Masacres, fosas clandestinas, calcinamientos, fueron algunos de los eventos registrados como “atrocidades” ocurridas en 2020, que fueron registradas por la organización Causa en Común en un informe presentado ayer.
Entre enero y diciembre de 2020 detectó al menos:
● 3,060 notas periodísticas sobre eventos que pueden catalogarse como atrocidades.
● 5,380 atrocidades.
● 6,365 víctimas
Guanajuato fue el estado donde más atrocidades se registraron, seguido por Chihuahua, Guerrero, México, Puebla, Jalisco y Veracruz.
Las mayores atrocidades registradas fueron fosas clandestinas, seguidas por casos de tortura, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, masacres, calcinamientos, asesinato de niños, niñas y adolescentes, así como el asesinato de mujeres con cruedad extrema, intentos de linchamientos e incluso esclavitud y trata, además del asesinato de funcionarios públicos, que en conjunto dan un total de más de 5 mil 300 casos:
Enero, septiembre y octubre fueron los meses que más atrocidades contabilizaron.
El mayor número de víctmas se registró en octubre, seguido por julio y enero.
Las principales atrocidades registradas por medios periodísticos fueron fosas clandestinas, especialmente en Jalisco (donde se registraron 499 víctimas); tortura, principalmente en Chihuahua (con 105 víctimas); descuartizamiento y destrucción de cadáveres, principalmente en Guanajuato (con 116 víctimas); masacres, particularmente en Guanajuato (con 176 casos); y calcinamiento, en particular en Baja California (con 70 víctimas).
En el periodo se reportaron 410 asesinatos de niñas, niños y adolescentes, especialmente en Guanajuato, con 46 víctimas.
El informe incluye los asesinatos de los periodistas Fidel Ávila Gómez y Luis Eduardo Ochoa, en Michoacán; de María Elena Ferral y Julio Valdivia, en Veracruz; de Víctor F. Álvarez y Pablo Morrugares, en Guerrero; de José Castillo Osuna y Jorge Armenta, en Sonora; de Mariano Soto, en Baja California; de Arturo Alba Medina, en Chihuahua; Israel Vázquez, en Guanajuato; Jesús Alfonso Piñuelas, en Sonora; y Jaime Castaño, en Zacatecas.
“Este mosaico de atrocidades muestra lo equivocadas que son las explicaciones generalizantes y reduccionistas sobre las violencias en nuestro país. Más allá de factores comunes obvios, como la producción social de patologías y la impunidad, la mitología prevaleciente, sintetizada en imágenes como las de “el narco” o los “carteles”, nubla y distorsiona realidades complejas en las que interactúan instituciones, grupos criminales, liderazgos de distinto tipo, mercados formales e informales, y comunidades lastimadas por una vida social y política que se expresa mediante acciones y relaciones frecuentemente violentas”, indicó Causa en común.
“Desde luego, se requieren políticas nacionales que permitan elevar y homologar capacidades y procedimientos policiales y ministeriales, pero igualmente son indispensables las aproximaciones sociológicas que trasciendan los enfoques meramente policiacos, que permitan la comprensión de las realidades locales, y que contribuyan a la construcción de políticas de seguridad, de prevención y sociales, que respondan a las realidades de cada comunidad y región del país”, abundó la ONG.
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