Alberto Fernández es presidente de Argentina porque Cristina Fernández de Kirchner le unió a su candidatura. De ese hecho sigue emanando la sospecha de que es la vicepresidenta quien en realidad controla el poder. El relevo al frente del Ministerio de Justicia, con la renuncia “por agobio” de la albertista Marcela Losardo y el nombramiento del cristinista Martín Soria, puede interpretarse como una confirmación de esa hegemonía. El cambio en uno de los cargos más relevantes del Gobierno, por las causas judiciales contra la vicepresidenta, coincide con una seria crisis de popularidad de Alberto Fernández.
El presidente argentino se alineó el 1 de marzo, en su discurso de apertura del año parlamentario, con las tesis de la vicepresidenta: cargó contra la eficacia y honestidad de la judicatura y acusó a los tribunales de hacer política opositora. En algunos pasajes resultó algo incoherente. “Que nunca más haya una justicia que persiga los vientos políticos de turno”, proclamó, para acto seguido anunciar una querella contra Mauricio Macri por endeudar al país. La imagen de Alberto Fernández había sufrido el impacto de las “vacunaciones VIP”, un escándalo que demostró la existencia de privilegios. A finales de febrero su popularidad cayó al 30%, desde el 64% de un año antes.
Tras el aparente desplazamiento desde el centrismo hacia el kirchnerismo que reflejó el discurso presidencial, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, le anunció a su viejo amigo Alberto Fernández que se sentía “agobiada y cansada” y quería renunciar. Losardo, cuyo equipo de colaboradores le había sido impuesto y respondía directamente a la vicepresidenta, no deseaba una guerra con los tribunales.
Martín Soria, el nuevo ministro, se muestra mucho más belicoso. Suele hablar de “Comodoro Pro”, por el nombre del partido político del expresidente Mauricio Macri, para referirse a Comodoro Py, la avenida bonaerense donde se encuentran los tribunales federales. Este martes, en sus primeras declaraciones tras el nombramiento, dijo sentirse “preocupado” por la actuación de la Corte Suprema y se fijó como objetivo “terminar con el lawfare” (ataques políticos mediante procedimientos legales) que, según él, sufría Cristina Fernández de Kirchner.
Soria explicó que “en ninguno de los proyectos [de reforma judicial] presentados hasta ahora existe la más mínima posibilidad de cambiar jueces; además, conociendo a la vicepresidenta, es lo que menos querría. Ella, que no tuvo nada que ver, que es inocente, que fue acusada mediática, judicial y políticamente porque eso es el lawfare, quiere que sea la misma justicia la que la libere de culpa y cargo, que es lo que corresponde cuando uno no hizo nada”. Algunas de las ocho grandes causas contra Cristina Fernández parecen ciertamente montajes judiciales. Otras, relacionadas con la formidable acumulación de riqueza por parte de la familia Kirchner, sostienen acusaciones más sólidas.
Los 10 largos días durante los que Alberto Fernández buscó un nuevo ministro de Justicia (para acabar eligiendo, según reconoció el lunes, al primer candidato) fueron interpretados por la oposición y por una parte del oficialismo como una muestra de la indecisión presidencial. Un asesor muy relacionado con la coalición gubernamental opinó que la presunta indecisión reflejaba en realidad la falta de base electoral del presidente, obligado a apoyarse en la vicepresidenta (cuya base de fieles es granítica) en los momentos difíciles.
El nombramiento de Soria fue inmediatamente jaleado por el entorno de Cristina Fernández de Kirchner. “Es un excelente nombre, una gran elección”, dijo Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos en el Senado y una de las abogadas de confianza de la vicepresidenta.
Martín Soria, de 45 años, abogado, fallido aspirante a la gobernación de Río Negro y actual diputado por esa provincia, no siempre fue cercano a Cristina Fernández de Kirchner. La aproximación es cosa de los últimos tiempos, en especial desde su incorporación a la Cámara de Diputados y su ingreso en la Comisión de Justicia. Durante el debate sobre la jubilación de los jueces que se negaban a abandonar el cargo pese a tener ya la edad, pronunció palabras muy duras: “Hay un Poder Judicial rancio, corrupto y sin independencia”, dijo.
El padre del nuevo ministro, Carlos Soria, que fue gobernador de Río Negro y jefe de los servicios de espionaje en 2002, cuando la hoy vicepresidenta era senadora y su marido, Néstor Kirchner, maduraba su campaña presidencial, sufrió duros ataques por parte de Cristina Fernández de Kirchner. Carlos Soria murió durante la fiesta de año nuevo de 2012: su esposa le mató de un disparo en la cara.
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