La iniciativa de Isabel Díaz Ayuso, con el apoyo de Pablo Casado, de disolver la Asamblea de la Comunidad de Madrid y convocar elecciones el 4 de mayo tiene que evaluarse en el delicado contexto en el que se produce, el de la monumental crisis derivada de la pandemia en una región que se disponía a dotarse por fin de unos muy necesarios nuevos presupuestos y que debía esmerarse para afilar en los próximos meses sus apuestas con vistas a la entrega de los fondos comunitarios. Nada de eso se atenderá, porque Ayuso aprovechó la moción de censura presentada en Murcia por Ciudadanos y PSOE contra el PP para presentarse como posible víctima de una maniobra parecida y convocar elecciones. Un simple razonamiento lógico apunta a que, si tal cosa estaba preparándose en Madrid, el ataque habría empezado ahí, no en Murcia. Es en ese marco, pues, donde debe calibrarse hasta qué punto la disolución —y los meses de parálisis que genera— es un gesto oportunista para consolidar su poder en Madrid y la influencia de su visión radical a escala nacional.
En su llamativa trayectoria, Ayuso ha demostrado sobradamente que no le duelen prendas en embarrar el juego político y postergar el interés de la colectividad si de ello puede sacar beneficios partidistas —en una concepción, además, muy radical y populista de lo que su partido, el Partido Popular, debería ser—. Por eso causa perplejidad que el líder nacional del PP bendijera un paso que, entre otros objetivos, pretende volar la senda de moderación que Casado, nominalmente, defiende.
Desde que empezó la pandemia, Ayuso ha perseguido una estrategia destinada antes que nada a afirmarse como icono ultraliberal buscando la constante confrontación con el Gobierno y desmarcándose incluso de la posición de otras comunidades gobernadas por el PP. Ha entonado el mantra de la excepción madrileña para construir su figura pública por encima de cualquier otro interés y a costa de los pésimos datos sanitarios que ha sufrido la ciudadanía. Es arduo encontrar en otras grandes urbes europeas políticas sanitarias tan laxas, pero el PP de Madrid cree que son todos los demás quienes van en dirección contraria en la autopista. Y es igualmente difícil encontrar teatralizaciones al nivel de su “socialismo o libertad”.
Era previsible que esa estrategia propagandística terminara por conducirla a forzar unas elecciones en un momento que entendiera propicio para sus aspiraciones. Ahí donde otros —como por ejemplo Italia— entienden que lo prioritario ahora es evitar campañas que suponen meses de parálisis y atender las urgentes necesidades, otros priorizan razones partidistas.
El PP ha optado así por un camino que refuerza dinámicas, las que impulsan formaciones como Vox, que solo se sostienen y avanzan en la medida en que debilitan al sistema. Precisamente la invitación de Ayuso a elegir en mayo entre socialismo o libertad da la medida exacta de la distorsión que introduce en el escenario electoral y la peligrosa banalización del discurso. Mientras tanto, sus colegas del PP en otras comunidades se adhieren a medidas restrictivas promovidas por el socialismo que ella califica como “opresor” de libertades. A la manera de Trump, Ayuso se postula como la salvación frente al caos. Es la peor medicina para un país que se enfrenta a una gravísima crisis y que amenaza con traer más polarización y mayor daño institucional.
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