El autoproclamado Gobierno civil birmano, constituido en la clandestinidad por diputados de la Liga Nacional para la Democracia (NLD), ganadora de las elecciones del pasado noviembre en Myanmar, busca apoyos dentro del país, ser reconocido como el representante legítimo de la nación por la comunidad internacional y desafiar la autoridad de los militares que dieron el golpe de Estado en febrero. Una lucha que se presume ardua, con el Ejército en apariencia decidido a no ceder un ápice en su violenta represión contra el movimiento de protesta.
“Pese a nuestras diferencias en el pasado, este es el momento en el que debemos unirnos y terminar con la dictadura para siempre”, declaró Mahn Win Khaing Thain, vicepresidente del Comité para la Representación de la Unión Parlamentaria (CRPH, por sus siglas en inglés), el autodesignado Gobierno civil birmano, durante su primer discurso público, retransmitido a través de Facebook hace una semana. Días después, el régimen castrense le acusó de alta traición por aceptar el cargo, cuando continúan las detenciones de miembros de la NLD ; su portavoz, Kyi Toe, fue arrestado el jueves por la noche sin que se presentaran cargos en su contra.
Desde paradero desconocido, el que fuera presidente del Parlamento antes de la asonada urgió a una “revolución” contra las autoridades castrenses. “Es la ocasión para poner a prueba nuestra resistencia, cuando la nación vive sus momentos más oscuros”, añadió Mahn Win Khaing Thain. Es uno de los líderes de un grupo de diputados opuestos al golpe de Estado del 1 de febrero, día en el que se debía formar el nuevo parlamento tras la apabullante victoria de la NLD en los comicios de noviembre, cuando ganó el 83 por ciento de los escaños en disputa. Los militares denunciaron fraude electoral, sin presentar pruebas.
Formado por un número desconocido de miembros y operando de modo clandestino para evitar más detenciones, con la NLD diezmada tras la asonada, el CRPH busca incorporar a otros colectivos a su causa y formar una democracia federal que recoja los intereses de todos los “grupos étnicos”. Un mensaje dirigido sobre todo a las minorías —Myanmar tiene 135 etnias reconocidas— y las guerrillas formadas por estas, que llevan décadas luchando contra el Tatmadaw —como se conoce al Ejército, predominantemente bamar, la etnia mayoritaria— y tampoco fueron defendidas como se esperaba por el Gobierno civil de Aung San Suu Kyi —detenida en el golpe—, entre 2015 y 2021.
La estrategia del CRPH parece estar calando poco a poco. Al menos diez guerrillas étnicas han mostrado ya su apoyo al movimiento de desobediencia civil, y han asegurado que buscan la vía para apoyar las protestas. “Su número de miembros va creciendo. Para ser reconocidos como Gobierno deben ser un grupo mucho más diverso, no solo representantes de la NLD. Tienen que formar una plataforma que incluya al movimiento de desobediencia civil, a los budistas, a las guerrillas, a las minorías…”, apunta Marzuki Darusman, fundador del centro de derechos humanos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y miembro de un comité asesor del CRPH. “Se han comprometido a incluir a todos los grupos, también a los rohinyás”, añade Darusman. Los rohinyá, minoría musulmana oriunda del estado occidental birmano de Rajine, no son reconocidos como ciudadanos y han sido víctimas de lo que la ONU investiga como un posible genocidio por parte del Tatmadaw, que provocó que más de 700.000 huyeran al vecino Bangladés entre agosto y septiembre de 2017.
Mientras el CRPH busca apoyos internos y externos, el Ejército no da señales de estar dispuesto a ceder poder. Solo en los últimos días, alrededor de 100 personas han muerto debido a los violentos ataques de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes que, desde el golpe, protestan a diario por todo el país. En total, al menos 247 personas han fallecido, según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos. Una violenta represión sin visos de amainar que busca, sin éxito, disuadir a los birmanos de salir a protestar y aceptar el mandato castrense. “Myanmar está al borde del colapso. Ya sea su sistema bancario, de transportes, hospitales, escuelas… Nada funciona”, advierte Richard Horsey, analista para Myanmar de Internacional Crisis Group (ICG).
El Gobierno civil clandestino trata de ofrecer una alternativa al caos, al menos tomando el control de administraciones locales, pero la posibilidad de sentarse a negociar con la Junta —a la que acusan de “terrorista”— es de momento impensable por ambas partes. “Ahora los manifestantes —un grupo sin liderazgo visible— y los militares se encuentran sumidos en una batalla existencial, que presumiblemente derivará en más violencia y baños de sangre”, predice Horsey.
Podría suceder, no obstante, que divisiones internas en el Ejército —aún imperceptibles, si bien aumentan las deserciones dentro de la Policía, con centenares huyendo a la India— o la propia presión económica fuercen a los generales a ser más flexibles. “Aunque el Tatmadaw siente que es la institución más capacitada para sobrevivir a cualquier situación, pues controlan todo, desde poderosos conglomerados a reservas de alimentos, un colapso real podría impactarles también”, añade Horsey.
La intención del CRPH de supeditar a la Junta a su mandato, repitiendo el modelo pregolpe —Myanmar vivió una transición democrática desde 2011, tras medio siglo de régimen castrense—, no es todavía factible. Darusman confía, sin embargo, en que los militares acaben prefiriendo una solución negociada que cuente con el apoyo regional y evite el aislamiento absoluto. Según el indonesio, la ASEAN, de la que Myanmar forma parte, es partidaria de fortalecer al CRPH. “Estamos en contacto con todas las partes, excepto con la Junta. No excluimos la posibilidad de incluirles en las conversaciones en algún momento”, añade.
China, factor clave e imprevisible
Sin buscarlo abiertamente, China está ocupando un papel cada vez más protagonista en el conflicto. El ataque a fábricas y negocios chinos en Yangón —la capital comercial— el pasado domingo, con los manifestantes acusando a Pekín de connivencia con el golpe, provocó una violenta respuesta por parte del Ejército (matando a más de 40 personas, la jornada más sangrienta hasta ahora) y ha desatado una severa respuesta por parte de Pekín. China ha asegurado que podría considerar “acciones más drásticas” para defender sus intereses en Myanmar, desde oleoductos y gasoductos a proyectos de redes de transporte. Aunque China estableció buenas relaciones con el Gobierno de Suu Kyi, no ha condenado el golpe, que considera un “asunto interno” birmano, y evita posicionarse. “China es el único país con suficiente influencia sobre Myanmar como para lograr algo, que quiera utilizarla ya es otro tema”, apunta Horsey. “Estoy seguro —añade— de que está tanteando a todas las partes para ver quién puede salir ganando y que, sea quien sea, sus intereses queden protegidos”.
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