Por Pedro Moctezuma Barragán*
Aunque la pandemia de Covid, la sequía y la corrupción inducida por una legislación y tecnología obsoletas nos llevan al punto de no retorno, el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, sigue siendo la fecha para celebrar con propuestas viables para el buen gobierno del agua. Claudia Sheinbaum escogió este tiempo para anunciar una vital decisión: el retiro a las cuatro concesiones que tenían ya el pie en la puerta de la privatización del agua.
Poner el freno al intento de privatización del agua en la Ciudad de México implicó enfrentar grandes intereses con vuelo desde mediados de los noventa. Las beneficiarias desde 2004 han sido poderosas trasnacionales a las cuales se concesionó la base de datos de los usuarios, el sistema comercial (medidores, facturación y cobro) así como obras de infraestructura y el programa de sectorización.
Las trasnacionales beneficiadas fueron Veolia para las alcaldías del norte de la ciudad; Tecsa del Grupo Suez para las alcaldías del suroriente y Iacmex, también perteneciente a Suez, para las alcaldías de la zona central. Por último, la empresa mexicana Amsa para las alcaldías del norponiente de la ciudad de México. Tanto Veolia como Suez fueron expulsadas entre 2010 y 2014 de su lugar de origen, París, donde se habían dividido el pastel: la primera gozaba de la concesión de la orilla izquierda del Río Sena y Suez la de la orilla derecha. La remunicipalización del agua dio luz a la compañía pública Eau du Paris, modelo de gestión eficaz que reforzó la tendencia mundial a la desprivatización, y ha tenido éxito en prevenir el avance del Covid, vía estudios de aguas residuales.
El mismo año en que las trasnacionales eran señaladas por opacidad y elevación de las tarifas, en México el anterior gobierno capitalino, a cargo de Miguel Ángel Mancera, anunciaba el “Plan para el Agua de Futuro”, que buscaba descentralizar el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) y establecer con dichas trasnacionales asociaciones público privadas para concesionar la instalación de medio millón de nuevos medidores, los cambios en la tubería y la facturación, así como garantizar pagos por cada metro cúbico que recuperaran de fugas las trasnacionales de las redes primaria y secundaria. Por si fuera poco, planteó otorgar concesiones a quince años.
La autoridad del agua le dio la espalda al derecho humano al agua. En este período proliferaron las interrupciones del servicio de agua a centenares de miles hogares, los cuales además sufrían altos costos de reinstalación. Lo más grave: no se invirtió en la infraestructura necesaria para dotar del servicio a 1 443 000 habitantes de la ciudad que en 2018 estaban sin acceso regular al agua. Frecuentemente, el agua salía de las llaves con color ocre y malos olores. Para colmo, se dispararon los aumentos arbitrarios de cobros.
Desde 2014, a convocatoria de la Coordinadora Nacional Agua para Todxs, Agua para la Vida, investigadores, ambientalistas, movimiento urbano popular y organizaciones vecinales de la ciudad que venían trabajando en proyectos piloto de captación de agua de lluvia, rescate de canales y humedales, tratamiento de aguas residuales y en la promoción de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, se dieron a la tarea de impedir que la Ciudad de México se convirtiera en mercado cautivo para jugosas utilidades en beneficio de las trasnacionales, logrando evitar la imposición del marco legal pretendido por Mancera.
La incidencia en la Asamblea Constituyente logró que la Constitución Política de la Ciudad de México prohíba la privatización y el lucro con el manejo del agua, y la incorporación de un artículo transitorio, mandatando la creación de una contraloría ciudadana autónoma del agua.
A contracorriente de las ideas avanzadas, a lo largo de 2017 los legisladores locales del PAN y el PRD buscaron aprobar la “Ley Wendy” antes de que entrara en vigor la nueva Constitución, y así convertir al SACMEX en una empresa paraestatal, abierta a concesionar sus operaciones a empresas privadas. Dentro de las “perlas” de esta ley, se encontraba la aplicación de una política inhumana y contraria a la Ley General de Salud que ya se lleva a la práctica en Puebla y Torreón, la cual consiste hasta hoy en cortes de agua y taponamiento de los drenajes domiciliarios ¿para ahogar en inmundicia a las familias morosas y su entorno en medio de la pandemia?
Una enorme movilización ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) el 23 de mayo de 2017 logró posponer la aprobación de esta ley, pero en diciembre, la ALDF aprobó la Ley Wendy, lo que motivó un vasto plantón en plena época navideña de Agua para Todos y el Movimiento Urbano Popular. Dichas fuerzas sociales lograron inhibir al Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, entonces aspirante a la presidencia, quien la devolvió a la ALDF y nunca la promulgó.
La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, superó el impasse que vivimos desde 2018, con la acertada medida de transferir las actividades de las concesionarias de agua potable al gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, esta medida es solo un paso hacia el cambio de modelo en la gestión del agua por uno que garantice la equidad, la sustentabilidad e incluya la participación ciudadana.
Estamos tirando el agua de nuestra Cuenca para traerla de lejos y de profundo a grandes costos monetarios y energéticos. Actualmente, en medio de la sequía y los cortes de agua, se expulsan 800 millones de m3 de agua al año mezclando agua de lluvia con aguas residuales. El agua del Lago Tláhuac Xico ubicado estratégicamente para atender a Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco se bombea 29 km a contrapendiente para arrojarla rumbo al Golfo de México.
Es importante cuidar el ciclo del agua dentro de la cuenca, habilitar los cuerpos de agua como reservorios, mantener los bosques y reforestar en cuenca alta, así como canalizar las aguas de tormenta y contar con depósito en cuencas altas, junto con obras de prevención de deslaves e inundaciones. En nuestra ciudad es vital la defensa de los humedales de Tláhuac y Xochimilco. Es necesario realizar programas locales que detecten y reparen fugas presentes sobre todo en la red secundaria, las tomas domiciliarias y las cisternas. Es imprescindible también el tratamiento y reúso local de aguas residuales, así como el monitoreo de acceso y calidad del agua.
El cambio que necesitamos implica fortalecer el manejo comunitario del agua, ya que los habitantes más antiguos del Valle de México han heredado formas aún vigentes de manejo, legado de las asombrosas ciudades lacustres del altiplano mexicano, que les permitieron por siglos vivir en armonía con la naturaleza. Estas prácticas subsisten aún en cuenca alta y en el sur de la ciudad.
Es necesario superar la inequidad en la distribución del agua entre las alcaldías. Esta es mayor entre las alcaldías del poniente de la Ciudad (Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Benito Juárez), donde las zonas residenciales tienen una dotación de agua por habitante de más del doble en comparación con las alcaldías del sur y el oriente (Tláhuac, Iztapalapa, Xochimilco y Milpa Alta). Paradójicamente, la escasa dotación de agua por habitante afecta principalmente a las alcaldías proveedoras de agua. Por su régimen de lluvias y su permeabilidad, aunque Milpa Alta, Tlalpan, Xochimilco y Tláhuac juegan un papel central en la provisión de agua para la Ciudad de México, cuentan con menor dotación por habitante día.
La equidad implica atender la mala calidad del agua. Investigar todos los parámetros en la Norma Oficial Mexicana, transparentando los datos para detectar y controlar la presencia de metales pesados, virus, bacterias, parásitos y medicamentos, así como suprimir la extracción de aguas fósiles provenientes de pozos ultra profundos, que además provocan hundimientos diferenciales causantes de fracturas en tuberías, infraestructura y viviendas.
El acceso equitativo y sustentable al agua de calidad debe ser una prioridad tanto en la Ley General de Aguas que está por debatirse en el Congreso de la Unión, como en las políticas públicas. Si el gobierno de la ciudad, encabezado por Claudia Sheinbaum, decide seguir avanzando hacia el cambio en el modelo de gestión del agua, encontrará una sociedad corresponsable capaz de promover desde universidades y centros de investigación, empresas sustentables, lugares de vivienda y trabajo propuestas y proyectos, así como acciones diversas que contribuirán a dicho fin.
El agua cae del cielo para todos y todas y podemos aprender a captarla, ahorrarla, reutilizarla para nuestro provecho y disfrute. La rectoría pública debe estar resguardada por una nueva Ley General de Aguas y una Ley de Aguas de la Ciudad de México que abandonen la mercantilización y abracen los derechos humanos usando la planeación consensuada, las instancias incluyentes e instrumentos eficaces con el fin de construir el buen gobierno del agua en la antigua ciudad lacustre, la septo centenaria Ciudad de México.
*Coordinador del Programa de Investigación para la Sustentabilidad
Universidad Autónoma Metropolitana e integrante del Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM
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