Los más de media docena de funcionarios consultados para este reportaje nunca habían vivido algo similar. Ni siquiera aquellos que presenciaron desde el interior del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) los estragos de la crisis económica de 2008. “Entonces veíamos la luz al final del túnel. ¿Dónde está la luz ahora?”, se pregunta Salvador de la Torre, que lleva 13 años trabajando en una oficina de Málaga.
La vida laboral de las 8.321 personas —entre funcionarios de carrera, interinos y demás personal—, que conforman este organismo ha dado un vuelco en los últimos doce meses por la pandemia. Tanto por volumen de trabajo —los 5.999 que se dedican a reconocer prestaciones tramitaron 23.126.297 expedientes en 2020, el triple que el año anterior por el boom de los ERTE—, como por la novedad de haberlo tenido que hacer durante los primeros meses de la pandemia desde sus hogares. Algo inédito en la historia de la Administración. “Ha sido como juntar todo el trabajo de 2018 y 2019”, matiza De la Torre.
Entre los meses de marzo y abril de 2020 se gestionaron más de tres millones de prestaciones. “En pocas semanas fuimos capaces de poner a 4.000 personas trabajando desde casa. No solo contestando a correos, sino reconociendo prestaciones por desempleo, con la complejidad que eso conlleva”, recuerda Gerardo Gutiérrez, director general del SEPE. “A mí me prestó un portátil mi hermana, y durante los primeros días recibía cerca de 1.000 correos electrónicos”, explica Yaiza Castilla, trabajadora del SEPE en la provincia de Las Palmas. “Yo aún sigo recibiendo llamadas en mi teléfono particular, que fue el que tuve que utilizar durante bastante tiempo”, se suma otro compañero de Cataluña, que prefiere no dar su nombre “para que no me metan en la lista negra”.
A la inflexibilidad técnica del sistema para sacar adelante las solicitudes se sumó la obsolescencia de los equipos informáticos. “Tienen una antigüedad media de 35 años y lógicamente no están preparados para hacer frente a semejante avalancha de trabajo”, incide Javier Hormigo, que trabaja desde hace 32 años en una oficina del SEPE en Cádiz. “Es verdad que se intentó mejorar el sistema para absorber el trabajo de forma más rápida y que la gente pudiera cobrar, pero se produjeron una serie de problemas con algunos conceptos como las cuentas bancarias o el DNI que retrasó mucho el proceso. Yo todavía estoy corrigiendo errores de los meses de julio, agosto y septiembre”, amplía Castilla. Fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social aseguran que algunos de esos retrasos se produjeron por errores de las empresas. Hubo quien llegó a remitir las solicitudes de ERTE a otros departamentos como el de Sanidad.
Junto con la necesidad de remodelar el equipamiento de trabajo —para cuya partida se destinarán cerca de 100 millones de euros de los fondos del mecanismo de Resiliencia y Recuperación—, la otra rémora ha sido la falta de personal, una demanda histórica tanto de los propios trabajadores como de los colectivos que los representan. El informe que trasladó CSIF al ministro de Función Pública y Política Territorial, Miquel Iceta, en la reunión que mantuvo con los sindicatos el pasado 11 de marzo, denunciaba “la alarmante carencia de efectivos profesionalizados y estructurales”, del SEPE. “En la última década se han perdido 3.400 efectivos, 410 el último año por jubilaciones y otras bajas”, apunta Manuel Galdeano, coordinador general de CSIF en el SEPE y autor del documento.
A la flojera numérica se une también la longevidad de gran parte de la plantilla, que prevé otro problema en un futuro cercano: el 62% de los trabajadores del SEPE tiene más de 51 años —igual que en los demás estamentos de la Administración General del Estado—, lo que proyecta una paulatina pérdida de personal a medida que se vayan acumulando las jubilaciones. “Tengo compañeros que viendo cómo está la cosa están las están adelantando. Y los que se van son los que tienen más experiencia, por lo que la pérdida es doblemente grave”, advierte el trabajador de Cataluña.
“Los problemas de empleo público no pueden resumirse en soluciones pequeñas o rápidas”, destacó tras el encuentro con el ministro Julio Lacuerda, secretario general de la FeSP-UGT. Se refería al refuerzo de 1.500 interinos —de los que 1.200 se dedican al reconocimiento de prestaciones— que el Gobierno destinó al SEPE para enfrentar la enorme bola de trabajo, y cuya estancia está confirmada, de momento, hasta el 30 de junio.
Durante 2019, en el último ejercicio prepandémico, en España se tramitaron 366.273 expedientes de prestación contributiva por ERTE —la ayuda más voluminosa la que acompañaron otras siete prestaciones específicas para diferentes colectivos—, siendo Madrid el territorio en el que más se aprobaron (102.290). Entre los meses de enero y diciembre de 2020 fueron 15.583.725 (+41,5%), con Barcelona como la provincia que más autorizó (2.816.566).
Los expedientes de regulación temporal de empleo han sido el remedio para impedir que el cese de actividad de muchas empresas provoque un aluvión de despidos, y tras la última prórroga seguirán vigentes hasta el 31 de mayo. La “democratización de esta ayuda”, como recalcan en Trabajo, ha contribuido a extender el manto sobre compañías de distinto tamaño. “Se les ha dado una utilidad novedosa y está claro que los ERTE han venido para quedarse. Pero se ha corrido mucho y sin pensar en las consecuencias, y eso ha hecho que toda su gestión haya sido una locura”, mantiene Josetxo Gándara, responsable de Acción Sindical de CC OO en la AGE.
Angustia y estrés
Según el registro interno del SEPE, sus trabajadores realizaron 120.000 horas extras incluidos sábados, domingos y los festivos de Semana Santa “para poder llegar a todas las personas en el momento que más nos necesitaban”, sostiene el director del SEPE. Unas dinámicas de trabajo que han extenuado a su personal. “Hemos dado de sí todo lo que hemos podido para sacar esto adelante, pero estamos cansados, estresados y angustiados. Como la situación no mejore el verano puede ser terrible”, lamenta Hormigo. Antes de la pandemia atendía entre 18 y 20 citas al día, hoy no baja de 40.
Aunque algunas oficinas del SEPE aseguran que acumulan un retraso de un mes en la gestión de las tramitaciones, desde Trabajo matizan que “no estamos en una situación en la que haya prestaciones pendientes de pago”, y que “todos los expedientes que llegan sin errores salen adelante y se pagan”.
Sin embargo, después de que el pasado 9 de marzo todos los ordenadores de las 710 oficinas repartidas por el país se vieran afectados por un virus informático que los dejó fuera de servicio durante seis días, todavía hoy muchas de ellas continúan sin recuperar la normalidad. “Aún hay aplicaciones basadas en Internet que no están operativas por motivos de seguridad (supongo, ya que nos han dicho nada del motivo), pero en general, estamos operativo más o menos”, indica un fiuncionario.
“No hay riesgo alguno de no cobrar las prestaciones”, mantuvo 48 horas después del ataque la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. “¿Si antes ya nos costaba llegar cómo lo vamos a hacer ahora?”, ironiza Castilla, que tras observar la situación del organismo en el que trabaja creó en abril la plataforma Movimiento SEPE, que reúne a 1.000 trabajadores, para reclamar mejoras. Además, pertenece a la Unión Sindical Obrera (USO) —de pequeño calado en la Administración—, único sindicato que ha convocado dos jornadas de huelga a comienzos de esta semana en protesta por la situación del organismo. “Lo hacemos para que haya una reacción y podamos ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía”, asegura. CSI-F no la secundó y apuntó que es “una extrema irresponsabilidad convocarla para los últimos días del mes, en los que se cierra la nómina de los desempleados que van a percibir sus prestaciones al mes siguiente”.
Un total de 4.008.789 personas terminaron el mes de febrero en situación de desempleo, y 899.383 trabajadores en un ERTE —entre Madrid y Barcelona acumulan casi un tercio—, según datos de Seguridad Social. “Si las empresas no aguantan y terminan por hacer un ERE el sistema volverá a saturarse”, pronostica Hormigo.
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