El Gobierno de Boris Johnson sigue empeñado en camuflar bajo su pretendida “libertad recuperada”, después del Brexit, un endurecimiento de la política de inmigración. La ministra del Interior, Priti Patel, ha presentado este miércoles un nuevo plan, destinado oficialmente a combatir las redes ilegales de transporte de seres humanos, que impone mayores dificultades a los solicitantes de asilo. Aquellos que entren al Reino Unido de modo ilegal y reclamen su condición de refugiados serán retenidos indefinidamente en “centros de recepción” y no tendrán acceso a las ayudas oficiales que hoy existen.
“Por primera vez, el hecho de entrar legal o ilegalmente en el Reino Unido tendrá un impacto sobre el proceso de solicitud de asilo, e incluso en el propio estatus si la petición es atendida”, ha anunciado Patel ante la Cámara de los Comunes. “Aquellos cuya solicitud sea concedida a pesar de haber entrado por vías ilegales recibirán un estatus de protección temporal, en vez de un derecho automático de residencia. Se revisará su situación de modo regular y podrán ser expulsados del país, verán limitados sus derechos de reunión familiar y no tendrán acceso a ayudas públicas salvo en casos de pobreza extrema”, explicaba la ministra.
La nueva política de mano dura anunciada por Downing Street, que todavía es una propuesta sometida a consulta antes de convertirse en proyecto de ley, ha suscitado la crítica unánime de los partidos de la oposición y de las organizaciones de derechos humanos. “Supone el riesgo de empeorar aún más la situación de las víctimas del tráfico humano, porque endurece la posibilidad de que soliciten ayuda en el Reino Unido”, ha dicho Nick Thomas-Symonds, el portavoz de Interior de los laboristas.
El Ejecutivo conservador critica en su propuesta la actitud de otros países europeos, en particular Francia, al señalar que “muchos solicitantes de asilo llegan al Reino Unido a través de Europa, y se desplazan por países seguros en los que podrían y deberían haber solicitado ese derecho, antes de decidirse a hacerlo en territorio británico”. Ni la Convención sobre Refugiados de 1951 ni el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967 obligan a los solicitantes de este derecho a hacerlo en el primer país donde les es posible, ya que pueden existir otros motivos legítimos, como la vinculación familiar, para elegir otro Estado de destino. El director ejecutivo de la ONG británica Consejo para los Refugiados, Enver Solomon, ha acusado al Gobierno de Johnson de “pretender establecer una diferencia injusta entre los refugiados que se lo merecen y los que no se lo merecen”.
A lo largo de 2020, según cifras oficiales, unas 8.500 personas llegaron a las costas británicas en pequeñas embarcaciones, a través del canal de la Mancha. A finales de 2019, una banda rumana irlandesa abandonó a 39 ciudadanos de origen vietnamita en el interior de un camión congelador, en la localidad de Grays. Todos ellos murieron asfixiados.
La ministra Patel, con fama de ser de las más duras en el actual Gobierno conservador, ha señalado que el nuevo plan modificará la legislación vigente por la que se prohíbe expresamente la expulsión del país durante la tramitación del asilo. Bajo el nuevo plan, se posibilita que el proceso se realice fuera de territorio británico. La ministra reconocía así la posibilidad, todavía no detallada, de establecer centros de retención fuera de las fronteras. Algunos medios sugirieron, después de que se filtrara parte del contenido del plan, que Gibraltar podría convertirse en un punto de acogida. Las autoridades gibraltareñas desmintieron poco después esta posibilidad.
Para contrarrestar las propuestas de endurecimiento de la ley, Patel ha prometido un proceso más expeditivo en el caso de aquellas personas que soliciten asilo después de haber entrado al Reino Unido por una ruta legal. “Seguiremos animando a recabar asilo a través de rutas seguras y legales, y reforzaremos nuestro apoyo con la oferta de un paquete integral de ayudas a la integración para los que lleguen de ese modo a nuestro país, así como con un permiso indefinido de residencia”, ha prometido la ministra. Durante 2019, el Reino Unido gestionó unas 35.000 nuevas peticiones de asilo. Combinadas con las que siguen pendientes de resolución, son cerca de 109.000 personas las que aspiran a la condición de refugiadas. La mayoría de los solicitantes procedían de Irán, Irak y Albania.
El propósito de Patel de recabar la colaboración de los países de la UE para frenar la entrada de inmigrantes choca con unas relaciones que en la actualidad sufren de una notable tensión, después del agrio proceso del Brexit. El Reino Unido aspira a alcanzar nuevos acuerdos bilaterales, porque ha quedado fuera de la respuesta frente a la inmigración irregular coordinada desde Bruselas. “Hemos recuperado el control de nuestro sistema legal de inmigración, al acabar con la libertad de movimiento [que suponía la pertenencia a la UE]”, ha proclamado una vez más Patel. La primera medida impulsada por su departamento consistió en establecer un nuevo sistema de puntos para ingresar al país. Bajo la nueva norma, los ciudadanos comunitarios deben someterse a los mismos criterios que los de cualquier otra parte del mundo si aspiran a trabajar o vivir en el Reino Unido. Un sistema que premia el conocimiento del inglés o las capacidades educativas y laborales del solicitante. El Gobierno de Johnson logró finalmente frenar el flujo libre de ciudadanos de países de la UE a los que ahora reclama su “obligación moral” de ayudar a combatir la inmigración irregular.
Expulsiones más rápidas
El Nuevo Plan de Inmigración presentado por el Gobierno de Boris Johnson expresa su frustración ante un sistema legal garantista que dilata ‘sine die’ las deportaciones. Con las propuestas dadas a conocer este miércoles, se acelerará el proceso de expulsión de aquellas personas que hayan visto denegada su solicitud de asilo. Un tiempo más reducido, en el que se suprimirán las ayudas públicas que pudieran estar recibiendo. El borrador del Ministerio del Interior sugiere, además, un endurecimiento de la política de visados respecto de aquellos países que no colaboren en el regreso de sus nacionales. El Gobierno de Johnson calcula en 42.000 las personas que siguen en territorio británico a pesar de haber sido denegada su condición de refugiado.
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