Sindicarse en algunos sectores de la economía de Estados Unidos es una actividad de riesgo. Lo saben bien los casi 6.000 trabajadores de un centro de distribución de Amazon en Bessemer (Alabama), que llevan semanas recibiendo presiones de la empresa para que desistan del revolucionario empeño de formar un sindicato. Los empleados aducen condiciones de trabajo extremas: retirada de los móviles durante los turnos; pausas exiguas para almorzar e ir al baño o carreras contrarreloj para recorrer una distancia equivalente a 14 campos de fútbol americano desde la entrada del complejo y llegar a fichar a tiempo. Retrasarse puede costar un recorte del sueldo o un despido, denuncian los empleados.
El almacén de Alabama lleva solo un año abierto ―se inauguró para gestionar la gran demanda originada por la pandemia―, así que cabe imaginar lo mismo, o aun peor, en otros centros logísticos más antiguos. Como los de Queens y Staten Island (Nueva York), cuyo presunto déficit de seguridad durante la pandemia, y las represalias de la compañía a quienes lo denunciaron, son objeto de una demanda de la fiscal del Estado, Laetitia James. “No es mi intención echar a Amazon de la ciudad, sino proteger la seguridad y la salud de los trabajadores”, ha declarado.
Está en juego la autodefensa del trabajador frente a poderosos intereses económicos, en uno de los ámbitos más punteros, por cifras de mercado y crecimiento exponencial; un sector casi intocable. Pero condiciones draconianas, amenazas e incluso despidos de quienes se atreven a asomar la cabeza por encima de la masa, han puesto el foco sobre el gigante tecnológico, el segundo mayor empleador de EE UU ―con 400.000 trabajadores solo en almacenes y puntos de entrega―, cuyas ganancias se han disparado gracias a la pandemia.
Si además las leyes del Estado no ayudan, como en Alabama, la lucha sindical se vuelve titánica. El sureño, uno de los 27 “Estados con derecho al trabajo” donde los empleados no están obligados a pagar cuotas a los sindicatos que los representan, alberga la única planta de Mercedes-Benz en el mundo que no cuenta con uno. Un terreno propicio para Amazon, que insiste en que ya ofrece a sus trabajadores lo que los sindicatos exigen: prestaciones, oportunidad de desarrollo y un salario que parte de los 15 dólares la hora.
Aunque el de las grandes tecnológicas es un terreno inclemente para la actividad sindical, por su cultura del trabajo individualista y el férreo silencio corporativo, en enero trabajadores de Google dieron un paso al frente y se organizaron en el primer gremio del ramo. Tras un año de gestiones secretas, 225 ingenieros de Alphabet Inc, la empresa matriz de Google, formaron un sindicato que pretende velar por la igualdad en el trabajo y la observancia de principios éticos en el modelo de negocio. La formación es consecuencia directa de protestas sin precedentes en el seno de la compañía.
La diferencia clave entre la avanzadilla de Google y la lucha de los empleados de Amazon estriba en la cualificación de los mismos; en la distancia sideral que va de los trabajadores de cuello blanco de Google a los de mono azul: los mozos de almacén, carretilleros o empaquetadores de los centros logísticos. El de Alabama es el mayor intento sindical en la compañía desde su fundación en 1995, luego de haber silenciado iniciativas parejas en su cadena de supermercados Whole Foods; de ahí el temor a que provoque una reacción en cadena.
Mediante SMS diarios y mensajes en una web creada ex profeso para desalentar la movilización, la compañía intentó convencer a la plantilla de que un sindicato solo le quitaría dinero ―por las cuotas― sin reportarle beneficios; también instó a los trabajadores a “no abandonar el equipo ganador”, pero fue en vano. Hasta el 29 de marzo, y por correo electrónico ―Trabajo rechazó la petición de la empresa de que el voto fuera presencial―, los casi 6.000 empleados del almacén de Bessemer podrán pronunciarse sobre su representación.
La última vez que los trabajadores de Amazon intentaron organizarse fue en 2014, en una iniciativa residual que no tuvo éxito cuando 21 técnicos de un almacén en Delaware votaron en contra de unirse a la Asociación de Maquinistas frente a seis que estaban a favor. Amazon cuenta con 1,3 millones de empleados en todo el mundo.
Así que, además de una reedición de la lucha de David contra Goliat, el germen sindical en una de las Big Five ―las cinco grandes tecnológicas― reviste un halo de pionerismo similar al que alentó la tarea mesiánica de forjar el país. Es decir: adentrarse en territorio desconocido, pero sin pertrechos, de ahí que haya que lamentar víctimas.
En marzo pasado, Amazon despidió a un trabajador por encabezar una huelga en el almacén de Staten Island en demanda de protección contra el coronavirus. El personal que se sumó también fue despedido, si bien Amazon arguye que por otros motivos. Incluso un vicepresidente, Tim Bray, renunció la primavera pasada, alegando que no podía seguir mientras los empleados fueran silenciados. En octubre, la compañía confirmó que 20.000 de sus trabajadores habían dado positivo en coronavirus. El despedido, de rango intermedio, había reclamado una cuarentena después de que un compañero de departamento se contagiara.
“Mi objetivo es proteger la seguridad y la salud de los trabajadores. Amazon tiene abierta la puerta de mi despacho, podemos arbitrar una conciliación que implique la recontratación de los despedidos, y la salvaguarda de la salud y la seguridad en el trabajo, y con eso habremos zanjado el problema”, dijo esta semana la fiscal James en un foro virtual organizado por The New York Times. “Me guía un concepto muy simple, el de la justicia; defender los derechos de los individuos, especialmente cuando empresas poderosas los pisotean”, subrayó. La primera, y única, voz que ha utilizado para plantear la cuestión la palabra “derechos”.
Creciente frustración
Aunque sin llegar al extremo de McDonald’s, que llegó a crear falsos perfiles de Facebook para rastrear a los empleados que organizan protestas en demanda de aumentos salariales, la creciente frustración en un sector de salarios altos como el de las tecnológicas ―siempre que el perceptor sea un profesional de cuello blanco, no un mozo de almacén― ha puesto de relieve condiciones laborales malsanas en el seno de grandes corporaciones; una cultura de empresa que permea toda la estructura, y cala gravosamente la base.
La fiscal general del Estado de Nueva York aludió a este clima el lunes así como al chorreo de demandas presentadas contra las grandes tecnológicas por vulnerar la legislación antimonopolio. “Durante la anterior Administración el Gobierno federal brilló por su ausencia en muchas áreas, sobre todo en la relativa a las leyes antimonopolio. La cuestión es que estas grandes compañías sofocan la competencia, la innovación y la creatividad, y amenazan nuestra privacidad al monetizar nuestros datos. De ahí la importancia de que yo misma y otros fiscales generales del país hayamos decidido emprender acciones legales contra las Big Tech”, subrayó Laetitia James.
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