Todas las emergencias migratorias que afronta Estados Unidos tienen su foco en México y, más allá del signo de la Administración, todos los gobernantes necesitan el apoyo de las autoridades del país vecino para abordar cada crisis fronteriza. Pero ese respaldo es también un reto de ida y vuelta, ya que para hacer frente al problema se necesita inversión. La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca produjo un efecto llamada tras cuatro años de mano dura de la política trumpista y el presidente estadounidense busca ahora profundizar la colaboración de Andrés Manuel López Obrador para tratar ese desafío. Una delegación encabezada por la exembajadora Roberta Jacobson, actual coordinadora de la frontera sur de Estados Unidos, se ha reunido este martes con el canciller Marcelo Ebrard para tratar de definir un plan conjunto. El debate se ha centrado en la inversión para el desarrollo, un asunto en el que los dos países comparten el mismo objetivo, pero tienen puntos de vista distintos sobre los modelos de cooperación. Mientras el Gobierno de López Obrador pide más esfuerzos de Washington, la Casa Blanca busca una mayor implicación de México.
La visita del equipo enviado por Biden se produce mientras miles de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, entre ellos cientos de menores, siguen varados en las fronteras sur y norte de México. El objetivo del viaje, que se da justo después de que Biden anunciara su intención de visitar la frontera, consiste, según informó la Casa Blanca, en estudiar una estrategia común y “poner en marcha un plan de acción eficaz y solidario en la gestión de la migración”. Jacobson, una veterana diplomática que fue la máxima representante de Washington en México entre 2016 y 2018, y renunció por desavenencias con Donald Trump, ha estado acompañada por Juan González, hombre fuerte de Biden en América Latina, y Ricardo Zúñiga, el recién nombrado enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte de Centroamérica. Una parte de la delegación se desplazará ahora a Guatemala.
Todos ellos han mantenido varias reuniones, con Ebrard y otros altos funcionaros de la Secretaría de Relaciones Exteriores como Roberto Velasco, responsable de las relaciones exteriores para América del Norte. El canciller destacó en un mensaje grabado el debate mantenido en torno a “cómo se impulsa el desarrollo, el bienestar en esos países de Centroamérica y en el sur de México”. “En el sur de México como ustedes saben se está haciendo un esfuerzo muy grande de inversión, de desarrollo y bienestar. Nos gustaría que EE UU fuese parte de ese esfuerzo”, ha enfatizado. “En esencia, es cómo podemos ponernos de acuerdo para que en algo en lo que coincidimos podamos emprender acciones efectivas en el corto plazo y en el mediano plazo. Si perseveramos y actuamos en conjunto, les dijimos, podemos lograr que estos países y el sur de México tengan otro futuro, tengan otras posibilidades, que nadie tenga que migrar por pobreza, por inseguridad, por desesperanza, sino que lo haga quien lo quiera hacer como opción, como una alternativa”. Sin embargo, la reunión, que según Ebrard era de carácter informativo, ha terminado sin un acuerdo al respecto.
En asuntos relacionados con cooperación para el desarrollo Washington y México tienen dos visiones diferentes. Estados Unidos suele supeditar sus inversiones a la evaluación del desempeño de un país en la gestión de esos fondos, mientras que el Gobierno de López Obrador es partidario de la concesión directa de recursos. La administración estadounidense todavía no se ha pronunciado sobre la reunión, aunque Jacobson difundió al finalizar la jornada el mensaje habitual de las autoridades estadounidenses para intentar disuadir a los migrantes de viajar a la frontera.
La delegación llegaba con tres reclamos, según señala a EL PAÍS Duncan Wood, vicepresidente del Wilson Center de Washington. “Primero, que México siga apoyando a Estados Unidos en para contener flujos migratorios, y la gran parte de eso tiene que ver con la frontera sur con Guatemala. Segundo, van a tener que trabajar en conjunto para armar un plan. López Obrador ha dicho que EE UU tiene que invertir más en Centroamérica. El equipo les va a decir que tienen toda la razón, pero si México no está dispuesto a invertir nada en la región, les van a plantear por qué Washington tiene que hacer lo mismo en medio de esta crisis derivada de la pandemia”, continúa Wood, quien resalta el perfil de primer nivel de la delegación enviada por la Casa Blanca.
El compromiso de la nueva Administración estadounidense es, por el momento, el de destinar 4.000 millones de dólares a Centroamérica. El monto, anunciado en enero, es un punto de partida para una tarea titánica que incluye, por ejemplo, la reconstrucción de un país devastado por los huracanes Iota y Eta como Honduras, lo que fue otro desencadenante de la última caravana migrante el pasado enero. “El tercer punto es el número creciente de mexicanos llegando a la frontera de Estados Unidos”, prosigue Wood. “Si son realmente 40.000 [los migrantes mexicanos detenidos cada mes desde el año pasado, según datos oficiales] eso significa que hay un problema profundo en México. Van a tener que hablar de empleo, de economía”.
Esos datos suponen un incremento exponencial respecto a los últimos años. Pero López Obrador ha optado por jugar a la defensiva y este martes en su conferencia de prensa matutina ha rechazado el escenario de que el viaje tenga el propósito de llamar la atención al Gobierno. “Se equivocan”, ha dicho el presidente. “La relación que nosotros tenemos con Estados Unidos es una relación de respeto, de respeto mutuo y le agradecemos mucho al Gobierno de Estados Unidos de que no interfiera y no violente nuestros principios constitucionales de política exterior. En la última plática que tuvimos con el presidente Biden volvió a reafirmar el compromiso de que se va a respetar la soberanía de nuestro país y además nosotros vamos a hacer valer ese derecho, porque somos un país independiente, un país soberano”, ha proseguido López Obrador.
Estas declaraciones tienen un precedente en su relación con Trump. A mediados de 2019, López Obrador se plegó a las exigencias de Washington para frenar la llegada de centroamericanos a Estados Unidos ante las amenazas arancelarias de Washington. En este momento las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos giran en torno a la migración y a la distribución de las vacunas contra la covid-19. El relevo de Trump alentó la primera caravana de centroamericanos a finales de enero. Miles de hondureños se toparon primero con la represión de las fuerzas de seguridad guatemaltecas y después con la frontera mexicana. Los que logran cruzar y llegar hasta el río Bravo se enfrentan a una expulsión hacia el sur.
En febrero fueron retenidos o detenidos más de 100.000 migrantes. Ante este incremento el pasado 19 de marzo el Gobierno mexicano desplegó nuevos operativos en la frontera sur “para salvaguardar los derechos e integridad de personas menores de edad migrantes de diferentes naciones centroamericanas, usados por redes criminales como salvoconducto de tránsito para llegar al norte del país”. La Secretaría de Gobernación informó también de restricciones de acceso “en los cruces terrestres a los visitantes con actividades no esenciales” ante la emergencia sanitaria de la covid-19. Las autoridades mexicanas han identificado en lo que va de año a casi 4.200 menores, acompañados y no acompañados, “quienes viajaban de manera irregular en territorio mexicano y son presas de traficantes de personas que lucran con la migración irregular”.
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