Tres venezolanos han muerto y 17 permanecen desaparecidos después de que un bote de emigrantes naufragara en Boca de Serpiente, un estrecho cuerpo de agua de difícil navegación, al intentar completar la ruta hacia Trinidad y Tobago. Los balseros habían partido desde La Horqueta, en el oriental estado de Delta Amacuro, y naufragaron estando todavía en aguas venezolanas. Esta ruta de escape del país ha sido utilizada de manera intermitente por los venezolanos que tratan de dejar atrás la crisis económica y social en la que lleva inmerso el país desde 2014, cuando empezó a bajar el precio del petróleo y las autoridades no dieron respuesta.
El dirigente opositor David Smolansky, comisionado por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para atender la crisis migratoria venezolana, informó que, de los tres desaparecidos, dos son adultos (un hombre y una mujer) y uno es un niño. Cinco de los navegantes han sido rescatados. No se ha informado sobre la identidad de estas personas. El bote a la deriva con los tripulantes sobrevivientes en alta mar fue avistado por una embarcación propiedad de la empresa naviera Tecnave. Este es el segundo naufragio de migrantes venezolanos que intentan escapar del país rumbo a la vecina isla de Trinidad en cuatro meses. La información de este nuevo incidente en las fronteras venezolanas ha sido asumida con total hermetismo por las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro.
Los incidentes, naufragios y detenciones de emigrantes venezolanos en alta mar procurando llegar a Trinidad, como también a las islas de Curacao y Aruba –destinos frecuentados para pasear y hacer compras hasta comienzos del 2000—han abundado en los últimos años. Con frecuencia, en estas incursiones hay muertos, heridos, desaparecidos y detenidos. A finales de 2020, 28 venezolanos perdieron la vida en el trayecto a Trinidad luego de haber tocado las costas de aquel país y ser obligados a devolverse a Venezuela por la guardia costera trinitaria. Este episodio generó una ola de indignación que puso en aprietos a Caracas y al propio gobierno de Trinidad, aliado de Maduro en el contexto político hemisférico, pero acusado de proceder con enorme dureza y falta de miramientos con la inmigración de venezolanos a la isla.
Luego de lo sucedido en diciembre pasado, el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, inició una investigación penal contra los organizadores de estos traslados en la población de Guiria, en el extremo oriente del país. Saab había denunciado que la ruta marítima hacia Trinidad estaba “tomada por mafias que se dedican al tráfico ilegal de emigrantes e incluso a la trata de personas”. Poco después, sin grandes anuncios, autoridades del gobierno de Maduro hicieron acto de presencia en Guiria para hacer algunas donaciones e indemnizaciones a familiares de las víctimas. El descontrol político y las tensiones en los puestos fronterizos venezolanos, -agravados por una crisis social que el gobierno de Maduro se niega a reconocer- están en un punto particularmente álgido en este momento.
Estas semanas, el gobierno chavista de Maduro ha tenido que hacer frente a nuevos incidentes con grupos guerrilleros colombianos en la frontera del estado Apure, particularmente en el poblado fronterizo de La Victoria, en el cual han ocurrido cruentos enfrentamientos entre el ejército y los irregulares. Hace pocas horas se denunció una emboscada en contra de efectivos venezolanos luego de una dura embestida militar antiguerrillera en el corredor fronterizo. A esta situación hay que sumar las tensiones por el flujo migratorio por trochas ilegales de ciudadanos venezolanos que intentan buscar –en muchas ocasiones caminando—destinos como Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Hace pocos días, el propio Smolansky denunció la muerte de Pedro Ascanio, de 65 años, y de sus dos nietos, Yadira y Anderson Pérez Ascanio, a causa de una crecida en el río Táchira, en el estado venezolano del mismo nombre, mientras intentaban escapar a Colombia, el país vecino.
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