‘Nos están matando’, refugiados venezolanos que huyen a Colombia denuncian atropellos de militares

‘Nos están matando’, refugiados venezolanos que huyen a Colombia denuncian atropellos de militares

Los venezolanos que huyen a Colombia para escapar de los enfrentamientos entre efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los grupos armados irregulares acusaron a los militares de abusos y atropellos, incluida la muerte de civiles y el robo de pertenencias.

Cientos de venezolanos continúan llegando a Colombia agravando la crisis humanitaria que se registra en improvisados albergues, en medio de la pandemia de Covid-19.

El desplazamiento masivo comenzó el domingo después de que efectivos militares venezolanos lanzaron por aire y tierra una ofensiva contra grupos armados ilegales en el municipio de La Victoria, ubicado en el estado Apure, frente a la ciudad colombiana de Arauquita.

Foto: Reuters

Nos allanaron la casita y nos quitaron todo. Eso cuando llegaron rompieron todo, las puertas, se metieron y se llevaron todo lo que tenía en la casa, lo del taller”, dijo a Reuters el viernes en la tarde José Castillo, un mecánico de 40 años, que llegó con su esposa embarazada y una hija de 12 años.

“¡Qué más iba a hacer!, ¿quedarme? no me podía quedar porque lo están matando a uno. A unos vecinos los mataron, les pusieron unos uniformes del ejército venezolano y los hicieron pasar por guerrilleros”, relató en un albergue. “Aparte de que inyectan terror, se roban todo”.

Reuters no pudo verificar en forma independiente las denuncias de Castillo ni las de otros desplazados venezolanos que mostraron fotografías en sus celulares de personas muertas que vestían uniformes camuflados y tenían armas al lado de sus manos. Las víctimas eran vecinos de La Victoria y sus alrededores, según dijeron.

Cientos de niños, mujeres, ancianos y hombres permanecen sobre colchonetas y en improvisadas carpas instaladas en polideportivos de esta ciudad colombiana en donde reciben alimentación y tienen acceso a baterías sanitarias.

 

Fiscalía de Venezuela anuncia investigación

El Gobierno de Venezuela solo reportó esta semana la muerte de dos militares, la neutralización de un cabecilla de un grupo armado ilegal y la captura de 32 personas más.

La población civil que huye de Venezuela atravesando el río Arauca en lanchas asegura que el objetivo de las operaciones militares son disidencias de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz firmado en 2016 para acabar el conflicto colombiano que ha dejado más de 260.000 muertos y millones de desplazados.

“Nos estaban disparando y bombardeando el Gobierno Bolivariano de Venezuela, no sabemos por qué. Andaban en helicópteros, hacían ráfagas de tiros y uno se llenó de pánico y nos tocó salir, salimos porque si no nos mataban”, dijo Yaneth García de 40 años, quien huyó de una finca agrícola con sus tres hijos, un perro, un gato y dos loros.

Foto: Reuters

El Ministerio Público de Venezuela anunció la designación de dos fiscales de protección de derechos humanos para investigar lo sucedido y dijo que de encontrar evidencias investigará y sancionará a los responsables.

Alrededor de 4,000 personas integran la población desplazada que comenzó a llegar el domingo, dijo a Reuters el secretario de gobierno de Arauquita, Juan Carlos Agudelo.

“La situación es confusa, delicada”, afirmó el funcionario al revelar que solo el viernes 1.200 personas llegaron desde Venezuela.

Alrededor de 70 familias fueron trasladados a la ciudad de Arauca para descongestionar este municipio fronterizo ante el riesgo de una emergencia sanitaria en medio de la pandemia de coronavirus.

El desplazamiento se produce pese a que la frontera binacional de 2.219 kilómetros está cerrada por la pandemia.

El presidente de Colombia, Iván Duque, critica la protección que el Gobierno del mandatario socialista Nicolás Maduro ofrece a los disidentes de las FARC y a rebeldes del Ejército de Liberación Nacional en su país, aunque Caracas niega las acusaciones.

Colombia, el principal destino de los emigrantes venezolanos que huyen del colapso económico y social, anunció en febrero que concedería un estatus de protección por 10 años a cerca de 1,7 millones de personas procedentes de la nación petrolera.

(Reuters)


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