A soldados, policías y miembros de minorías religiosas, se han sumado como objetivo jueces, periodistas, maestros y otros funcionarios, sobre todo mujeres, en una campaña de asesinatos selectivos que ha desatado el miedo en la sociedad afgana. Al menos 180 profesionales han muerto en ese tipo de ataques desde septiembre, según el recuento de Afghan Peace Watch, una organización sin ánimo de lucro. A muchos los matan de un disparo, pero cada vez es más frecuente el uso de bombas lapa, un artefacto explosivo que se adhiere a los bajos de sus coches mediante un imán.
Sólo en Kabul estallaron una treintena de ellas durante el mes de enero. La capital, que empezaba a olvidarse de los grandes atentados con camiones bomba que la golpearon durante años, siente que se ha convertido en un nuevo frente de guerra. Algunos de sus habitantes consideran que es la peor situación desde que llegaron los estadounidenses a finales de 2001.
Si bien ningún grupo armado se ha responsabilizado hasta ahora de estos crímenes, las autoridades acusan a los talibanes. Además, un reciente informe de Human Rights Watch (HRW) señala que muchos ataques no reclamados siguen a sus amenazas de muerte. Ellos sin embargo niegan las alegaciones. La trampa está en su manipulación del lenguaje. “Dicen que no matan a civiles, pero consideran que quienes trabajan con el Gobierno dejan de serlo”, declaraba recientemente Patricia Gossman, de HRW (que no exime a las autoridades de presionar a activistas y reporteros).
“Si los talibanes no son responsables, en caso de llegar a un acuerdo con ellos, ¿van a seguir existiendo esos elementos que destruyen la seguridad de Afganistán? Entonces, ¿por qué no hablamos con ellos en lugar de con los talibanes?”, plantea la diputada Fawzia Koofi consciente de que estos asesinatos están minando la confianza en las negociaciones de paz. “La gente necesita ver que diálogo es relevante. Muchos [afganos] nos preguntan por qué seguimos reuniéndonos con los talibanes mientras siguen matando”, añade.
Koofi, que ha sobrevivido a dos intentos de asesinato de los extremistas, lamenta que la delegación talibán haya rechazado esta semana la propuesta de formar un comité conjunto con el Gobierno para investigar esos crímenes. “Incluso si como dicen no están implicados activamente, sus combates mantienen a nuestras fuerzas de seguridad ocupadas, lo que reduce su capacidad para proteger a los civiles en las grandes ciudades como Kabul”, argumenta.
Source link