La farmacéutica Purdue Pharma, fabricante del opiáceo OxyContin (Oxycodone en España), ha presentado a medianoche de este lunes un plan de reestructuración que prevé la reconversión de la entidad para hacer frente a miles de demandas de Estados, ayuntamientos y particulares por las adicciones provocadas por el uso del potente analgésico, un derivado de la heroína. El plan obliga a la familia Sackler, propietaria de la compañía, a pagar casi 4.280 millones de dólares (unos 3.580 millones de euros), mucho más de lo inicialmente previsto, por las querellas que atribuyen a su medicamento estrella, el que más beneficios reportó durante años, haber espoleado la peor crisis de salud pública que ha vivido EE UU entre el sida en los años ochenta y la actual pandemia. La contribución económica de los Sackler, una familia de filántropos caída en desgracia por la crisis, es clave para cerrar el acuerdo.
La reestructuración presentada el lunes en un tribunal del Estado de Nueva York es la oferta definitiva de la compañía para poner fin al contencioso e incluye el multimillonario pago de la fortuna personal de los Sackler, a lo largo de los próximos nueve años, para compensar a Estados, ayuntamientos, condados y tribus por los costes derivados de la epidemia de adicciones y muertes por sobredosis. Esta hoja de ruta de la farmacéutica, que presentó una declaración de quiebra a finales de 2019 por insolvencia frente a más de 3.000 demandas, debe ser aprobado por sus acreedores y por el juez encargado del caso. El pago total de Purdue Pharma superará los 10.000 millones de dólares, según estimaciones de la compañía citadas por Reuters.
“Con las sobredosis todavía en niveles récords [incrementados por la pandemia] es hora de destinar todos los fondos para responder a esta crisis”, ha dicho Steve Miller, presidente de la farmacéutica, en un comunicado. “Confiamos en que este plan logre ese objetivo crítico”. Las muertes por sobredosis, que empezaron a declinar en 2018, se incrementaron en 2019 y en 2020, cuando se registró un total de 72.000, un incremento del 5% con respecto a 2018.
Al margen de las demandas colectivas, el acuerdo contempla también reparaciones y pagos a entidades privadas y particulares, tales como hospitales, aseguradoras y tutores legales de miles de niños nacidos con síndrome de abstinencia por la adicción al OxyContin de sus madres.
Durante años, las autoridades federales y de los Estados intentaron frenar las agresivas tácticas de mercadeo de la farmacéutica. En 2007, el Departamento de Justicia llegó a un acuerdo por más de 630 millones para desestimar cargos penales al respecto. La ofensiva de las instituciones y particulares contra Purdue Pharma se inició en 2015, cuando la epidemia arrasaba el país. Ante la imposibilidad material de hacerle frente -solo en honorarios legales suponía un gasto de dos millones de dólares a la semana-, la compañía presentó la declaración de quiebra cuatro años después.
En octubre pasado, Purdue Pharma se declaró culpable por engaño manifiesto acerca de la dependencia que creaba el fármaco, y por su masiva administración. Los fiscales federales consideraron probado que la farmacéutica ofreció incentivos a los médicos que prescribieran OxyContin a sus pacientes como analgésico, de ahí que uno de los delitos que la firma asume haber cometido es la violación del estatuto federal antisoborno, además de otro por engaño a la agencia estadounidense del medicamento entre 2007 y 2017.
El número de muertes por sobredosis debidas al consumo de opiáceos se ha multiplicado por cuatro en el país en las últimas dos décadas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Desde comienzos de siglo, los derivados opiáceos han matado a más de 450.000 personas, a un ritmo de 142 al día, según el cómputo más reciente. En 2015, dos de cada tres sobredosis se debieron a dichas sustancias, convirtiéndose esta causa de muerte en la más habitual, por encima de los homicidios por arma de fuego y los accidentes de tráfico. Los opiáceos son una de las causas de lo que los economistas Anne Case y Angus Deaton denominan “muertes por desesperación” (las otras dos son las derivadas del consumo del alcohol y los suicidios), que han afectado especialmente a la población blanca sin estudios de mediana edad.
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