La actual Fiscalía General de la República (FGR) compró en 2019 y 2020 programas de inteligencia para la geolocalización de celulares y análisis de datos masivos.
La FGR firmó al menos cuatro contratos por 5,6 millones de dólares con la compañía Neolinx de México, según documentación a la que tuvo acceso El País. Esta firma ha fungido en el país como intermediaria de la italiana Hacking Team, señalada por haber sido una de las principales proveedoras en materia de ciberespionaje durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
De acuerdo con la información de El País firmada por Zorayda Gallegos, las compras se hicieron bajo la partida secreta en materia de gastos de seguridad nacional, por lo que los contratos no fueron transparentados por la Fiscalía. La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que ha dado seguimiento a este tipo de contrataciones, considera que la operación de estos sistemas puede llegar a ser violatoria de derechos humanos porque en algunos casos constituye una vigilancia masiva que violenta los requisitos de necesidad, proporcionalidad y autorización judicial.
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Neolinx es una firma mexicana creada en 2009 y vinculada a la venta de equipos de espionaje. En 2015, se dio a conocer que había servido como intermediaria de la italiana Hacking Team en México después de que se filtraran cientos de correos electrónicos y documentos internos con detalles de sus operaciones. La información dada a conocer reveló que el consorcio italiano había comercializado sus productos a 35 países, muchos de ellos señalados por violaciones a los derechos humanos. México había sido hasta entonces su principal cliente.
La Red para la Defensa de los Derechos Digitales R3D hizo un análisis de los datos divulgados tras la filtración y denunció que al menos 12 estados del país tuvieron relaciones comerciales con Hacking Team, a través de sus diversas intermediarias. Según el análisis hecho por la R3D, en ese entonces Neolinx habría vendido sus productos a los gobiernos de Guerrero y del Estado de México, así como a la Policía Federal, PGR y Defensa Nacional, entre otras dependencias.
En abril de 2018 se habría firmado el último contrato con la Fiscalía antes del cambio de administración. Ahora se sabe que Neolinx ha seguido vendiendo sus insumos y servicios al gobierno actual, esta vez como intermediaria de la empresa israelí Rayzone Group.
EL País encontró en diversos informes del órgano interno de control de la FGR que el órgano autónomo al mando de Alejandro Gertz Manero ha celebrado al menos cuatro contratos para servicios de consulta y análisis de datos masivos, así como para localización geográfica.
La adquisición de estos programas no es ilegal y son usados, según justifican las autoridades, para el combate a la delincuencia organizada. Sin embargo, también pueden ser utilizados de forma arbitraria, violando el derecho a la privacidad y la presunción de inocencia, como ha advertido la R3D en diversos informes. Si bien las invasiones a la privacidad por parte de la autoridad no se encuentran absolutamente prohibidas, sí existen límites estrictos a este tipo de actividades de vigilancia, afirma Luis Fernando García Muñoz, director de la R3D.
Además, en México la utilización de estos sistemas de vigilancia son sumamente problemáticos porque otorgan un poder invasivo amplio. “La vigilancia masiva no es compatible con los principios de necesidad y proporcionalidad”, reitera.
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