De momento suena más a bravuconada o maniobra de presión que a una amenaza real, pero la carta enviada este miércoles a Boris Johnson por un grupo de paramilitares unionistas de Irlanda del Norte, adelantada por The Irish News, es otra patada al avispero que el Brexit despertó. David Campbell (Belfast, 55 años) fue hasta 2012 presidente del Partido Unionista del Ulster, y uno de los negociadores de esa formación en las conversaciones que llevaron al Acuerdo de Viernes Santo de 1998, también conocido como Acuerdo de Belfast. Hoy preside el Consejo de Comunidades Lealistas [el término que designa a los norirlandeses probritánicos]. Acaba de anunciar que esta asociación, bajo cuyo paraguas se congregan varias de las formaciones unionistas del Úlster, “retira su apoyo al Acuerdo de Belfast y a sus instituciones hasta que se restablezcan los derechos contemplados en ese acuerdo y se corrija el Protocolo de Irlanda [el documento anexo al Acuerdo de Retirada del Reino Unido de la UE], para asegurar un movimiento sin límites de bienes, servicios y ciudadanos por todo el Reino Unido”.
La resucitada tensión en Irlanda del Norte tiene todo el aspecto de una maniobra orquestada con tres escenarios. Los partidos unionistas que ya gozan de respetabilidad institucional reclaman oficialmente que se modifique por completo el Protocolo de Irlanda; el Gobierno de Johnson anuncia cambios graduales de modo unilateral camuflados como soluciones prácticas, sin consultar a la UE, y los grupos paramilitares en la sombra alientan pintadas de protesta y proponen una campaña de desobediencia. Aunque se apresuren en recalcar, a continuación, que será una maniobra “pacífica y democrática”, dice la misiva. Bruselas ha dejado ya claro que lo firmado no es negociable, aunque se abre a buscar soluciones flexibles dentro del Comité Conjunto que supervisa el Acuerdo de Retirada del Reino Unido de la UE.
Johnson accedió a firmar el Protocolo de Irlanda como única vía para sacar adelante su anhelado Brexit. Establece que Irlanda del Norte seguirá siendo parte, por un largo plazo, del Mercado Interior y del espacio aduanero de la UE. Era el modo de evitar una nueva frontera entre las dos Irlandas que resucitara fantasmas de división y pusiera en peligro la paz alcanzada en 1998. Desde entonces, la frontera entre protestantes y católicos es invisible y, en el día a día práctico, Irlanda solo es una. El nuevo mecanismo conlleva controles aduaneros y sanitarios entre las mercancías y servicios que cruzan el mar de Irlanda. Como si Irlanda del Norte formara parte de la UE. Y los unionistas, con un sentimiento de pertenencia británico lógicamente profundo, se sintieron traicionados desde el primer momento. Hasta el punto, señala la carta, de encontrar agravios comparativos con otros territorios como Gibraltar.
“No se ha pedido el consentimiento de la población de Irlanda del Norte para poner en marcha el Protocolo (…) en un drástico contraste con el Protocolo de Gibraltar, en el que el Gobierno gibraltareño formó parte de las negociaciones entre el Reino Unido y la UE, donde se buscó y se obtuvo el consenso de sus representantes, y en el que sus representantes forman parte de los comités de supervisión del acuerdo junto con España y la UE”, dice la carta del Consejo de Comunidades Lealistas.
El Gobierno de Johnson no ha movido aún ficha, pero puede utilizar este malestar unionista para reforzar su última jugada. El ministro para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, anunció este miércoles en la Cámara de los Comunes que Downing Street iba a prorrogar hasta octubre el “periodo de gracia” acordado con Bruselas (previsto hasta abril), por el que los controles aduaneros y sanitarios no serían desplegados hasta que las empresas afectadas ajustaran su funcionamiento a la nueva norma. Lewis se refirió, en especial, a cadenas de supermercados y empresas concretas que dependen del suministro agroalimentario directo de Gran Bretaña. “Hemos escuchado las preocupaciones de las empresas y los ciudadanos de Irlanda del Norte y queremos mostrar sensibilidad hacia las realidades económicas, sociales y políticas de la región”, aseguró Lewis.
La respuesta de la Comisión Europea (CE), y también del Gobierno de Dublín (afectado muy directamente por el asunto) no se hizo esperar. Maros Sefcovic, el vicepresidente de la CE expresó su protesta por teléfono a David Frost, el hombre de Johnson (con rango ministerial) que negoció el acuerdo comercial con Bruselas y hoy lleva todos los asuntos relacionados con el Brexit. “La decisión unilateral adoptada por el Gobierno británico supone una violación de cláusulas importantes del Protocolo de Irlanda y de la obligación de buena fe del Acuerdo de Retirada. Es la segunda vez que el Reino Unido incumple la ley internacional”, aseguraba Sefcovic en un duro comunicado. Se refería a la maniobra llevada a cabo en noviembre por Johnson para alterar, a través de un proyecto de ley interno, parte de lo acordado sobre Irlanda del Norte. Downing Street se vio obligado a dar marcha atrás después de que Bruselas pusiera en marcha una respuesta legal. La misma que amenaza con emprender ahora, ante la nueva jugada de Londres.
El primer ministro de la República de Irlanda, Michaél Martin, y su ministro de Exteriores, Simon Coveney, transmitieron también a Frost su malestar y decepción ante una maniobra “extremadamente poco útil”.
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