño, quien en conferencia de prensa el pasado 18 de febrero, en Palacio Nacional, dijo exactamente lo contrario: que la situación en los reclusorios ya es óptima, que no hay sobrepoblación en cárceles federales y que la capacidad máxima de esa estructura carcelaria alcanza los 41 mil espacios para reos, aunque sólo hay unos 19 mil personas encarceladas.
Según la información difundida por el Departamento de Estado, el coordinador del Programa de Reforma Correccional habrá de concluir los procedimientos para mejorar la capacidad de los sistemas penales, de cuyo universo ya se ha certificado una cuarta parte, así como las políticas públicas para su administración y certificación, tanto en aquellos centros que aún son públicos, como en los que pasaron a control privado.
Entre las tareas del futuro coordinador, o la futura coordinadora, se encuentran el desarrollo de un proceso estandarizado para asignar recursos, orientar a los funcionarios de mayor jerarquía “en el desarrollo e implementación de prácticas y auditorías correctas de seguridad correccional”, desarrollar programas para prevenir amenazas de seguridad y “brindarle al Gobierno de México apoyo y recomendaciones en el diseño y construcción de prisiones”.
Pero, sobre todo, entre sus deberes estará uno muy preciso: “generar apoyo, y avanzar activamente en los objetivos de la política de los Estados Unidos con funcionarios mexicanos clave”.
Presiones estadounidenses y ¿fines oscuros?
Las presiones estadounidenses para que el gobierno mexicano continúe con el proyecto de certificación de su sistema penitenciario son públicas y explícitas.
En octubre de 2018, cuando ya habían comenzado los contactos entre el equipo de transición del entonces presidente electo y el gobierno de Estados Unidos, el subsecretario adjunto del Buró de Asuntos Antinarcóticos, Richard Glenn, relacionó la disminución de los índices de violencia carcelaria en México con la certificación estadounidense.
“Se ha notado que en aquellos estados donde la mayoría de sus prisiones están acreditadas, hay disminución de los delitos de secuestro y extorsión, los cuales a menudo se generan desde el interior de los penales”, dijo, durante la inauguración de la Primera Reunión Nacional de ACA-Capítulo México.
En ese mismo evento lanzó: “A México le urge voluntad política para acelerar el proceso de certificación internacional para sus prisiones”, dijo Glenn, según publicó el diario Reforma el 13 de octubre pasado.
“Su compromiso para contar con centros penitenciarios más seguros, que cumplan con los estándares internacionales para mejorar la seguridad, es un paso muy importante en México y con su ejemplo en toda la región”, dijo también.
De acuerdo con sus datos, el Programa de Reforma Correccional busca certificar el funcionamiento integral de 370 cárceles mexicanas federales y estatales, de las cuales alrededor de 100 ya han sido intervenidas por Estados Unidos.
Pero no todo parece ser positivo.
En abril del año pasado, el periódico The Washington Post reveló que el gobierno de Estados Unidos ha utilizado ese acceso sin precedentes a las cárceles mexicanas, para fines distintos: recopilar datos biométricos confidenciales de miles de personas recluidas.
Según el diario, el gobierno estadounidense instaló “decenas de terminales de detección para recoger huellas dactilares, escaneos oculares y otras características identificativas de los migrantes, incluidos tatuajes y cicatrices”, según publicaron los periodistas Joshua Partlow y Nick Miroff, el 6 de abril de 2018.
En esa investigación se detalla que, en su búsqueda de “criminales, pandilleros y posibles terroristas” que pudieran llegar a su frontera sur, Estados Unidos implementó ese programa desde 2014 y para el 2018 ya había logrado recopilar información biométrica de más de 30 mil migrantes centroamericanos, sin que pudiera confirmarse que efectivamente quedaban totalmente excluidos los datos de ciudadanos mexicanos.
Ese programa biométrico, dijo el Washington Post, se había instalado en cárceles de detención de migrantes en Tapachula, Chiapas, e Iztapalapa, en la Ciudad de México, y gracias a éste se había logrado la entrega de “docenas de criminales prófugos y sospechosos buscados en los Estados Unidos”.
“El esfuerzo de recopilación de datos requiere del tipo de acceso de Estados Unidos a las instalaciones mexicanas que hubiera sido impensable hace una década”, expuso el diario, “en gran parte, las autoridades mexicanas se han mantenido en silencio, porque corren el riesgo de una reacción pública por las sospechas sobre la tecnología del gobierno estadounidense y la percepción de que Washington interfiere en los asuntos del país”.
Opacidad de las certificaciones de ACA
Desde 2014 se habla públicamente del desastre que ha sido la intervención de la Asociación Correccional de América en la certificación oficial de los penales mexicanos, según un reporte de la revista Proceso, del 16 de marzo de 2016.
Un diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitido ese año, establece que aun cuando la ACA había certificado hasta entonces la seguridad integral de 26 penales mexicanos, la realidad en esos centros era distinta: amotinamientos, asesinatos, vulnerabilidad y corrupción.
Otro diagnóstico, éste publicado por la organización México Evalúa, también en 2016, alertó sobre la opacidad de la certificación de ACA y la “mercantilización” de los reos, que dejaba fueron los aspectos medulares de la reinserción social.
El panorama no ha variado en más de una década.
Un demoledor informe elaborado por Sergio Aguayo y Jacobo Dayán, investigadores y académicos de El Colegio de México y la Universidad Iberoamericana, respectivamente, hace referencia a las condiciones en que operó un penal en Coahuila entre 2010 y 2011, controlado en su totalidad por Los Zetas.
El documento, El yugo Zeta: Norte de Coahuila 2010-2011, que recopila más de 100 declaraciones recogidas por la Fiscalía de esa entidad, identifica al Penal de Piedras Negras como un enclave criminal y punto clave de la organización criminal y empresarial del cártel, donde funcionaban “un campo de exterminio subsidiado por el Estado” donde se diluían restos humanos, un taller mecánico que alteraba carrocerías para transportar droga, guarida para ocultar personas secuestradas, centro de torturas y venta de drogas, además de espacio de reclutamiento de criminales.
Según Apolonio Armenta, tras la primera intervención estadounidense en esas instituciones estatales el panorama es distinto.
Desde 2014, la ACA ha certificado los penales federales de Tamaulipas, Nayarit, Estado de México y Jalisco, además de centros penitenciarios en Tabasco, Durango, Sinaloa y Veracruz.
Durante la inauguración de la Primera Reunión Nacional de ACA-Capítulo México, el titular del Capítulo México, Apolonio Armenta, actual titular de la Unidad Desconcentrada de Ejecución de Penas y Reinserción Social en Coahuila, defendió el proceso de certificación estadounidense, bajo el argumento de que con programas como Iniciativa Mérida, existen “reparaciones al sistema penitenciario” que sufre de los embates de la delincuencia organizada, motines, evasiones, riñas y hacinamiento.
Según la información difundida por el Departamento de Estado, el programa continuará en México a partir de que se dé a conocer al ganador del proceso de auscultación, hecho que puede ocurrir entre abril y mayo de este año.
El contrato de quien dirigirá el Programa de Reforma Correccional es por un año, a partir de la fecha, con posibilidad de extenderse cuatro más, hasta 2023.