La Fiscalía ha recurrido ante el Tribunal Supremo (TS) la decisión del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 de Cataluña de no suspender el paso a tercer grado de los presos del 1-O en Lledoners (Barcelona), y pide al tribunal revocar el régimen de semilibertad.
El recurso afecta a la situación de Oriol Juqueras, Raül Romeva, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Quim Forn. El ministerio público había recurrido previamente la semilibertad de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa, y solicitó al Supremo que diera al recurso efectos suspensivos.
Lo que la Fiscalía pide al Supremo en este recurso no es que revoque el tercer grado, sino que acuerde la suspensión de esta situación penitenciaria mientras el juez de vigilancia encargado del caso falla sobre el fondo del asunto: la concesión de ese cambio en las condiciones de cumplimiento de las penas.
El Supremo, por tanto, será la instancia que resuelva si la situación de tercer grado debe ser suspendida o no. Hipotéticamente, podría darse una situación de conflicto si ocurre que, mientras el Supremo estudia la impugnación de la Fiscalía, el juez de vigilancia decide, a su vez, sobre el recurso que los fiscales ya presentaron contra la concesión del tercer grado.
En un primer momento, el juez denegó la suspensión, y es esa decisión la que ahora ha recurrido la Fiscalía. Pero le queda por decidir sobre si la clasificación de los presos en tercer grado y la consiguiente semilibertad se ajustan a derecho.
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