El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado este martes a España por no llevar a cabo una “investigación profunda y efectiva” de la violencia policial que sufrió en 2012 una manifestante de la concentración Rodea el Congreso, refugiada en un bar del madrileño barrio de Huertas. El fallo obliga a España a indemnizar a la demandante con 1.000 euros por daños morales. La Audiencia Nacional ya le había compensado con 750 euros en concepto de daños morales.
El tribunal europeo, con sede en Estrasburgo, entiende que las autoridades españolas “han sido incapaces de identificar e interrogar a los policías implicados, y evaluar correctamente la proporcionalidad de sus acciones hacia la demandante”. Recuerda que el juez de la Audiencia Nacional que acordó la indemnización consideró que la demandante “no debió haber sufrido esas lesiones, porque nada hace concluir que contribuyó a los actos violentos tras la manifestación”. Esa indemnización “no pudo reparar la falta de efectividad de las investigaciones de las autoridades sobre el carácter desproporcionado del uso de la fuerza”, dice el fallo.
Ghanima Julia López Martínez (nacida en 1986 y residente en Madrid) asistió con dos amigas el 29 de septiembre de 2012 a la manifestación Rodea el Congreso contra la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno. Una vez finalizada, hubo episodios de violencia entre manifestantes y fuerzas antidisturbios, y las tres mujeres se refugiaron en el bar La Brocense, en la calle Lope de Vega, a 400 metros de la Cámara baja. Tras el vuelco de contenedores en la calle por parte de personas no identificadas, los agentes entraron en el bar y “desalojaron por la fuerza a algunas personas”, entre ellas la demandante.
Tres semanas después, presentó una denuncia contra los agentes, junto al parte médico de lesiones por una “herida en la cabeza que necesitó la colocación de una grapa en el cráneo, traumatismo craneal y múltiples contusiones”. Además, presentó el nombre de tres testigos, mencionó un vídeo emitido en La Sexta y la matrícula del furgón policial aparcado delante del bar. La Fiscalía solicitó sobreseer el caso por falta de pruebas.
La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos llega solo dos semanas después de que la Fiscalía de Madrid solicitase penas de cárcel, que oscilan desde los tres años y ocho meses de prisión hasta los siete años y cuatro meses, para los 21 acusados de provocar desórdenes y enfrentarse a la policía durante la primera concentración de Rodea al Congreso, convocada el 25 de septiembre de 2012 en los alrededores del Palacio de las Cortes.
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