Bonificar hasta en un 90% los alquileres en zonas tensionadas si el propietario rebaja el precio al menos un 10%. Esa es la fórmula que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha llevado a la última reunión sobre la futura ley de vivienda para contener los precios de los arrendamientos. El departamento que dirige José Luis Ábalos plantea una extensa batería de bonificaciones fiscales en su propuesta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, aunque no ha logrado convencer a su contraparte de Unidas Podemos, representada en las negociaciones por el Ministerio de Derechos Sociales (que Pablo Iglesias seguirá dirigiendo hasta el 14 de abril).
El planteamiento del PSOE pasa por rebajar la actual reducción fiscal del 60% que se aplica a todos los alquileres (es decir, por seis de cada 10 euros que cobran de rentas, los caseros no tributan) hasta un 50%. A partir de ahí, ese porcentaje se puede subir en función de si el arrendamiento cumple determinados requisitos, y los porcentajes más jugosos se reservan para las denominadas áreas tensionadas. Estas son las zonas en las que, conforme al índice oficial de precios de alquiler, los precios han subido más de un determinado nivel, lo que deberán regular las comunidades autónomas y ayuntamientos. Una vez propuesta esa declaración, se tratará en una comisión bilateral entre la comunidad autónoma y el Estado para la inclusión del área tensionada en la ley de Presupuestos. La declaración tendría una vigencia de tres años y sería prorrogable por periodos anuales, justificando que la situación no se ha corregido.
¿Qué se haría en esas zonas? La propuesta socialista es que la Administración competente redacte “un Plan de Acción específico que programará las medidas necesarias para la corrección de los desequilibrios evidenciados en su declaración, así como un calendario de desarrollo”. El Estado, además, colaborará en dicho plan, tanto alentando el crecimiento de la oferta de alquileres en esa zona como favoreciendo directamente que bajen los precios. En este último punto es donde entran las bonificaciones del 90% (el 50% general, más 40 puntos adicionales) para caseros que acepten rebajar la renta de un nuevo contrato al menos un 10% con respecto al precio anterior. Transportes ejemplifica que sobre un arrendamiento de 700 euros, se rebajaría al menos a 630 euros, por lo que el propietario dejaría de percibir 840 euros al año, pero calcula que el beneficio fiscal se acercaría a los 950 euros.
Junto con eso también se propone que los nuevos pisos que entren en alquiler en esa zona, independientemente de la renta que tengan, se beneficien de una bonificación del 70%, una medida para aumentar la oferta, lo que en teoría también contribuiría a moderar los precios. Con carácter general, no solo en las áreas tensionadas, sino en todas, Transportes planea que quienes alquilen a precios limitados por una norma jurídica (el denominado “alquiler asequible”) se beneficien de un incentivo fiscal del 60%, en lugar del 50% general.
La reunión de este miércoles entre David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, y Ione Belarra, secretaria de Estado para la Agenda 2030, ha acabado sin acuerdo. Fuentes de Unidas Podemos critican que “la oferta del PSOE consiste en dedicar recursos públicos a asumir, por parte de todos los contribuyentes, las rebajas en la renta que realice quien tenga una vivienda en alquiler”. Consideran, además, que supone un incumplimiento de los acuerdos de Gobierno frente a su propuesta, que es la de congelar los alquileres que estén por debajo de los precios medios que marca el índice oficial y rebajar hasta ese tope los que se encuentren por encima.
Más incentivos
Los planteamientos están muy alejados. Transportes destaca que su plan “contempla tanto mecanismos efectivos dirigidos a frenar las subidas de alquiler abusivas, conteniendo o, incluso, bajando los precios de alquiler en zonas de mercado tensionado; como un conjunto de medidas para favorecer la oferta de vivienda en condiciones asequibles”. El último acuerdo en materia de vivienda entre los dos socios de Gobierno, el que suscribieron el pasado octubre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para sacar adelante los Presupuestos, hablaba de establecer “mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes” y de contener “las subidas injustificadas en los nuevos arrendamientos, tomando como referencia el precio del contrato del arrendamiento anterior y acotando los incrementos permitidos a las situaciones que se contengan en la ley de vivienda”, dos condiciones que los socialistas creen que satisface su propuesta. Esta incluso critica actuaciones centradas en los topes de precios como las de París o Berlín porque “no han demostrado eficacia”, un argumento que lo es también contra el tipo de soluciones que exige Unidas Podemos.
Más reducciones fiscales
Al margen de las zonas tensionadas, el PSOE plantea al menos otros seis supuestos de reducciones fiscales. Las dos mayores (que consisten en una reducción del 70%) se reservan para las viviendas que se ceden a programas públicos de alquiler o a organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas a la atención de hogares vulnerables.
También 20 puntos extra sobre la reducción general, lo que iguala ese 70%, se propone aplicar a quienes arrienden una casa a jóvenes de entre 18 y 35 años. Y 10 puntos menos (un 60% en total) a quienes se acojan al ya mencionado alquiler a precio limitado o a quienes hayan rehabilitado la vivienda. Para estos últimos, la condición es que la rehabilitación haya supuesto un desembolso equivalente al menos a seis meses de renta y durante un periodo limitado a tres años con posterioridad a la reforma. Por último, también se contemplarían condiciones especiales para quienes arrendasen a inquilinos con bajos ingresos, aunque la propuesta socialista no detalla esa reducción y la sitúa como “en estudio”.
Fuerte desacuerdo
Unidas Podemos recibió anoche la propuesta y, tras la reunión celebrada este mediodía, ha dejado claro que no le gusta nada. La califica de “antisocial, al promover que quien más tiene, y más ha contribuido a hinchar la burbuja, se beneficie en mayor medida de estos incentivos sostenidos con el dinero de todos y todas”. Y pone el foco una vez más en los grandes propietarios, “constituidos en empresas como Blackstone y el resto de fondos buitre”, a lo que acusa de “aumentar los precios del alquiler en nuestro país construyendo artificialmente una burbuja a través de la retención de vivienda vacía y otros mecanismos”. Las mismas fuentes dicen que la propuesta del PSOE no tiene “base empírica alguna avalada por el Ministerio de Hacienda” y aseguran que no propone nada en materia de grandes propietarios.
Sobre esto último, otro de los puntos de desencuentro entre los dos socios de Gobierno, la propuesta de Transportes sí detalla en realidad algunas actuaciones. Señalan por ejemplo, que se pueda determinar la figura de gran tenedor de vivienda vinculada a las áreas tensionadas, siempre que un propietario tenga “al menos el 1% de las viviendas principales en régimen de alquiler de la zona”. Aunque solo especifica que dicha declaración les obligaría a “colaborar y ofrecer información sobre el uso efectivo de sus inmuebles”.
Por último, el plan del PSOE también señala una actuación en torno a las viviendas vacías, por la vía de penalizarlas a través del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Actualmente esa posibilidad ya existe, pero como recuerda la propuesta “remite a la legislación autonómica o estatal, con rango de ley, la concreción de los parámetros”. Traducido: muy pocos Ayuntamientos lo aplican o pueden llegar a hacerlo. Para favorecerlo, se quiere “recoger en la propia legislación reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles una definición clara”. Es decir, que la propia normativa del tributo señalaría en qué casos los Consistorios pueden considerar que una casa está vacía y aplicarle un recargo extra.
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